La UPRE ha vuelto: claves de una batalla desigual por la hegemonía

El presidente Luis Arce ha desempolvado la mejor arma de “guerra electoral” en Bolivia de los últimos 15 años: la Unidad de Proyectos Especiales de la Presidencia se ha convertido en una herramienta elemental para vencer resistencias y cooptar lealtades a lo largo y ancho del país, principalmente en el ámbito municipal. Para ello se usan los dos aspectos clásicos del clientelismo: Que el proyecto sea tan fastuoso que el pueblo quede encantado o bien, que la gestión del proyecto sea tan disparatada que el gestor quede entrampado para siempre en la corrupción.

El mecanismo de la UPRE es el de toda la vida, pero que en la gestión de Evo Morales, con el Evo Cumple, se “perfeccionó”: básicamente es una partida presupuestaria asignada a la Presidencia que otorga discrecionalidad en el manejo amparado en una supuesta emergencia. No hay Sistema de Contrataciones Especiales de por medio ni tampoco un documento de referencia que especifique las prioridades. Por supuesto, no a todos los municipios ni departamentos les toca lo mismo ni tampoco se ajusta en función de criterios de, por ejemplo, pobreza o despoblación. Básicamente el criterio de asignación de recursos depende de la voluntad del Presidente, al igual que el perfil de los proyectos, que pueden sugerirse en función de la coyuntura, por ejemplo, en el pasado se han priorizado proyectos de infraestructuras deportivas en momentos determinados, o mercados, o terminales de buses, o proyectos de agua o hasta campos de fútbol. Este criterio oportunista e interesado es el que ha hecho que el país se pueble de canchas de pasto sintético o se construyan mercaditos municipales que luego no se usan. La creatividad nunca ha sido una característica del programa.

Tampoco hay que confundir el programa de la UPRE con otros de su clase, como el Mi Riego, que atendió necesidades específicas de agua en plena bonanza, o, sobre todo, con el Fondo Indígena, que básicamente administraban las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que servía, sobre todo, como mecanismo para engrasar las campañas electorales y los actos presidenciales que requerían desplazamientos masivos.

La revitalización del programa de la UPRE tendrá unos importantes condicionantes en el futuro político a corto plazo según advierten algunos de los analistas más implicados en el día a día de la gestión de gobierno.

La UPRE es de Arce

La primera gran derivada de la reactivación del programa es la evidente: la UPRE es de Luis Arce y será él personalmente quien la maneje para sus fines políticos eliminando definitivamente todos los sesgos y juicios sobre la dicotomía partido – gobierno. El Movimiento Al Socialismo es un Instrumento para canalizar el acceso al Estado de los grupos históricamente marginados y la UPRE es exactamente eso, por ello, los movimientos sociales, sectores y agrupaciones responderán a aquel que les garantice ese fin último, el de acceder al Estado.

Hasta ahora ya se estaba sintiendo en determinados foros, sobre todo en el electoral. Ante cualquier problema de índole político el convocado era Luis Arce y no Evo Morales, en tanto que las llaves del Estado las guarda el exministro de Economía. La puesta en marcha de la UPRE supone certificar eso y no dejar ningún lugar a dudas. En esas y de cara a la lucha interna, Evo Morales queda claramente fuera del juego de presiones y manejo de filias y fobias, ya que el Presidente, y eventualmente el vicepresidente David Choquehuanca, podrán hacer uso de esas atribuciones que, al final, son las que acaban creando lealtades.

Entregar el alma

La segunda vertiente “importante” en la reactivación del manejo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) es la que explora sus efectos en la construcción o destrucción de alternativas políticas opositoras.

Puede tener efectos concretos: Aunque Luis Arce siempre ha tenido una relación cordial con la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien le ha defendido públicamente en más de una ocasión, es evidente que el presidente empezará a manejar la UPRE para mostrar resultados en la ciudad alteña mientras su eventual “competidora” se vera entrampada por la gestión de una ciudad inmensa y con poco margen para la autonomía.

Sin embargo, su efecto más importante tiene que ver con la capacidad de desactivar la concreción de un frente amplio interdepartamental que ejerza funciones de oposición con proyectos de país alternativos.

