¿Se expande el ‘Bukelismo’?: las medidas de Castro en Honduras

“Hacer frente a las pandillas”, “reducir la delincuencia”, “dar seguridad a la población”, son algunas de las frases que en los últimos días se ha escuchado decir a la presidenta de Honduras Xiomara Castro quien, con sus más recientes políticas, ha sido comparada con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya popularidad se basa en la política de mano dura contra el crimen bordeando las convenciones mundiales sobre Derechos Humanos.

A principios de este mes, Castro aprobó en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) la “II Etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen” y volvió a prorrogar el estado de excepción decretado a finales de 2022, que rige parcialmente en el país.

Estas decisiones tomadas por Castro en Honduras han sido comparadas con las medidas adoptadas por Bukele en El Salvador, donde se declaró estado de excepción en marzo de 2022 y la medida se ha prorrogado hasta la actualidad. Durante ese período, las fuerzas salvadoreñas han capturado a más de 65.000 presuntos pandilleros y se ha construido una megacárcel para su reclusión.

Sin embargo, según analistas locales, las acciones que se han ido aplicando en Honduras tienen más que ver con en el Plan de Gobierno para la Refundación y Construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, presentado por Castro durante su candidatura a la Presidencia en 2021, y no así por una copia de las políticas de Bukele.

El plan y las acciones

En el Plan de Gobierno para la Refundación 2022-2026 se propuso el combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos, consideradas actividades que retroalimentan a las organizaciones criminales.

“Desarrollar un sistema de inteligencia económica para el rastreo, detección y desactivación del lavado de capitales provenientes del crimen organizado transnacional y nacional, ligado al narcotráfico, a la minería clandestina, al tráfico de personas, a tala ilegal de madera, a la trata de inmuebles asaltados y financiamientos dudosos”, señala parte del documento.

También se propuso la recuperación de los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, pero combinando “el uso proporcionado y responsable de la fuerza, el sistema de inteligencia e investigación, y la ampliación de la red estatal de servicios de apoyo para las víctimas y la prevención del delito, incluyendo la presencia suficiente de protección en el transporte, el sistema educativo y las actividades económicas lícitas”, añade el texto.

Ese enfoque de uso proporcionado y diferenciado de la fuerza, asociado al dispositivo de apoyo a las víctimas, dista de la perspectiva más punitiva de El Salvador, que se ha centrado en la llamada “guerra contra las pandillas”.

Asimismo, en Honduras se plantea el fortalecimiento de los controles para resguardar el territorio de las amenazas del crimen organizado que se aprovechan de la porosidad de las fronteras nacionales.

En concordancia con ese proyecto, como explicó en noviembre pasado Héctor Gustavo Sánchez, director de la Policía de Honduras, Castro lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos.

“Mi compromiso es brindarle la seguridad que demanda el pueblo hondureño y vamos a erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria”, dijo Castro en esa oportunidad.

Para la mandataria, la extorsión es “el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras” y “una de las principales causas de inseguridad, migración, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios”.

Pero el problema no es nuevo. Castro ha insistido en que, durante los 12 años previos a su mandato, Honduras “fue víctima de la imposición de un cártel de narcotráfico desde el Estado mismo”, organización que habría permeado las instituciones y elevado la violencia en el país.

Durante el lanzamiento de ese Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, la mandataria hondureña declaró emergencia nacional en materia de seguridad.

Unos días después, el 6 de diciembre, entró en vigor, por un lapso de 30 días, un estado de excepción en zonas focalizadas del país para combatir a las pandillas. La medida fue renovada en enero por 45 días más, luego en febrero por otros 45 días y la más reciente por un lapso similar, hasta el 21 de mayo.

Recientemente la Policía Nacional de Honduras dijo que la primera etapa del plan de seguridad “ha obtenido importantes resultados”, aunque no ofreció cifras al respecto.

La Secretaría de Prensa publicó un gráfico en el que se evidenció una importante disminución de los homicidios en el país en el primer trimestre de este año. Mientras que entre enero y marzo de 2022 hubo 957 asesinatos, en el mismo período de 2023 se registraron 704, es decir, 253 menos.