Concentración de tierras, conflictos y extractivismo golpean la región
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Latinoamérica tiene la distribución de la tierra más desigual de todo el planeta: más de la mitad de las tierras productivas están concentradas en el 1% de las propiedades de mayor...
img 1
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Latinoamérica tiene la distribución de la tierra más desigual de todo el planeta: más de la mitad de las tierras productivas están concentradas en el 1% de las propiedades de mayor extensión, y el 10% más rico de la población regional posee el 71% de su riqueza y patrimonio.
A su vez, un reciente informe del Grupo de Relaciones Internacionales y Sur Global (GRISUL/UNIRIO), Escuela de Ciencia Política, Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro, agrega que la tierra en manos de pequeños propietarios, familias y mujeres disminuye cada año, y que “muchos recursos naturales están en áreas indígenas amenazadas por la invasión de tierras por parte de gobiernos o empresas transnacionales”.
Por otra parte, América Latina y Caribe es la región del mundo con más defensores de la tierra y también de ambientalistas asesinados. Según Global Witness, de los 197 ambientalistas asesinados en el mundo en 2017, la gran mayoría, o sea 116 casos, ocurrieron en esta región.
Dicha organización también puntualiza que estos activistas y líderes sociales fueron asesinados por denunciar y enfrentarse a gobiernos y empresas que se apropiaron de sus tierras y contaminaron el medio ambiente. Brasil, Colombia, México y Perú son los países más afectados, pero en todos los demás (incluido Bolivia) se registran también diversas formas de violencia contra quienes denuncian y defienden sus tierras.
Los gobiernos de estos países latinoamericanos, sin importar su tendencia política, han desarrollado distintas formas de criminalización de la protesta. El 60% de los asesinatos y prácticamente todos los casos de protesta y violencia, se relacionan con la agroindustria y el extractivismo vinculado a actividades de minería, hidrocarburos y monocultivos, agregan las coordinadoras del estudio de GRISUL/UNIRIO, Enara Echart Muñoz y María del Carmen Villarreal.
Extractivismo y dependencia
Según explica el informe, desde la colonización, América Latina y Caribe “se integró internacionalmente en condiciones desiguales y de forma dependiente en relación a los países desarrollados. Como periferia, la función de la región era producir y exportar las materias primas necesarias para el desarrollo de los países ricos”.
Durante la consolidación de los estados nacionales, mayormente el siglo pasado, “este modelo de producción primario exportador se fortaleció y, a pesar de las transformaciones, la región continua siendo una de las principales exportadoras de materias primas” a nivel mundial.
Las coordinadoras del informe consideran que, en este proceso de inserción lationamericana en el sistema mundial, es “fundamental” comprender el papel del extractivismo. Este fenómeno es entendido por las expertas “como una forma de acumulación y explotación de los recursos naturales que no tiene en cuenta ni sus límites ni la sostenibilidad de sus prácticas”.
Su forma renovada y actual es denominada por los académicos que estudian el tema como neo-extractivismo. Esta nueva modalidad defiende la expansión de la frontera extractiva como interés nacional, pero a diferencia del modelo clásico, comporta una mayor participación y control estatal, al tiempo que prevé políticas sociales y otros mecanismos compensadores para disminuir los efectos nocivos de los proyectos extractivistas.
Sin embargo, este modelo ha tenido como resultado que, “una vez más, las economías latinoamericanas experimentaron procesos de reprimarización -con el aumento de las exportaciones de productos primarios-, y profundizaron su inserción global subordinada y su dependencia, esta vez no solo en relación a las economías centrales, sino también a China y otros países emergentes”.
A su vez, esta expansión del extractivismo está teniendo “consecuencias irreversibles sobre los territorios y sus habitantes, que continúan protestando y resistiendo a este modelo de desarrollo en la región”, agrega el reporte de GRISUL/UNIRIO.
Impactos ambientales
Desde hace años, distintos estudiosos del tema vienen advirtiendo que las actividades derivadas del extractivismo – sea mediante la minería, la explotación de hidrocarburos o el monocultivo de productos primarios como la soya y la caña de azúcar –, al no considerar las técnicas y los límites de los recursos naturales, tienen “profundos impactos” sobre el medio ambiente.
