Colombia: entró en vigor cese del fuego decretado por el ELN
Desde la madrugada de ayer entró en vigor en Colombia el cese el fuego decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con motivo de las fiestas navideñas. A través de un comunicado publicado en el portal digital ELN Voces, la fuerza insurgente informó que la tregua unilateral se...



Desde la madrugada de ayer entró en vigor en Colombia el cese el fuego decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con motivo de las fiestas navideñas.
A través de un comunicado publicado en el portal digital ELN Voces, la fuerza insurgente informó que la tregua unilateral se extenderá hasta el 3 de enero con el fin de ‘aportar a un clima de tranquilidad en la Navidad y el Año nuevo’.
El Comando Central de la guerrilla subrayó que esta sigue comprometida con la búsqueda de una solución política del conflicto y en tal sentido insistió al gobierno de Colombia que envíe su delegación a La Habana.
Reiteró que no se levantará de la mesa de diálogo y que continuará trabajando por la continuidad del proceso de negociaciones conducente a la paz, con el acompañamiento de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.
Al respecto el gobierno de Iván Duque ha mantenido sus condiciones de no reanudar las conversaciones hasta que la guerrilla no ponga fin a sus actividades armadas y al secuestro.
Para Jaime Zuluaga, analista político de la Universidad Externado, el Gobierno no debiera desestimar la tregua unilateral dictada por la fuerza insurgente.
El académico dijo al diario local El Heraldo que la exigencia que mantiene el Gobierno de liberar todos los secuestrados para poder retomar el diálogo es una condición aceptable que cuenta con el apoyo de la mayor parte de la sociedad colombiana.
Sin embargo, consideró que pedirle al ELN la suspensión total de todas las actividades antes de llegar a un acuerdo no tiene sentido. Ese sería el objetivo final de la mesa de diálogos, estimó.
‘Una guerrilla que tiene como propósito combatir al Estado es una organización ilegal. No se le puede pedir como condición que abandone la ilegalidad para poder negociar. Ese debe ser el resultado y no el punto de partida, tal como ocurrió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo’, indicó el analista. Durante el gobierno del ex presidente Juan.
Manuel Santos estuvo en vigor una tregua bilateral de 101 días, entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018.
A través de un comunicado publicado en el portal digital ELN Voces, la fuerza insurgente informó que la tregua unilateral se extenderá hasta el 3 de enero con el fin de ‘aportar a un clima de tranquilidad en la Navidad y el Año nuevo’.
El Comando Central de la guerrilla subrayó que esta sigue comprometida con la búsqueda de una solución política del conflicto y en tal sentido insistió al gobierno de Colombia que envíe su delegación a La Habana.
Reiteró que no se levantará de la mesa de diálogo y que continuará trabajando por la continuidad del proceso de negociaciones conducente a la paz, con el acompañamiento de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.
Al respecto el gobierno de Iván Duque ha mantenido sus condiciones de no reanudar las conversaciones hasta que la guerrilla no ponga fin a sus actividades armadas y al secuestro.
Para Jaime Zuluaga, analista político de la Universidad Externado, el Gobierno no debiera desestimar la tregua unilateral dictada por la fuerza insurgente.
El académico dijo al diario local El Heraldo que la exigencia que mantiene el Gobierno de liberar todos los secuestrados para poder retomar el diálogo es una condición aceptable que cuenta con el apoyo de la mayor parte de la sociedad colombiana.
Sin embargo, consideró que pedirle al ELN la suspensión total de todas las actividades antes de llegar a un acuerdo no tiene sentido. Ese sería el objetivo final de la mesa de diálogos, estimó.
‘Una guerrilla que tiene como propósito combatir al Estado es una organización ilegal. No se le puede pedir como condición que abandone la ilegalidad para poder negociar. Ese debe ser el resultado y no el punto de partida, tal como ocurrió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo’, indicó el analista. Durante el gobierno del ex presidente Juan.
Manuel Santos estuvo en vigor una tregua bilateral de 101 días, entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018.