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Mediterráneo: La violencia como política de shock
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Estimados y estimadas
El país ha entrado en uno de esos bucles político – sociales donde las cosas pasan y ya. Sin demasiada reflexión, sin demasiada lógica. Los acontecimientos se superponen a las estrategias. Probablemente ni la COB, ni los campesinos, ni el Magisterio, ni los Transportistas quieran jugarse ya el todo por el todo con solo seis meses de gobierno de Paz Pereira, pero el pedir la renuncia se ha colado en la agenda como sin querer.
De momento toca registrar lo que sucede y recordarle a quienes se acercaron como experimento, que no hay patrón y que cualquier cosa puede suceder.
Mientras tanto, esta semana en realidad quería compartir algunas ideas sobre el otro gran tema del pasado fin de semana y que probablemente es pura coincidencia, pero no por ello debemos dejar de analizar sus implicaciones y similitudes.
Un juez agroambiental fue asesinado en Santa Cruz y a ello se sumaron algunos otros ajustes de cuentas, que ciertamente van creciendo desde principio de año. De allí vino la reunión de autoridades con chalecos antibalas y la articulación del “sicariato” como amenaza nacional, que de forma un poco torpe intentó transportar el vocero presidencial hacia los dirigentes sociales y de las protestas. Más bien no le prestaron demasiada atención.
El tema de la seguridad se ha usado en la política mundial desde tiempos inmemoriales, pero se ha reintroducido con fuerza en los últimos años especialmente en temas electorales. Casi siempre se usa asociado a la migración, pues articula el miedo, que es la emoción probablemente más poderosa. Así se ha manejado en Europa, pero también en Chile y de forma menos impactante – pero también – en Argentina.
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En cambio, en Ecuador y Perú la crisis se ha manejado con enfoque neto de seguridad, abriendo puertas a diferentes medidas políticas cuyo alcance todavía está en análisis.
En Ecuador, especialmente desde la crisis carcelaria y el auge de bandas como Los Choneros, el discurso oficial evolucionó rápidamente desde la “inseguridad” hacia la idea de “guerra interna”. Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno”, militarizó calles, cárceles y puertos, y colocó el combate al crimen como eje total de legitimidad política. El resultado inmediato fue un fuerte respaldo popular y una reducción temporal de ciertos indicadores violentos, pero también la normalización del estado de excepción, el debilitamiento de controles civiles y un desplazamiento del debate económico y social hacia la seguridad.
En Peru, la narrativa fue distinta, pero con elementos comunes. Allí el discurso de “terrorismo”, heredado del conflicto contra Sendero Luminoso, dejó una estructura política y mediática donde la protesta social puede ser rápidamente reinterpretada como amenaza al orden o a la estabilidad nacional. Tras la caída de Pedro Castillo, gran parte de las movilizaciones del sur peruano fueron tratadas desde una lógica securitaria más que política. El efecto fue contener institucionalmente la crisis, pero profundizar la fractura territorial y étnica entre Lima y el interior andino. A hoy, la seguridad sigue siendo central en el discurso conservador y sigue devorando presidentes.
En Bolivia, el fenómeno todavía aparece más incipiente, pero ya visible, y todo apunta a que, como en los países mencionados, va a intentar ser utilizado políticamente para voltear la agenda en un momento en el que se intenta aplicar una receta de ajuste con impacto en las clases más bajas.
En Bolivia, como en los países vecinos, el narcotráfico y su violencia siempre fue “administrada”, y sí hubo momentos en los que organizó los discursos – no tanto la violencia como la actividad ilícita -. Ya desde los últimos meses de la administración de Arce (y Del Castillo), y especialmente estos últimos meses, se ha repuesto como eje nacional – quizá tabla de salvación -.
La estrategia discursiva suele seguir un patrón regional bastante reconocible:
- Se amplifica la percepción de amenaza existencial. Muchos voceros y medios repitiendo mismas ideas incluso cuando no viene al caso (sicariato sindical, por ejemplo)
- El crimen organizado deja de ser un problema policial y pasa a ser una amenaza nacional. La cumbre urgente de autoridades con chaleco.
Luego vienen dos puntos clave:
- Se instala un lenguaje bélico: “guerra”, “enemigo interno”, “territorios tomados”. Esto está más o menos en proceso…
- La ciudadanía acepta restricciones excepcionales a cambio de orden. En general se le viene advirtiendo de sacrificios, aunque no estrictamente por temas de inseguridad, pero sí de delincuencia.
Y por último, la fase de búsqueda de hegemonía, que es la que más negra se ve:
- El liderazgo político se recentraliza alrededor de figuras fuertes.
- El debate económico y social queda subordinado a la seguridad.