Estos impactos son especialmente visibles cuando ocurren “accidentes ambientales”, pero son constantes y contribuyen a aumentar problemas como la continua emisión de gas carbónico y el calentamiento global.
Desde GRISUL/UNIRIO señalan que los efectos cambian entre un proyecto y otro, pero “generalmente provocan pérdida de la biodiversidad, contaminación del ambiente y de recursos vitales y fuga de sustancias tóxicas con graves consecuencias sobre la salud de las comunidades afectadas”.
Para Bolivia, el Atlas de Justicia Ambiental (2018) resalta el caso de Newmont, una de las principales empresas mineras de oro del mundo, y que en Bolivia se conoció por su contaminación del río Desaguadero, en Oruro.
Al respecto el informe GRISUL/UNIRIO agrega que esta empresa “terminó el proyecto después de 15 años por las constantes denuncias de las comunidades ribereñas por la contaminación del rio con metales pesados. Además del cierre de la mina, los afectados exigen compensaciones económicas por daño ambiental y por el uso de sus tierras”.
Desplazamientos forzados
Otra consecuencia de este modelo, denunciada en diversos ámbitos, es la salida forzada de las comunidades de su territorio, no solo por el desalojo directo (relocalización) y la contaminación de sus tierras y medios de vida.
Este despojo también es resultado de factores como la ocupación ilegal o la compra de tierras a gran escala, los desalojos, la limitación de las libertades y la criminalización de las protestas, así como diversas formas de amenaza, persecución, violencia psicológica y física, y asesinatos.
“La importancia de los desplazamientos forzados reside en el hecho de que estos no suponen apenas una reubicación, sino que implican la destrucción de prácticas y epistemologías tradicionales, eliminando, por tanto, diversos modos de ver e interpretar el mundo”, advierte la investigadora Villarreal.
El Atlas de Justicia Ambiental resalta el caso de la expropiación y amenaza al Cerro Rico (patrimonio de la Humanidad) de Potosí, en Bolivia. Este proyecto, de la estadounidense Couer d’Alene Mines, causó problemas sociales y ambientales, incluyendo la expropiación de 400 hectáreas de territorio indígena.
A pesar de las compensaciones económicas, continúa amenazando la demarcación de territorios indígenas, la preservación del Cerro Rico y los derechos laborales de cerca de 20.000 mineros, debido a posibles derrumbes en los túneles, afirma.
La resistencia de las mujeres
Según el informe de GRISUL/UNIRIO, los proyectos extractivistas “están también asociados al aumento de fenómenos como la prostitución, las violaciones, los problemas de salud, la restricción de la libertad y los desplazamientos forzados”, y que ante esta situación, la movilización, resistencia y lucha de las mujeres es permanente.
“Ellas están en primera línea en la lucha por la tierra y la defensa de los recursos naturales y son protagonistas de innumerables movilizaciones. Su papel es fundamental como líderes en las protestas y ocupaciones, pero también en la protección y el mantenimiento de la vida”, agrega el documento.
En Bolivia destaca el caso de Renamat contra el Proyecto minero Achachucani Challapata, Oruro. La lucha de las comunidades, con fuerte peso de las mujeres, y en especial de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, consiguió parar el proyecto de minería de oro Achachucani, reivindicando el carácter agrícola y pecuario de la región.
También resaltan el caso de Mujeres contra la contaminación del Rio Huanuni Dalence, también en Oruro. La Red denuncia la violencia ambiental que sufren las comunidades por los impactos de la Corporación Minera de Bolivia, que también ponen a riesgo la vida del rio Huanuni.
Resistencias indígenas y afrodescendientes
De acuerdo con el reporte de GRISUL/UNIRIO, el extractivismo “está estrechamente vinculado al colonialismo interno que caracteriza a los países de América Latina y Caribe. Así, los proyectos extractivistas afectan sobre todo a las poblaciones rurales y grupos específicos como los indígenas”.
