Usuarias califican de regular a mala la atención en servicios contra la violencia de género

En promedio el 60% de las usuarias califica de regular  a mala la atención en los servicios públicos responsables del auxilio, seguimiento y procesamiento de los casos de violencia de género.

Aunque se advierten leves mejorías, las usuarias consideran que la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, el Ministerio Púbico, el Instituto de Investigaciones Forenses y el Órgano Judicial no cumplen con el estándar de debida diligencia en la atención a mujeres en situación de violencia.

Según el Tercer Informe sobre el Cumplimiento del Estándar de la Debida Diligencia persiste un alto grado de impunidad en el juzgamiento de los casos de violencia, no se garantizan los pasos procesales ni la atención y protección a las víctimas de violencia.

Una muestra de ello es que “desde la aprobación de la Ley 348, marzo de 2013 a la fecha, sólo el 1% de los causas que se tramitan en la justicia tiene sentencia” dijo la abogada Mónica Bayá.

El estudio realizado el 2017 por la Alianza Libres Sin Violencia, una plataforma que aglutina a más de 80 organizaciones del país, en base a 401 procesos judiciales por delitos de violencia contra las mujeres, 1029  encuestas a usuarias de los servicios, en 30 municipios del país, pone de manifiesto que son muy leves las mejorías.

Bayá explicó que el estudio muestra que  el 65% de las usuarias de la FELCV calificó de regular y malo el trato recibido en esas dependencias y un 16,5% dijo que sus denuncias fueron rechazadas. En el caso del Ministerio Público el 60% aseguró que el trato recibido fue regular y malo y en el caso del Órgano Judicial esa percepción sube al 68%.

Del total de usuarias consultadas, el 82% señaló que los efectivos policiales no las acompañaron cuando requerían atención médica, el 46% dijo que no tuvieron resguardo policial para dirigirse a una casa de acogida o al domicilio de un familiar, y en el 88% de los casos no se hizo el seguimiento dentro de las 72 horas post denuncia, para verificar si la vida de la mujer corría peligro.

A nivel del Ministerio Público, sólo en el 13,9 % de los casos se procedió a la valoración del riesgo, aunque en el 55% de los casos se dispusieron medidas de protección.  El 9% de las víctimas aseguró que intentaron convencerlas de retirar o no presentar la denuncia y el 15% dijo que fueron persuadidas de aceptar la conciliación, en la mayoría de los casos (50%) se argumentó la unidad familiar, aunque también se esgrimió la dependencia económica (15%) y el estigma social (6%).

En el servicio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en el periodo 2016-2017 el buen trato bajó del 41% al 39%, en tanto que el mal trato subió del 13% al 19% y el trato reglar descendió del 46% al 42%.

El 59% consideró que el trato de jueces y secretarios del órgano judicial fue regular o malo.  Y aunque la ley determina la gratuidad del servicio, el 31,6% aseguró que los funcionarios del juzgado les cobraron por las notificaciones, oficios, testimonios, órdenes de instrucción, entre otros.

Según Baya el estudio muestra “leves mejorías, pero persisten múltiples problemas que afectan la calidad de los servicios de atención a mujeres en situación de violencia y no se cumple con el estándar de la debida diligencia”.

Una de las razones que contribuye a esa situación es “la inadecuada asignación de recursos a las instituciones a cargo de la lucha contra la violencia, que no disponen con los recursos humanos ni logísticos para responder ante la magnitud del problema”.