Ese patrón ya apareció antes en Colombia con la seguridad democrática de Álvaro Uribe, en Mexico con la guerra contra el narco y, más recientemente, en El Salvador con Nayib Bukele. En todos los casos hubo inicialmente aumento de legitimidad presidencial y sensación de recuperación estatal, pero también riesgos: militarización prolongada, debilitamiento institucional, erosión de derechos civiles y dependencia política de la lógica del enemigo permanente.
No dudo que los consultores pensantes que asesoran al gobierno analizan la posibilidad de configurar un escenario similar para Bolivia ahora que va quedando claro que se perdió la legitimidad para instalar reformas de fondo.
Aun así hay una cuestión central: la violencia sí es real, pero hay que dimensionarla. La “securitización” convierte problemas complejos —desigualdad, economías ilegales, crisis estatales, desempleo juvenil, corrupción— en una cuestión predominantemente militar o policial. En la hipótesis eso permite construir consensos rápidos alrededor del orden, incluso en contextos de ajuste económico o debilidad gubernamental y también hacer concesiones de soberanía hacia el “gran Sheriff de la región”, Estados Unidos, que de por sí ya metió a todos sus amigos en el “Escudo de las Américas”, una alianza militar cuyos alcances seguimos sin conocer.
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Cada país es un mundo y veremos cómo responde el país. Es verdad que hay condiciones objetivas – desempleo, pérdida de poder adquisitivo, falta de oportunidades, etc. – que pueden alimentar un incremento de la inseguridad ciudadana como sucedió en Perú, cuyo fenómeno además rebalsa con facilidad hacia Bolivia. Otra cosa es el manejo político que cada cual quiera darle. Eso genera otros riesgos… que ya veremos en su momento.
De momento en esta edición hablamos del momento Trump, explorando salidas de Irán sin quedar demasiado dañado; de la configuración electoral en Colombia y de lo que se viene en Venezuela.
Trump en su laberinto
¿Qué pasó?
Estados Unidos volvió a bombardear puntos estratégicos de la defensa iraní luego de varias escaramuzas militares en el Estrecho de Ormuz, que es el epicentro de un conflicto en el que Trump entró arrastrado por Israel y su propia retórica y que ahora no logra salir.
¿Ahora qué?
Cómo salir de Irán es uno de los intríngulis más delicados por los que ha pasado esta segunda administración Trump en sus poco más de 15 meses de gestión. No basta con un aspaviento, ni con una cortina de humo, ni con una bravuconada. Si de Ucrania se fue carajeando a Zelenski en la Casa Blanca y dejando que el costo de la propia guerra hiciera el resto (aunque sobrevive); no puede aplicar la receta en Irán porque no va a carajear a Netanyahu.
Todos los analistas coincidían en que aquella no era una guerra que se podía ganar, porque sí o sí exigía poner tropas en el terreno y contar muertos en EEUU en la víspera de una elección de medio término en noviembre donde Trump se juega su legado (o la violación constitucional para buscar un nuevo mandato).
Le metió igual, quizá por la presión de su socio sionista, quizá porque sus amenazas habían llegado tan lejos que estaba por convertirse en meme. Irán sufrió, pero ni de lejos se produjo aquella reacción en cadena que debía llevar a una caída del régimen de los ayatolás.
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Curiosamente ya apenas se cuentan muertos en las guerras, pero sí indicadores económicos y diplomáticos. Hay dos víctimas: el barril de petróleo y la OTAN.
Irán controla el estrecho de Ormuz y la guerra ha vuelto a dejar en evidencia su condición estratégica para regular el precio del petróleo a nivel mundial. Para Trump, que necesitaba petróleo barato para completar sus planes de reindustrialización, es una mala noticia.
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En cualquier caso, le está dando una alternativa a Trump para la salida: hoy se discute sobre el control de Ormuz pero abre la puerta a revisar toda la legislación y tratados sobre el uso de aguas internacionales y el libre tránsito. Otra ventana del overtone movida. Otro melón abierto.
El otro asunto tiene que ver con la OTAN. Las relaciones de Trump con Europa ya eran malas, y lo de Irán ha colmado el vaso. Los países europeos no solo no han movido un dedo, sino que han rechazado ceder espacios aéreos y bases para colaborar en la logística de la operación de la que, dicen, no fueron siquiera informados antes de que sucediera.
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Hace 15 meses nadie contemplaba una ruptura de la OTAN, hoy ya se multiplican los análisis sobre proyecciones de qué pasaría con una OTAN sin Estados Unidos, y por cierto no es el único gran lobby en fricciones por las estrategias de Trump: Emiratos Árabes ha salido de la OPEP, controlado mayormente por Arabia y que produce el 30% del petróleo mundial y por ende, controla los precios. EAU sale de la ecuación para restar poder a Arabia y negociar por su cuenta, aumentando su producción. Más problemas para una región de por si caliente.
