Pese a la represión policial, crece la protesta en Jujuy

Comunidades originarias y organizaciones sociales que mantenían cortes de rutas en norte de Jujuy, en rechazo a la reforma parcial de la Carta Magna provincial que "limita el derecho a la protesta social", y fue recientemente aprobada por una Asamblea Constituyente, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad locales.

En tanto, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, defendió la prohibición de realizar cortes de rutas y calles, contemplados en el texto constitucional y consideró que la implementación de esa prerrogativa debería ser discutida "a nivel nacional".

Las manifestaciones contra la reforma -aprobada parcialmente el viernes por la madrugada- se llevaban adelante en distintas localidades, entre ellas, Purmamarca, donde los manifestantes establecieron un corte en el cruce de las rutas 9 y 52 durante toda la noche, soportando incluso temperaturas bajo cero.

Cuando amanecía, la Policía avanzó sobre los manifestantes y se inició una represión en el cruce de caminos que se encuentra en el ingreso a este poblado del norte jujeño, donde los efectivos no lograron concretar el despeje de las rutas. Alrededor de las 17 horas, llegó hasta el lugar del corte un nuevo e importante número de efectivos, que avanzó otra vez y logró desalojar el corte con gases lacrimógenos y balas de goma.

Por el enfrentamiento, varias personas resultaron heridas, según se pudo observar en fotos y videos que se reportaron desde el lugar.

También se difundió una lista con cerca de treinta detenidos, entre ellos, Natalia Morales, dirigente del PTS-Frente de Izquierda, y Luciano Aguilar, editor general y periodista de La Izquierda Diario, que estaba realizando la cobertura de la represión en la ruta de Purmamarca, según difundieron desde el espacio y exigieron su inmediata liberación.

Alrededor de las 15 horas, autoridades del Gobierno provincial habían intentado un acercamiento para dialogar con los manifestantes, pero se retiraron con el unánime repudio de todas las comunidades y al grito de: "que renuncie Morales".

Las personas, en su mayoría docentes e integrantes de comunidades indígenas, replicaron mediante imágenes el enfrentamiento producido, tras el cual no abandonaron el reclamo, pero decidieron también abrir el paso por cada hora.

Otro de los cortes de ruta se registra desde ayer en la ciudad fronteriza de La Quiaca, sobre la ruta nacional 9, por parte también de comunidades originarias e integrantes de distintos espacios sobre lo acontecido en las últimas horas en Jujuy, desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), expresaron en una publicación en sus redes sociales: "Jujuy es democracia social, no una monarquía. Ni un paso atrás en los Derechos Indígenas conquistados".

Morales se defiende

Morales, por su parte, defendió este sábado la reforma de la Carta Magna provincial al señalar que "la Constitución de Jujuy va a ser la primera que pone en debate un tema que tenemos que discutir a nivel nacional que es el corte de rutas y calles".

El postulante a la presidencia por el radicalismo explicó, por Radio Mitre, que se "mantiene el artículo 32 de la Constitución" respecto que "la manifestación es un derecho por el que no hay que pedir permiso, pero en tanto sea pacífica y sin armas".

Y precisó: "Lo que sí hemos agregado es un artículo que regule la manifestación en los términos de los parámetros de Naciones Unidas, que establece que está prohibido estigmatizar y criminalizar, pero prohíbe los cortes de ruta, cortes de calles y las usurpaciones de edificios públicos".

Este viernes, se conoció que el Gobierno nacional, a través de la cartera laboral, pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución jujeña, según adelantó la ministra Kelly Olmos.

Entre las distintas críticas a lo aprobado, el Gobierno de Jujuy salió este sábado a publicar en su web oficial lo referido al nuevo texto de la reforma con relación a las comunidades de los Pueblos Originarios.

Al respecto, argumenta que "Jujuy pasa a tener la única Constitución del país que reconoce el rango constitucional de la consulta previa e informada de las comunidades para la gestión de sus recursos naturales y sus intereses particulares".