La Haya dicta órdenes de arresto contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa

La presión internacional sobre el primer ministro israelí, Beniamin Nentanyahu, aumenta. La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves una orden de detención contra el mandatario y contra su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por considerarlos los máximos responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos, por lo menos, desde el 8 de octubre del 2023 –el día después del ataque de Hamás– hasta el 20 de mayo del 2024, cuando se formuló la petición de la Fiscalía contra los dos altos cargos israelíes. El tribunal considera que ambas autoridades usaron el hambre en Gaza como arma de guerra, entre otros crímenes contemplados bajo la ley internacional.

La Haya también ha declarado un mandato de arresto para Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar. Sin embargo, Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la franja, pero su muerto nunca ha sido confirmada por el grupo islamista.

El tribunal cree que el primer ministro y su exministro de Defensa usaron el hambre como arma de guerra

Los delitos que el tribunal achaca a Netanyahu son graves. Aseguran haber encontrado motivos razonables para creer que tanto él como su exministro de Defensa “privaron intencionadamente y a sabiendas” a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, como alimentos, agua y medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad.

Lo aseguran basándose en la obstaculización de la ayuda humanitaria por parte de las autoridades israelíes, algo que viola el derecho internacional humanitario, y también por haberse negado a facilitar el socorro por todos los medios a su alcance, interrumpiendo la capacidad de las organizaciones humanitarias para entregar alimentos y otros productos esenciales.

Además, concluye que, cuando el Gobierno israelí permitió la ayuda humanitaria en Gaza, no fue para asegurarse de que la población estuviera abastecida, sino para hacer frente a la presión de la comunidad internacional o a las peticiones de Estados Unidos. “En cualquier caso, el aumento de asistencia humanitaria no fue suficiente para mejorar el acceso de la población a los bienes esenciales”, indican los jueces.

Los magistrados no han encontrado ninguna necesidad militar clara u otra justificación bajo la ley internacional humanitaria para restringir el suministro de ayuda, por lo que creen “la falta de alimentos, agua, electricidad y combustible, así como de suministros médicos específicos, creó unas condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de parte de la población civil de Gaza, lo que provocó la muerte de civiles, incluidos niños debido a la desnutrición y la deshidratación”.

El tribunal ha rechazado los alegatos de Israel, que decía que la CPI no tenía jurisdicción sobre el Estado de Palestina en general ni sobre los ciudadanos israelíes. El país hebreo no reconoce la autoridad de esta corte, pero los otros 124 países que sí lo hacen estarían obligados a detener a Netanhayu y a su exministro –el premier lo destituyó recientemente por diferencias– si estos deciden viajar a sus territorios.

EE.UU. apoya a su socio desmarcándose de la decisión y el mandatario israelí la tacha de “antisemita”

Sin embargo, las detenciones que pide la CPI dependen de la voluntad de sus Estados miembros. Gran parte de la comunidad internacional respaldó las órdenes de arresto, y entre los primeros que reaccionaron asegurando que las aplicarían estuvieron la Unión Europea, Francia, Irlanda, Países Bajos, Colombia, Jordania o Sudáfrica, el país que presentó una acusación de genocidio contra Israel en diciembre del año pasado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Sin embargo, como era esperado, Estados Unidos, el socio incondicional de Israel, se desmarcó “categóricamente” de la decisión del tribunal, según aseguró un portavoz de la Casa Blanca. Washington considera que la CPI no es competente jurídicamente en este asunto y critica el “afán del fiscal de solicitar órdenes de detención y por los preocupantes errores en el proceso que condujeron a esta decisión”. EE.UU. dice estar discutiendo los “próximos pasos con sus socios”, incluyendo Israel.

Como era esperable, a Netanyahu tampoco le ha gustado la decisión. El primer ministro la tachó de “antisemita” y se consideró víctima de un nuevo “juicio Dreyfus”, recordando la condena influida por antisemitismo del el capitán judío Alfred Dreyfus. Culpado de espionaje, degradado y enviado a una colonia penal a finales del siglo XIX en Francia, Dreyfus fue exonerado y rehabilitado unos años más tarde y originó el famoso Yo acuso de Émile Zola.

Borrell denuncia la “situación apocalíptica” de Gaza

Por su parte, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió ayer a los Estados miembros respetar la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Beniamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant. Desde Jordania, Borrell alertó de la “situación apocalíptica” que viven los habitantes de Gaza tras más de un año de guerra. “Ya no queda sociedad en Gaza, solo gente tratando de sobrevivir un día más a las bombas. Es una guerra contra los niños, las principales víctimas son niños por debajo de los 9 años. El mundo no pude permitir esta situación en nombre de la humanidad. Esta masacre debe acabar”, denunció. 

Las palabras de Borrell resonaron apenas unos días después de presidir su último Consejo de Ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, donde Borrell trató de persuadir a los Veintisiete de interrumpir el diálogo político con Israel precisamente por la situación que viven los gazatíes. Sin éxito, porque la mayoría de ministros rechazaron su propuesta. “Les han hecho comportarse como animales, pero son seres humanos y no podemos girar la vista de lo que está pasando ahí”, lamentó ayer.