Ley de migración de Texas: lo que hay que saber
Una legislación que permitiría a los agentes de las policías estatales y locales detener y expulsar a migrantes no autorizados está inmersa en una batalla legal y política.
Una extensa nueva ley de Texas que habilitaría a los agentes de la policía estatales y locales a detener a migrantes que crucen al estado desde México sin autorización se enfrenta a un futuro incierto.
El martes, por un breve periodo, la Corte Suprema de EE. UU. despejó el camino para la aplicación de la ley, que el gobierno de Joe Biden ha impugnado por considerarla una violación inconstitucional de la potestad del gobierno federal para establecer y hacer cumplir las leyes migratorias.
Sin embargo, cuando los jueces regresaron el caso a una corte de apelación para que se decidiera si el bloqueo de la ley impuesto por un tribunal de distrito debía mantenerse mientras que las impugnaciones continúan a través del sistema legal, la corte de apelación disolvió con rapidez su propia orden anterior, que permitía la aplicación de la ley durante el proceso legal. Esto hizo que, de momento, la ley se pusiera en pausa una vez más.
La corte de apelación ha programado audiencias sobre el caso para el miércoles por la mañana.
Los críticos afirman que la ley podría dar lugar a la detención de personas que están a cientos de kilómetros de la frontera, si los agentes de la policía sospechan que están en Estados Unidos de manera ilegal. Sin duda le permitiría a Texas ampliar las medidas de seguridad fronteriza que ha puesto en marcha en terrenos privados a lo largo de la frontera, que incluyen las barreras de alambre de púas, los soldados de la Guardia Nacional y una barrera de boyas en el río Grande.
El caso real sobre quién tiene la jurisdicción en última instancia seguirá desarrollándose en las cortes, con implicaciones de gran alcance para la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos.
Un juez del tribunal federal de distrito de Austin bloqueó temporalmente la entrada en vigor de la ley el pasado 5 de marzo. El juez dictaminó que la ley contravenía la legislación federal y la Constitución de Estados Unidos. Al dictar una medida cautelar, el juez consideró que era muy probable que Texas perdiera el caso en los méritos.
Texas ha argumentado que su ley es necesaria para disuadir a los migrantes de cruzar de manera ilegal al país, como ha sucedido en cifras récord durante el último año.
“Sin importar qué tan enfáticas puedan ser para algunos las críticas de Texas a la gestión de la migración en la frontera por parte del gobierno federal”, escribió el juez, David A. Ezra, en su decisión de 114 páginas, “el desacuerdo con la política de migración del gobierno federal no justifica una violación de la Cláusula de Supremacía” de la Constitución, que establece que por lo general la ley federal prevalece sobre la ley estatal.
Texas apeló inmediatamente la decisión, y el debate jurídico se ha centrado en si la medida cautelar del juez puede o no bloquear la ley mientras se estudian los recursos.
¿Qué dice la ley de Texas?
La ley aprobada por la Legislatura de Texas, conocida como Senate Bill 4 o SB 4, tipifica como delito cruzar al estado desde un país extranjero por cualquier otro lugar que no sea un puerto de entrada legal, que normalmente se refiere a los puentes internacionales desde México.
Según la SB 4, cualquier migrante visto por la policía cruzando el río Grande puede ser detenido e imputado en una corte estatal con un delito menor cuando se trata de la primera infracción. Una segunda infracción sería un delito grave. Tras ser detenidos, los migrantes podrían ser obligados a regresar a México durante el proceso penal, o ser sometidos a juicio si se niegan a hacerlo.
Los legisladores de Texas dijeron que habían diseñado la SB 4 para ser similar a la ley federal, que ya prohíbe la entrada ilegal. La nueva ley permite a los policías estatales de todo Texas llevar a cabo lo que hasta ahora ha sido el trabajo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
También permite que los migrantes sean enjuiciados por el nuevo delito hasta dos años después de cruzar a Texas.
¿Cómo desafía a la autoridad federal en materia migratoria?
El juez Ezra, al dictaminar la medida cautelar, consideró que la ley de Texas entraba en conflicto con numerosas leyes federales aprobadas por el Congreso que establecen un proceso para tramitar los procedimientos de migración y las deportaciones.
Y consideró que la ley interfiere con la función diplomática exterior del gobierno federal, señalando las quejas ya presentadas por el gobierno de México contra las medidas fronterizas de Texas. Las autoridades mexicanas han manifestado que se oponen a cualquier legislación que permita a las autoridades estatales o locales devolver a los migrantes, la mayoría de los cuales no son mexicanos, a México a través de la frontera.
Desde el principio, parecía probable que la lucha por la ley acabaría ante la Corte Suprema, según los expertos jurídicos. Esto daría a la mayoría conservadora la oportunidad de revisar un caso de 2012 derivado de un intento de Arizona de asumir responsabilidades de aplicación de la ley de migración. En ese caso, Arizona contra Estados Unidos, se decidió por un estrecho margen a favor del poder del gobierno federal para establecer la política de migración.
Texas argumentó que la nueva ley no entraría en conflicto con la legislación federal vigente.
Pero el juez Ezra expresó su preocupación, durante una audiencia celebrada en febrero, de que la ley no le permitiría a un juez pausar un proceso por entrar ilegalmente en Texas en el caso de alguien que solicite asilo, calificando esa disposición de la ley de Texas como “preocupante” y “muy problemática”.
“Es una bofetada para la ley federal de inmigración”, dijo.