Los datos presentados revelan que una de cada tres hectáreas de territorio concedido en la región para la minería, explotación petrolífera, agroindustrial o forestal, pertenece a los pueblos indígenas.
En este contexto, “la ampliación de la frontera extractivista, sin consentimiento ni consulta previa, provoca cada vez más conflictos, pero la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas por la defensa de sus territorios y de los recursos naturales son permanentes”.
Similar situación ocurre con las poblaciones afrodescendientes. El Atlas de Justicia Ambiental destaca principalmente el caso del pueblo Saramaka, en Surinam, donde la explotación de minerales y madera “ha afectado severamente” a esta población.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado violó los derechos de este pueblo, pero las concesiones para la explotación de recursos en sus territorios no terminaron.
El rol de las transnacionales
“Las empresas multinacionales, principales promotoras del extractivismo, desarrollan megaproyectos que privilegian sus intereses económicos en detrimento de los de las personas y de los territorios afectados”, advierten, Echart Muñoz y Villarreal.
En este proceso, “las principales protagonistas son las empresas del Norte Global, pero existe una participación creciente de las multinacionales de los países emergentes, sobre todo asiáticas y latinoamericanas. A pesar de ser originarias del Sur o con capital prevalente de esta latitud, los efectos nocivos de estas empresas son elevados y semejantes a los de multinacionales del Norte”, agregan.
Es la alianza de las transnacionales con los gobiernos de la región, indistintamente de su supuesta corriente ideológica, una de las características del extractivismo antiguo y del contemporáneo.
Alternativas
El estudio destaca que existen alternativas ya en curso en distintos países de la región. Estas van desde la agricultura familiar en los 3 pisos ecológicos (llanos, valles, tierras altas), sistemas agroforestales en la Amazonía, turismo alternativo en cualquier zona con atractivos, y un largo etcétera.
Estas alternativas constituyen resistencias, mucho más cercanas a las nociones de Vivir Bien, que buscan “recuperar valores y saberes tradicionales y permitan la emergencia de formas de vida sostenibles que pongan en el centro de las discusiones a las personas, sus intereses y su bienestar”.
A su vez, un reciente informe del Grupo de Relaciones Internacionales y Sur Global (GRISUL/UNIRIO), Escuela de Ciencia Política, Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro, agrega que la tierra en manos de pequeños propietarios, familias y mujeres disminuye cada año, y que “muchos recursos naturales están en áreas indígenas amenazadas por la invasión de tierras por parte de gobiernos o empresas transnacionales”.
Por otra parte, América Latina y Caribe es la región del mundo con más defensores de la tierra y también de ambientalistas asesinados. Según Global Witness, de los 197 ambientalistas asesinados en el mundo en 2017, la gran mayoría, o sea 116 casos, ocurrieron en esta región.
Dicha organización también puntualiza que estos activistas y líderes sociales fueron asesinados por denunciar y enfrentarse a gobiernos y empresas que se apropiaron de sus tierras y contaminaron el medio ambiente. Brasil, Colombia, México y Perú son los países más afectados, pero en todos los demás (incluido Bolivia) se registran también diversas formas de violencia contra quienes denuncian y defienden sus tierras.
Los gobiernos de estos países latinoamericanos, sin importar su tendencia política, han desarrollado distintas formas de criminalización de la protesta. El 60% de los asesinatos y prácticamente todos los casos de protesta y violencia, se relacionan con la agroindustria y el extractivismo vinculado a actividades de minería, hidrocarburos y monocultivos, agregan las coordinadoras del estudio de GRISUL/UNIRIO, Enara Echart Muñoz y María del Carmen Villarreal.
Extractivismo y dependencia
Según explica el informe, desde la colonización, América Latina y Caribe “se integró internacionalmente en condiciones desiguales y de forma dependiente en relación a los países desarrollados. Como periferia, la función de la región era producir y exportar las materias primas necesarias para el desarrollo de los países ricos”.
Durante la consolidación de los estados nacionales, mayormente el siglo pasado, “este modelo de producción primario exportador se fortaleció y, a pesar de las transformaciones, la región continua siendo una de las principales exportadoras de materias primas” a nivel mundial.
Las coordinadoras del informe consideran que, en este proceso de inserción lationamericana en el sistema mundial, es “fundamental” comprender el papel del extractivismo. Este fenómeno es entendido por las expertas “como una forma de acumulación y explotación de los recursos naturales que no tiene en cuenta ni sus límites ni la sostenibilidad de sus prácticas”.
Su forma renovada y actual es denominada por los académicos que estudian el tema como neo-extractivismo. Esta nueva modalidad defiende la expansión de la frontera extractiva como interés nacional, pero a diferencia del modelo clásico, comporta una mayor participación y control estatal, al tiempo que prevé políticas sociales y otros mecanismos compensadores para disminuir los efectos nocivos de los proyectos extractivistas.
Sin embargo, este modelo ha tenido como resultado que, “una vez más, las economías latinoamericanas experimentaron procesos de reprimarización -con el aumento de las exportaciones de productos primarios-, y profundizaron su inserción global subordinada y su dependencia, esta vez no solo en relación a las economías centrales, sino también a China y otros países emergentes”.
A su vez, esta expansión del extractivismo está teniendo “consecuencias irreversibles sobre los territorios y sus habitantes, que continúan protestando y resistiendo a este modelo de desarrollo en la región”, agrega el reporte de GRISUL/UNIRIO.
Impactos ambientales
Desde hace años, distintos estudiosos del tema vienen advirtiendo que las actividades derivadas del extractivismo – sea mediante la minería, la explotación de hidrocarburos o el monocultivo de productos primarios como la soya y la caña de azúcar –, al no considerar las técnicas y los límites de los recursos naturales, tienen “profundos impactos” sobre el medio ambiente.
Estos impactos son especialmente visibles cuando ocurren “accidentes ambientales”, pero son constantes y contribuyen a aumentar problemas como la continua emisión de gas carbónico y el calentamiento global.
Desde GRISUL/UNIRIO señalan que los efectos cambian entre un proyecto y otro, pero “generalmente provocan pérdida de la biodiversidad, contaminación del ambiente y de recursos vitales y fuga de sustancias tóxicas con graves consecuencias sobre la salud de las comunidades afectadas”.
Para Bolivia, el Atlas de Justicia Ambiental (2018) resalta el caso de Newmont, una de las principales empresas mineras de oro del mundo, y que en Bolivia se conoció por su contaminación del río Desaguadero, en Oruro.
Al respecto el informe GRISUL/UNIRIO agrega que esta empresa “terminó el proyecto después de 15 años por las constantes denuncias de las comunidades ribereñas por la contaminación del rio con metales pesados. Además del cierre de la mina, los afectados exigen compensaciones económicas por daño ambiental y por el uso de sus tierras”.
Desplazamientos forzados
Otra consecuencia de este modelo, denunciada en diversos ámbitos, es la salida forzada de las comunidades de su territorio, no solo por el desalojo directo (relocalización) y la contaminación de sus tierras y medios de vida.
Este despojo también es resultado de factores como la ocupación ilegal o la compra de tierras a gran escala, los desalojos, la limitación de las libertades y la criminalización de las protestas, así como diversas formas de amenaza, persecución, violencia psicológica y física, y asesinatos.
“La importancia de los desplazamientos forzados reside en el hecho de que estos no suponen apenas una reubicación, sino que implican la destrucción de prácticas y epistemologías tradicionales, eliminando, por tanto, diversos modos de ver e interpretar el mundo”, advierte la investigadora Villarreal.
El Atlas de Justicia Ambiental resalta el caso de la expropiación y amenaza al Cerro Rico (patrimonio de la Humanidad) de Potosí, en Bolivia. Este proyecto, de la estadounidense Couer d’Alene Mines, causó problemas sociales y ambientales, incluyendo la expropiación de 400 hectáreas de territorio indígena.
A pesar de las compensaciones económicas, continúa amenazando la demarcación de territorios indígenas, la preservación del Cerro Rico y los derechos laborales de cerca de 20.000 mineros, debido a posibles derrumbes en los túneles, afirma.
La resistencia de las mujeres
Según el informe de GRISUL/UNIRIO, los proyectos extractivistas “están también asociados al aumento de fenómenos como la prostitución, las violaciones, los problemas de salud, la restricción de la libertad y los desplazamientos forzados”, y que ante esta situación, la movilización, resistencia y lucha de las mujeres es permanente.
“Ellas están en primera línea en la lucha por la tierra y la defensa de los recursos naturales y son protagonistas de innumerables movilizaciones. Su papel es fundamental como líderes en las protestas y ocupaciones, pero también en la protección y el mantenimiento de la vida”, agrega el documento.
En Bolivia destaca el caso de Renamat contra el Proyecto minero Achachucani Challapata, Oruro. La lucha de las comunidades, con fuerte peso de las mujeres, y en especial de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, consiguió parar el proyecto de minería de oro Achachucani, reivindicando el carácter agrícola y pecuario de la región.
También resaltan el caso de Mujeres contra la contaminación del Rio Huanuni Dalence, también en Oruro. La Red denuncia la violencia ambiental que sufren las comunidades por los impactos de la Corporación Minera de Bolivia, que también ponen a riesgo la vida del rio Huanuni.
Resistencias indígenas y afrodescendientes
De acuerdo con el reporte de GRISUL/UNIRIO, el extractivismo “está estrechamente vinculado al colonialismo interno que caracteriza a los países de América Latina y Caribe. Así, los proyectos extractivistas afectan sobre todo a las poblaciones rurales y grupos específicos como los indígenas”.
Los datos presentados revelan que una de cada tres hectáreas de territorio concedido en la región para la minería, explotación petrolífera, agroindustrial o forestal, pertenece a los pueblos indígenas.
En este contexto, “la ampliación de la frontera extractivista, sin consentimiento ni consulta previa, provoca cada vez más conflictos, pero la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas por la defensa de sus territorios y de los recursos naturales son permanentes”.
Similar situación ocurre con las poblaciones afrodescendientes. El Atlas de Justicia Ambiental destaca principalmente el caso del pueblo Saramaka, en Surinam, donde la explotación de minerales y madera “ha afectado severamente” a esta población.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado violó los derechos de este pueblo, pero las concesiones para la explotación de recursos en sus territorios no terminaron.
El rol de las transnacionales
“Las empresas multinacionales, principales promotoras del extractivismo, desarrollan megaproyectos que privilegian sus intereses económicos en detrimento de los de las personas y de los territorios afectados”, advierten, Echart Muñoz y Villarreal.
En este proceso, “las principales protagonistas son las empresas del Norte Global, pero existe una participación creciente de las multinacionales de los países emergentes, sobre todo asiáticas y latinoamericanas. A pesar de ser originarias del Sur o con capital prevalente de esta latitud, los efectos nocivos de estas empresas son elevados y semejantes a los de multinacionales del Norte”, agregan.
Es la alianza de las transnacionales con los gobiernos de la región, indistintamente de su supuesta corriente ideológica, una de las características del extractivismo antiguo y del contemporáneo.
Alternativas
El estudio destaca que existen alternativas ya en curso en distintos países de la región. Estas van desde la agricultura familiar en los 3 pisos ecológicos (llanos, valles, tierras altas), sistemas agroforestales en la Amazonía, turismo alternativo en cualquier zona con atractivos, y un largo etcétera.
Estas alternativas constituyen resistencias, mucho más cercanas a las nociones de Vivir Bien, que buscan “recuperar valores y saberes tradicionales y permitan la emergencia de formas de vida sostenibles que pongan en el centro de las discusiones a las personas, sus intereses y su bienestar”.
Apoya al periodismo independiente
Tienes acceso libre a 200 notas al mes. Para tener acceso ilimitado y muchos beneficios más adquiere tu Suscripción Digital. Comienza tu prueba gratis ahora
¿Ya estás suscrita/o? No olvides iniciar sesión
Acceder
Si te interesa una suscripción corporativa o institucional llámanos al (+591) 78259007
