Convención Constitucional de Chile comienza con traspié

La primera sesión de trabajo de la Convención que redactará la nueva Constitución de Chile, prevista para ayer, fue suspendida en lo que muchos delegados calificaron de un bochorno para el país.

La sesión fue convocada por la mesa directiva a las 15:00 hora local, pero pasadas las 16:00 se decidió posponerla para este martes en medio de duras críticas al gobierno por falta de organización, a pesar de muchos meses previos de preparativos.

Según declararon a los medios de prensa varios constituyentes indignados, en las salas del ex Congreso Nacional que debieron estar habilitadas no había cámaras, televisores micrófonos ni otros medios para poder intercomunicarse los delegados.

Se suponía que los 155 constituyentes deberían reunirse en por lo menos cuatro salones, para responder así a las medidas de seguridad sanitarias para evitar contagios por la pandemia de Covid-19.

En consecuencia, la sesión, en la que deberían abordarse aspectos organizativos importantes para echar a andar la labor de ese órgano, se realizará este martes, si estuvieran creadas las condiciones mínimas requeridas para su gestión.

También estaba previsto analizar una posible declaración sobre las personas que siguen presas desde el estallido social sin un adecuado proceso, tema que genera roces por el rechazo de los representantes de la derecha.

Aunque desde la derecha achacaron los problemas organizativos a la mesa directiva, presidida por la académica mapuche Elisa Loncón, la mayoría de sus colegas apuntaron al gobierno como el responsable.

Entre otros, el constituyente Ignacio Achurra calificó de negligente la actitud del ejecutivo que tuvo nueve meses para crear todas las condiciones.

Otros representantes señalaron al jefe de la Secretaría Administrativa de la Convención, Francisco Encina, funcionario que desde hace semanas es criticado, y ahora lo señalan como incompetente.

Al respecto el escritor Jorge Baradit, constituyente por el Partido Socialista, apuntó que resulta notoria la incapacidad de un funcionario al cual el gobierno le paga cada mes más de siete millones de pesos (casi 10 mil dólares al cambio actual).