Procuradora general de Brasil impugna candidatura de Lula
Horas después de que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva —actualmente en prisión— fuera registrado como aspirante a la presidencia del país, la procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, interpuso ante las autoridades electorales una impugnación de su candidatura, según informa...



Horas después de que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva —actualmente en prisión— fuera registrado como aspirante a la presidencia del país, la procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, interpuso ante las autoridades electorales una impugnación de su candidatura, según informa G1.
Su medida corresponde a uno de los varios cuestionamientos judiciales que ya se han presentado contra la candidatura de Lula, y que deberán ser analizados durante los próximos días por el vicepresidente del Tribunal Superior Electoral, Luis Roberto Barroso, y otros magistrados.
En su impugnación, Dodge argumenta que Lula es “inelegible” por contar con una condena en segunda instancia, y afirma que solo podría optar por una candidatura ocho años después del cumplimiento de su pena, que es de 12 años y un mes.
“Debe procederse al rechazo preliminar de la solicitud, sin ningún otro efecto jurídico que habilite al impugnado a ser considerado candidato ‘sub judice’”, señaló la procuradora, subrayando que para que legalmente se pueda financiar la candidatura del ex mandatario con recursos públicos se debe garantizar que sea elegible.
Lula
Por su parte, Lula, quien cumple 132 días como preso político, manifestó ser ‘’víctima de una cacería judicial ya registrada en la historia’’.
La acusación está contenida en una carta al pueblo brasileño escrita desde la celda de la Superintendencia de la Policía federal (PF) en Curitiba, donde permanece encerrado dese el pasado 7 de abril, y dada a conocer después del registro oficial de su candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Hace un año, un mes y tres días, Sérgio Moro usó su cargo de juez para cometer un acto político: condenarme por la práctica de ‘actos indeterminados’ para tentar tirarme de la elección. Usó una ‘fakenews’ producida por el periódico O Globo sobre un apartamento en Guarujá, rememoró.
Desde entonces, deploró, el pueblo brasileño aguarda, en vano, que Moro y los demás jueces que confirmaron mi condena en segunda instancia presenten alguna prueba material de que soy propietario de aquel inmueble.
Lula alegó que, por el contrario, cada día surgen nuevos hechos que ratifican la actuación ilegítima de agentes del sistema judicial para condenarlo y mantenerlo en prisión.
Más adelante recalcó que la Ley Electoral garantiza que solo no será candidato si muere, renuncia o fuera descartado por la justicia.
‘No pretendo morir, no considero renunciar y voy pelear por mi registro hasta el final’, escribió el ex dignatario antes de remarcar que ‘no quiero favores, quiero justicia. No cambio mi dignidad por mi libertad’.
Insistió además en que solo pide que los derechos que hace años vienen siendo reconocidos por los tribunales en favor de centenas de otros candidatos también sean observados para él, pues ‘no puedo admitir casuismo ni juicio de excepción’.
Significó asimismo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya emitió una decisión que impide al Estado brasileño causarle daños irreversibles a sus derechos políticos, lo cual refuerza la imposibilidad de impedirle que dispute las elecciones de 2018.
Su medida corresponde a uno de los varios cuestionamientos judiciales que ya se han presentado contra la candidatura de Lula, y que deberán ser analizados durante los próximos días por el vicepresidente del Tribunal Superior Electoral, Luis Roberto Barroso, y otros magistrados.
En su impugnación, Dodge argumenta que Lula es “inelegible” por contar con una condena en segunda instancia, y afirma que solo podría optar por una candidatura ocho años después del cumplimiento de su pena, que es de 12 años y un mes.
“Debe procederse al rechazo preliminar de la solicitud, sin ningún otro efecto jurídico que habilite al impugnado a ser considerado candidato ‘sub judice’”, señaló la procuradora, subrayando que para que legalmente se pueda financiar la candidatura del ex mandatario con recursos públicos se debe garantizar que sea elegible.
Lula
Por su parte, Lula, quien cumple 132 días como preso político, manifestó ser ‘’víctima de una cacería judicial ya registrada en la historia’’.
La acusación está contenida en una carta al pueblo brasileño escrita desde la celda de la Superintendencia de la Policía federal (PF) en Curitiba, donde permanece encerrado dese el pasado 7 de abril, y dada a conocer después del registro oficial de su candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Hace un año, un mes y tres días, Sérgio Moro usó su cargo de juez para cometer un acto político: condenarme por la práctica de ‘actos indeterminados’ para tentar tirarme de la elección. Usó una ‘fakenews’ producida por el periódico O Globo sobre un apartamento en Guarujá, rememoró.
Desde entonces, deploró, el pueblo brasileño aguarda, en vano, que Moro y los demás jueces que confirmaron mi condena en segunda instancia presenten alguna prueba material de que soy propietario de aquel inmueble.
Lula alegó que, por el contrario, cada día surgen nuevos hechos que ratifican la actuación ilegítima de agentes del sistema judicial para condenarlo y mantenerlo en prisión.
Más adelante recalcó que la Ley Electoral garantiza que solo no será candidato si muere, renuncia o fuera descartado por la justicia.
‘No pretendo morir, no considero renunciar y voy pelear por mi registro hasta el final’, escribió el ex dignatario antes de remarcar que ‘no quiero favores, quiero justicia. No cambio mi dignidad por mi libertad’.
Insistió además en que solo pide que los derechos que hace años vienen siendo reconocidos por los tribunales en favor de centenas de otros candidatos también sean observados para él, pues ‘no puedo admitir casuismo ni juicio de excepción’.
Significó asimismo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya emitió una decisión que impide al Estado brasileño causarle daños irreversibles a sus derechos políticos, lo cual refuerza la imposibilidad de impedirle que dispute las elecciones de 2018.