De la Espriella pone fin a diálogos de "la paz total"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso fin a las conversaciones de paz iniciadas por su antecesor, Gustavo Petro, con varios grupos armados ilegales, al considerar que no demostraron voluntad de abandonar la violencia. La decisión marca un giro en la política de seguridad del país.

Mediante nueve resoluciones, el Gobierno revocó los nombramientos de sus representantes y retiró el reconocimiento a los delegados de las organizaciones que participaban en los llamados espacios de la “paz total”. Entre los afectados están disidencias de las antiguas FARC y organizaciones criminales que mantenían conversaciones con el Estado.

La medida alcanza al Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, liderado por alias “Calarcá”; los Comandos de la Frontera; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El Gobierno concluyó que estos grupos no mostraron avances suficientes hacia la paz.

El Ejecutivo también puso fin a espacios que tenían carácter sociojurídico, utilizados para dialogar con organizaciones criminales sin reconocimiento político. En el caso de los Comandos de la Frontera, la decisión deja en incertidumbre proyectos que estaban en marcha en Putumayo y Nariño, entre ellos programas de sustitución de cultivos ilícitos y una zona de ubicación temporal donde se concentraron integrantes de esa organización.

El presidente ya había anticipado un cambio de rumbo. Al presentar a la nueva cúpula militar, cuestionó la estrategia de Petro y descartó una salida negociada con grupos que califica de terroristas. Su Gobierno prepara además un estatuto antiterrorista que será presentado al Congreso.

La nueva política también se refleja en las operaciones militares. De la Espriella informó que ocho integrantes de las disidencias de “Calarcá” murieron en un bombardeo en el departamento de Guaviare. Entre los fallecidos estaba alias “Urías Perdomo”, señalado como uno de los principales jefes de esa estructura.

A esto se suma la autorización para extraditar a cinco cabecillas de grupos armados, entre ellos Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, líder de los Comandos de la Frontera. Las solicitudes de extradición habían sido aprobadas en 2025, pero fueron aplazadas durante los diálogos impulsados por Petro.

Con estas decisiones, el Gobierno de De la Espriella abandona la estrategia de negociación amplia con grupos armados que caracterizó a la administración anterior y apuesta por una política centrada en la presión militar, la persecución judicial y la extradición de sus principales dirigentes.