Texas ha argumentado que el número récord de llegadas de migrantes a la frontera de Texas constituye una “invasión” contra la que el estado tiene el poder de defenderse en virtud del Artículo I, Sección 10 de la Constitución de EE.UU., que prohíbe a los estados entrar en guerra por su cuenta “a menos que sean realmente invadidos”.
El estado ha citado la misma disposición constitucional en los otros casos pendientes entre Texas y el gobierno federal. Pero los expertos jurídicos dijeron que el argumento era novedoso.
Y el juez Ezra lo desestimó en su fallo.
“Permitir que Texas sustituya permanentemente las directrices federales a partir de una invasión equivaldría a la anulación de la ley y la autoridad federal”, escribió, “una noción que es antitética a la Constitución y ha sido inequívocamente rechazada por las cortes federales desde la Guerra de Secesión”.
Organizaciones de personas migrantes, defensores de los derechos civiles y algunos demócratas de Texas han criticado la ley porque podría dificultar la solicitud de asilo de los migrantes perseguidos en sus países de origen, y no protege a los solicitantes de asilo legítimos de ser procesados en las cortes estatales.
Los críticos también han dicho que la ley podría dar lugar a paradas de tránsito y detenciones indebidas de cualquier persona que parezca hispana.
¿Cómo piensa Texas hacer cumplir la ley?
Se espera que el Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuyos agentes han sido asignados a lo largo de la frontera en virtud del programa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, tomará la iniciativa en las detenciones en caso de que la nueva ley entre finalmente en vigor.
El departamento ha sugerido que cualquier aumento en la aplicación de la ley sucedería probablemente de forma gradual, y se centraría en las personas observadas por los agentes que crucen el río Bravo desde México.
Desde hace más de dos años, los agentes de la policía estatal detienen a los migrantes que cruzan por terrenos privados y los acusan de allanamiento de morada. La nueva ley permite a los agentes detener a personas que se creen que han cruzado la frontera sin autorización en cualquier lugar de Texas.
Un momento, ¿no había dictaminado ya la Corte Suprema en contra de Texas?
En este caso no.
Texas y el gobierno de Biden llevan meses peleándose sobre la aplicación de la ley migratoria en varios frentes legales.
Uno de los casos involucra la instalación de una barrera de boyas de unos 300 metros en medio del río Grande por parte de Texas, que según Abbott desalentaría a los migrantes de cruzarlo. El gobierno federal presentó una demanda, alegando que la barrera violaba una ley federal sobre ríos navegables. En diciembre, una corte federal de apelaciones le dio la razón al gobierno de Biden y ordenó a Texas que retirara la barrera en medio del río mientras el caso seguía adelante.
Un segundo caso involucra a los agentes de la Patrulla Fronteriza que cortaron o retiraron alambres de púas —instalados por las autoridades de Texas en las orillas del río Grande— en los casos donde tenían que ayudar a los migrantes en el río o detener a personas que habían cruzado la frontera. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda alegando que los agentes de la Patrulla Fronteriza que retiraron el alambre estaban destruyendo propiedad estatal.
Fue una batalla por una orden judicial en ese caso la que llegó a la Corte Suprema con una solicitud de emergencia. Los jueces, sin dar sus razones, se pusieron del lado del gobierno de Biden, permitiendo a los agentes fronterizos cortar o retirar la alambrada cuando sea necesario mientras se escuchan nuevos argumentos sobre el caso en las cortes inferiores.
Por qué ahora hay más en juego
A diferencia de los otros casos, la batalla sobre la ley SB 4 implica un desafío directo por parte de Texas a la labor que las cortes y los expertos jurídicos han dicho que es únicamente del gobierno federal: arrestar, detener y posiblemente deportar a los migrantes en las fronteras de la nación.
“Será una decisión trascendental”, dijo Fatma E. Marouf, profesora de leyes y directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad A&M de Texas. “Si confirman esta ley, será un mundo completamente nuevo. Es difícil imaginar que no podría hacer Texas, si esto se permite”.
¿Han aprobado otros estados leyes de inmigración similares?
Expertos jurídicos dijeron que la SB 4 era la única ley estatal conocida que facultaba a las autoridades locales a detener a las personas sospechosas de haber entrado de manera ilegal al país.
Pero el martes, los legisladores de Iowa aprobaron un proyecto de ley que convertiría en delito entrar en el estado tras haber sido deportado o habérsele denegado la entrada en Estados Unidos. La gobernadora Kim Reynolds, republicana, dijo que pensaba firmarlo.
La decisión de la Corte Suprema que permitió que la ley de Texas entrara en vigor durante varias horas el martes podría tener el efecto de impulsar a otros estados dirigidos por republicanos a aprobar sus propias leyes de cumplimiento de las leyes migratorias, afirmó Jon Taylor, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Texas en San Antonio.
“Si la Corte Suprema decide poner fin a partes de la Constitución y permite a Texas hacer algo que es específicamente una responsabilidad federal, entonces es probable que se abran las compuertas y que veamos a muchos de los estados rojos introducir y/o aprobar proyectos de ley similares a la SB 4″, dijo Taylor.
Adam Liptak colaboró con reportería desde Washington.
J. David Goodman es el jefe de la oficina de Houston del Times, donde informa sobre Texas y Oklahoma. Más de J. David Goodman
Edgar Sandoval cubre Texas para el Times, con un enfoque en la comunidad latina y la frontera con México. Está radicado en San Antonio. Más de Edgar Sandoval