Juicios políticos encienden una pugna en Ecuador

La Asamblea Nacional y el Ejecutivo de Ecuador protagonizan un nuevo enfrentamiento, pero en esta ocasión con intervención de la Justicia, lo que ha caldeado los ánimos en el ambiente político ecuatoriano.

La pugna surge luego de que la asambleísta Inés Alarcón, integrante de la bancada oficialista Acuerdo Democrático Nacional (ADN), presentara ante la Justicia una acción de protección por el archivo en el Parlamento de tres solicitudes de juicio político en contra de exfuncionarios de la Administración de Guillermo Lasso (2021-2023): Pablo Arosemena, exministro de Economía; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior; y Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública.

En julio, Alarcón presentó el recurso para intentar reabrir esos juicios políticos en una unidad judicial de Iñaquito, al norte de Quito, pero luego la retiró. El 8 de agosto, la asambleísta la volvió a ingresar en Quitumbe, al sur de la capital ecuatoriana, reseñó Radio Pichincha.

La acción de protección fue aceptada por el juez Edgar Javier Romero Salazar, quien dispuso que la Asamblea Nacional retome los juicios políticos archivados. Sin embargo, el Parlamento aseveró que no acatará el dictamen.

El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, se pronunció para celebrar la decisión del magistrado, agradeciendo a Alarcón por su "valentía".

"Ganó una acción de protección presentada por la Asambleísta Inés Alarcón, que hará que se respete el orden en que fueron interpuestos los juicios políticos", expresó. Por su parte, Alarcón y la bancada ADN insisten en que la Asamblea Nacional "debe acatar" la decisión de la Justicia.

Los juicios políticos a los exfuncionarios de Lasso fueron archivados en julio por la Comisión de Fiscalización del Parlamento, argumentando que se habían retirado las firmas de respaldo para ello.

El archivo permitió acelerar los procesos de interpelación contra la actual canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, que también se archivó posteriormente; y contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, que ahora se encuentra en trámite.

Si la Asamblea Nacional acata la decisión del juez Romero Salazar, debe retomar los juicios políticos contra los exfuncionarios de la anterior Administración, lo que atrasaría los procesos que actualmente se siguen a los funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa.