Dunn, a un pasito

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha iniciado consultas directas con los órganos del Estado para verificar si Jaime Dunn  ha obtenido su solvencia fiscal, es decir, si carece de deudas con el Estado o algún proceso contra él. El trámite de por sí es curioso. El certificado lo extiende la Contraloría General del Estado y por supuesto, hay un reglamento muy denso al que acogerse para que resulte positivo.

Dunn se lanzó a la presidencia dos días antes de que la unidad tradicional  de “los cuatros grandes” (Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho) volara por los aires. Sus estrategas pretendían capitalizar el descontento de la clase media opositora al constatar el fracaso de la unidad en un momento en el que la debilidad del bloque MAS era evidente. Dunn utilizaba formas posmodernas – anunciar su candidatura en un modesto canal de streaming -, de MIlei – liberalismo e individualismo por bandera -, de Bukele – mano dura -, o del clásico outsider – lo nuevo, lo externo, lo ajeno a lo político -, mezclado con las dosis de conservadurismo que los grandes consultores dicen que hay que aplicar en Bolivia – antifeminismo, antiaborto, antiLGTB -. La propuesta era a priori coherente.

Además Dunn había tomado las medidas necesarias para no aparecer como la marioneta de Marcelo Claure, el millonario dueño de Bolívar y afincado en Estados Unidos que desde noviembre le ha ido poniendo mucha atención a la política boliviana ofreciéndose para articular un cambio y  promoviendo incluso su propio plan de trabajo: Bolivia 360, del cual Dunn ha sido uno de los promotores.

Desde que se postuló las redes entraron en ebullición, articulando ese concepto genuino de guerrilla electoral, donde miles de fanáticos empiezan a crear contenido favorable sin línea gráfica, ni pauta, ni mensajes clave, y que vuela por TikTok y grupos familiares de Wsp. El centro derecha tradicional, que de nuevo concurría disperso y sin renovación se sintió pronto amenazado, pero optaron por la estrategia de ignorarlo esperando que así no saliera de las redes.

El queque desbordó el día que había que inscribir candidatos y Jaime Dunn no aparecía por ningún lado tras haber cerrado acuerdo con Nueva Generación Patriótica a costa de unas negociaciones opacas que dejaron mal parados a algunos partidos tradicionales como el MNR y ADN. Dunn no tenía solvencia fiscal.

Hasta entonces Dunn había lidiado ya con la irrupción de su pasado: una afiliación al MAS no tan ficticia como tramposa develó sus años de trabajo al servicio del régimen en una sociedad tituladora del Banco de Desarrollo Productivo. Jugó la carta del derecho al trabajo y sus seguidores se taparon los oídos. Lo de la solvencia fiscal ponía en primera plana otras peripecias tanto en la alcaldía de El Alto como en la de La Paz con personajes de oblicuo recuerdo como Pepe Lucho paredes o Chito Valle. Jugó la carta de la persecución política. Hacía 18 años que a nadie le había importado nada, pero ahí seguía.

Apenas se puede creer que Dunn  no hubiera verificado su solvencia fiscal antes de lanzarse candidato, sobre todo cuando gran parte de la campaña está atravesada por una supuesta superioridad intelectual, pero aún así decidió enfrentar al gigante burocrático del Estado para completar su habilitación.

Y aquí estamos, 29 de junio. Dunn tiene algo así como un certificado de la Contraloría sobre sus procesos y una inscripción registrada tras la renuncia de Fidel Tapia, el hombre de paja. Tiene también a todo el centro derecha en vilo por no haber podido cerrarle el paso ni haber engatusado a Claure, y tiene a todo el centro izquierda frotándose las manos ante la opción de que los baje aún más y cualquiera pueda entrar en segunda vuelta.

Es obvio que Tuto es el gran perjudicado con la participación de Dunn por la similitud de planteamientos – más allá de los argumentos de sus fanáticos – y que Samuel Doria Medina es el gran beneficiado al dividir voto de sus perseguidores.

La habilitación de Dunn depende nomás de un pasito. Uno que seguramente se dirimirá en la arena política, tal vez en la judicial, pero con seguridad, no en la normativa.