Goni y Sánchez Berzaín esperan lograr la "revocatoria" del veredicto que dictó la justicia de EEUU

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, a través de una declaración firmada por sus abogados, expresaron su desacuerdo en el veredicto de la Corte Federal de Florida que los encontró “responsables” por las muertes en octubre de 2003.

“No estamos de acuerdo con el veredicto del jurado y creemos que la prueba era tan escasa que el caso nunca debería haber llegado a un jurado. Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto se revocará cuando la ley se aplique correctamente”, dice la declaración escita por abogados Stephen Raber y Ana Reyes.

El texto no explica cómo es que se podría "revocar" el fallo, pero el juez de la causa hará el 4 de mayo una declaración sobre todo el proceso.

Ocho familias de las víctimas interpusieron una demanda civil en contra de ambas exautoridades con el objetivo de que las muertes ocurridas en ese tiempo no queden en la impunidad a 15 años de la revuelta popular que terminó con el Gobierno de Sánchez de Lozada. Un fallo emitido hoy establece que son responsables y que deben pagar 10 millones de dólares a las víctimas.

Los abogados de las exautoridades sostienen que el veredicto que la justicia estadounidense dictó este martes no ingresó en el juicio final, porque la sesión informativa se completará el 4 de mayo de 2018 y el tribunal de primera instancia emitirá su decisión final después de esta fecha.

“Es un paso en ese proceso, pero no es el paso final. El juicio de la corte no entró en un juicio final. En cambio, el tribunal de primera instancia solicitó información complementaria sobre nuestra propuesta de sentencia como cuestión de derecho”, sostienen los representantes de ambos acusados.

La misma declaración agrega que los eventos en Bolivia en 2003 fueron “trágicos” para todos los bolivianos, incluidos Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

“Desde ese (año), el Presidente y su Ministro de Defensa han solicitado una cosa: una investigación independiente y exhaustiva de lo sucedido”, agrega el texto.

Más de 60 personas murieron durante el conflicto de octubre de 2003 debido a la represión militar y policial. Los familiares de las víctimas, al no encontrar justicia en Bolivia, al no lograr la extradición de los dos acusados, recurrieron a un juicio civil en EEUU.