La crisis eléctrica ahoga a Venezuela sin solución

Aunque el 98 por ciento de las viviendas venezolanas está conectado a la red eléctrica, la mayoría de la población vive bajo un suministro irregular e inestable. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2025 refleja una realidad extendida: nueve de cada diez hogares sufren cortes recurrentes. El 39 por ciento enfrenta apagones diarios de varias horas, otro 35 por ciento los padece semanalmente y un 15 por ciento, mensualmente.

La crisis también golpea a la economía. Durante el primer trimestre de 2026, la Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria registró 47 cortes eléctricos no programados, equivalentes a 127 horas laborales perdidas. Ante esta situación, casi seis de cada diez industrias han debido instalar sistemas propios de generación parcial, encareciendo costos y reduciendo competitividad.

Especialistas como el ingeniero José Aguilar atribuyen el problema a la incapacidad estructural del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para cubrir la demanda del país. Aunque Venezuela dispone de una capacidad instalada cercana a 36.000 MW, expertos estiman que solo puede generar realmente unos 12.500 MW, muy por debajo de los 15.500 MW de demanda reportados por Corpoelec en mayo de 2026.

El déficit supera los 2.500 MW y se administra mediante racionamientos y cortes programados. El plan activado el 22 de marzo debía durar 45 días, pero los apagones persisten, especialmente en estados como Táchira, Zulia y Lara, donde las interrupciones oscilan entre dos y doce horas diarias.

La administración interina de Delcy Rodríguez atribuye la crisis al aumento excepcional del consumo, factores climáticos y al impacto de las sanciones internacionales. Sin embargo, expertos y estudios técnicos sostienen que el deterioro precede ampliamente a las sanciones. Ya en 2009, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat alertaba sobre una “grave crisis” derivada de falta de planificación, mantenimiento insuficiente y sobreexplotación del complejo hidroeléctrico de Guri.

El origen del colapso, según esos informes, radica en el modelo de gobernanza instaurado desde 2007. Ese año, el gobierno de Hugo Chávez fusionó todas las empresas eléctricas en Corpoelec y avanzó hacia un monopolio estatal absoluto. La posterior Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico prohibió la participación privada y concentró el control total del sector en el Ejecutivo.

Las consecuencias fueron rápidas: decisiones políticas sustituyeron criterios técnicos, se paralizó el mantenimiento preventivo, se congelaron tarifas y desaparecieron mecanismos de supervisión independiente. Corpoelec dejó de publicar datos técnicos desde 2010 y el sector quedó marcado por la opacidad, la corrupción y proyectos inconclusos pese a inversiones multimillonarias.

Entre 2010 y 2015, el Estado venezolano destinó cerca de 42.000 millones de dólares a infraestructura eléctrica. Sin embargo, buena parte de las obras nunca entró plenamente en funcionamiento y numerosos equipos quedaron almacenados sin instalar. Paralelamente, Corpoelec perdió miles de ingenieros y técnicos por bajos salarios y corrupción interna.

Hoy, los especialistas coinciden en que la recuperación del sistema no dependerá solo de nuevas inversiones, estimadas entre 15.000 y 40.000 millones de dólares, sino de una reforma profunda del modelo. Separar regulación y operación, recuperar controles independientes, abrir espacio a la inversión privada y restablecer criterios técnicos aparecen como condiciones indispensables para evitar que el sistema eléctrico siga siendo uno de los principales frenos estructurales para la recuperación económica venezolana.