¿Y qué hay de lo nuestro?
El conflicto en Irán está afectando sobre manera en la cotización del precio del petróleo: el gobierno no liberó precios en diciembre, sino que fijó nuevos precios con el barril a 65 dólares y ya va para mes y medio por encima de 90 y no parece que se vaya a corregir pronto. El fiasco de la calidad hace además inviable que se plantee volver a subir los precios, así que los problemas de sostenibilidad financiera y déficit seguirán.
El otro asunto, el que hace a la diplomacia, es tanto o más peligrosa. Su hoja de ruta estratégica en política exterior puso negro sobre blanco que el continente americano era esencialmente suyo y que había que respetar las zonas de influencia (aunque luego se puso a bombardear Irán).
Sobre esa ruta diseñó primero su Junta de Paz, que aspira a usurpar algunas funciones de la ONU, y luego su “Escudo de América”, que luego puso en plural, y que no debe llevar a error porque fue meridianamente claro: es un acuerdo militar.
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El gobierno de Rodrigo Paz se metió de cabeza en la iniciativa, que de momento no ha tenido mayor actividad pública, pero a saber qué privada.
Tiempo al tiempo.
Después de Petro
¿Qué pasó?
Arrancó en serio la campaña electoral en Colombia con su habitual clima polarizado, la siempre presente amenaza de violencia total, y un recurrente discurso anti fraude que se agita en las dos veredas ideológicas.
¿Ahora qué?
Las encuestas señalan que Iván Cepeda, el candidato oficialista del Pacto Histórico, no necesariamente delfín de un Gustavo Petro que difícilmente podría nombrar uno, parte como gran favorito. Pero queda mucho.
De entrada, la Corte Electoral, muy hostil al oficialismo, alista un cambio en la Ley de Encuestas justo después de que Cepeda apunte a victoria en primera. La desconfianza es habitual.
Esto ha llevado al propio presidente Petro ha denunciar fraude, etc. El clima emocional ya se está instalando porque tampoco es artificial, el gobierno del Pacto Histórico – primero de izquierda - ha llevado adelante algunas reformas de calado que han beneficiado a las grandes mayorías del país.
De momento hay cinco candidatos en carrera que superan el margen de error: Iván Cepeda del Pacto Histórico; Sergio Fajardo, un clásico del centrismo; Paloma Valencia, que es la elegida por el uribismo; Abelardo de la Espriella, que es esencialmente el “outsider” tipo Milei con todos sus tópicos y Claudia López, que disputa espacios por la izquierda.
Otra de las claves en la campaña era precisamente saber cuál sería el papel que finalmente tomaría Gustavo Petro, que desistió en tomar el camino largo de buscar un cambio constitucional para buscar su propia reelección. En las últimas semanas sin embargo va tomando forma su propio proyecto de Constituyente, que al parecer, suma a Cepeda. No hay duda que darle faena real y tenerlo ocupado será lo más sano, si gana, para su gobierno.
¿Y qué hay de lo nuestro?
La relación entre Bolivia y Colombia, aun siendo un país comercialmente importante, ha sido políticamente distante incluso en los años que coincidieron Petro y Arce.
Rodrigo Paz, alineado con Estados Unidos, tampoco ha hecho ningún esfuerzo por acercarse a Gustavo Petro, que no llegó a su posesión porque al día siguiente coincidía con agenda de Celac en su país.
- Lea también: Bruselas mira preocupada hacia la paz en Colombia
Colombia es, junto a Brasil y a la espera de lo que pase en Perú, el último país no alineado a la política de Estados Unidos. Veremos lo que sucede el 31 de mayo.
Para seguir: Venezuela ¿Y ahora qué?
El año comenzó con aquella operación donde Nicolás Maduro fue sacrificado por el chavismo para reflotar su economía y con ello, algún tipo de viabilidad política democrática. Maduro fue extraído y llevado a Nueva York y los hermanos Rodríguez, con Delcy en la Presidencia, fueron acomodando pragmatismo y retórica para justificar esa suerte de “protectorado” establecido, en el que se mantiene el poder y se vende petróleo.
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Mientras, la oposición venezolana, que en su momento se sintió muy respaldada por Estados Unidos, empieza a sospechar que allí puede no pasar nada. Tiene un plan de democratización que Washington no ha aprobado, y ha empezado una campaña internacional para recordar que aun no todo es normal… pero el eco, más allá de Madrid, es escaso.
Veremos qué pasa en las próximas semanas, pero el petróleo sigue ordenándolo todo.
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Muchas gracias por leernos.
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