Con Comunidad Ciudadana desactivada a todos los efectos como oposición constructiva o frontal, perdida en sus propias batallas culturales a veces inconexas y con las gobernaciones muy limitadas por la espesura de los recursos, los municipios podían erigirse como una red coordinadora de oposición como respuesta a una emergencia que tarde o temprano se sentirá en el país, pero también como continuidad de lo sucedido con la salud y la pandemia.

Con más del 60 por ciento de la población viviendo en predios urbanos, es evidente que los problemas han cambiado y que la narrativa del MAS se va quedando insuficiente para atender los problemas de vivienda, por ejemplo, o de frustración personal en las ciudades, algo que los alcaldes podían aprovechar para conformar un frente alternativo con nueva mística, sin embargo, en todos ellos se repite la idea de la necesidad de “hacer gestión” no tanto para confrontar con el Gobierno, sino por la necesidad de mostrar resultados ante el pueblo y garantizar su viabilidad futura.

En ese contexto, Arce tiene la posibilidad de utilizar la UPRE para cooptar, en tanto se pueden admitir programas de impulso conjunto, o bien aniquilar, apoyándose en otras instituciones afines para impulsar obras y respuestas ciudadanas.

Las dudas en Tarija

En Tarija el alcalde Johnny Torres, a la sazón presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) que agrupa a las ciudades capitales más El Alto, ya ha buscado “mecanismos de coordinación” incluso constituyendo mancomunidades con otros municipios, como el de San Lorenzo, gobernador por el MAS, a fin de que se abran más puertas. Torres espera además financiamiento y autorización de endeudamiento para la segunda Circunvalación en Tarija.

En el Chaco, prácticamente la viabilidad de cualquier gestión pasa por coordinar proyectos con la UPRE, ya que los recursos limitados se van en otros comprometidos y gastos de funcionamiento. Lo propio pasa en la zona alta, donde el tamaño de los municipios no permite abordar proyectos con independencia del Gobierno Nacional.

Las posibilidades de que la UPRE entre también a valorar proyectos de ámbito departamental son pocas, aunque existen proyectos de amplia necesidad y competencia de la Gobernación, como el de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tarija, que puede ser considerado.

La cuestión es… ¿Quién está dispuesto a seguir el camino de la UPRE? Todo está listo para sentencia.

Razones para adelantar el censo de Población y Vivienda

No es la planificación uno de los fuertes del Movimiento Al Socialismo (MAS), mucho más capaz de acomodarse a situaciones complicadas para salir victorioso que a provocar crisis que eliminen enemigos, o seguir estrategias complejas para alcanzar sus objetivos.

Lo de la convocatoria del Censo de Población y Vivienda era de manual: Santa Cruz ya fue agraviada en 2012 después del ajuste de cifras que le hizo retornar al segundo lugar en cuanto a población, y era el departamento más interesado en que se realice. Camacho lo hizo a su manera: solicitó su realización con su estilo desafiante, y el Gobierno, a fin de evitar una crisis nada más empezar, acabó cediendo y poniendo fecha tras el rechazo inicial.

Nada de lo que ha sucedido entorno a la realización del censo ha sido sorprendente: la polémica por el “mestizo”, la falta de socialización y los líos de la cartografía por los límites difusos son un clásico, sin embargo, el Gobierno no ha tenido cintura para manejarlos, hasta el punto de acabar concediendo la derrota.

Para comunicar la postergación el Gobierno se reunió de los gobernadores y alcaldes aunque nadie entendió la jugadita de Camacho y su ausencia. De la misma manera, se anotó un fracaso que no es tan relevante para un Gobierno al que se le ha endurecido el cuero en apenas un año con las leyes caídas y otras decisiones revertidas, como la de la vacunación obligatoria. Una más, dicen algunos.

Sin embargo, la fecha elegida también es objeto de análisis, y salvo que sea un elemento para negociar y finalmente adelantarlo a 2023, situar la consulta en el primer semestre de 2024, tomando en cuenta los antecedentes de 2012, supone que los resultados pueden irrumpir en plena precampaña de 2025, con todo lo que eso supone para la credibilidad de un instrumento básico para la planificación nacional.

Evidentemente es tentador: el Gobierno querrá que todas las variables muestren un país pujante y creciente que revalide su discurso de campaña mientras que la oposición  todo lo contrario, querrá que se evidencie un país tarado y con graves carencias que desmonten el relato del MAS. En esas, el fiasco está garantizado.