España: justicia renuncia a extradición de Puigdemont
La justicia española retiró este jueves la orden de detención internacional contra el ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont, al rechazar su extradición a este país solo por un delito de malversación de fondos públicos. Tribunal Supremo En un auto, el juez del Tribunal Supremo...



La justicia española retiró este jueves la orden de detención internacional contra el ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont, al rechazar su extradición a este país solo por un delito de malversación de fondos públicos.
Tribunal Supremo
En un auto, el juez del Tribunal Supremo (TS) de España Pablo Llarena decidió archivar la euroorden que pesaba sobre el líder independentista, después que una corte en Alemania descartó entregarlo por el cargo más grave, el de rebelión.
El Tribunal Regional Superior del estado alemán de Schleswig-Holstein autorizó el 12 de julio la extradición de Puigdemont por presunta malversación, pero objetó hacerlo por el delito de rebelión como solicitó el Supremo español.
Llarena subrayó en su fallo lo que definió como falta de compromiso de la justicia germana ‘con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español’.
Al actuar de esa manera, ‘el tribunal de ejecución alemán adelantó un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado’, manifestó el magistrado instructor de la causa secesionista.
A su juicio, la corte de Schleswig-Holstein debió haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por el TS están contemplados en la legislación penal de Alemania y si justificarían por ello que, de haber ocurrido los hechos en ese país, se impulsara una investigación penal semejante a la abierta en España.
Además de retirar la euroorden contra Puigdemont, Llarena dejó sin efecto también las cursadas contra otros cinco políticos separatistas, imputados por su papel en el referendo del 1 de octubre de 2017 y la ulterior declaración unilateral de independencia de Cataluña.
La acusación de rebelión contra Puigdemont y otros 14 dirigentes catalanes, delito penado con hasta 30 años de cárcel y que se define como un intento de cambiar el orden constitucional con medios violentos, es el núcleo de la respuesta judicial que dio el Supremo al proceso secesionista en la región nororiental.
También es su aspecto más polémico, ya que numerosos expertos cuestionaron desde un principio que este último requisito se diera en el caso del plan de ruptura concebido por las autoridades de la próspera comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes.
Puigdemont fue destituido por el otrora gobierno central de Mariano Rajoy tras impulsar la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Tribunal Supremo
En un auto, el juez del Tribunal Supremo (TS) de España Pablo Llarena decidió archivar la euroorden que pesaba sobre el líder independentista, después que una corte en Alemania descartó entregarlo por el cargo más grave, el de rebelión.
El Tribunal Regional Superior del estado alemán de Schleswig-Holstein autorizó el 12 de julio la extradición de Puigdemont por presunta malversación, pero objetó hacerlo por el delito de rebelión como solicitó el Supremo español.
Llarena subrayó en su fallo lo que definió como falta de compromiso de la justicia germana ‘con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español’.
Al actuar de esa manera, ‘el tribunal de ejecución alemán adelantó un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado’, manifestó el magistrado instructor de la causa secesionista.
A su juicio, la corte de Schleswig-Holstein debió haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por el TS están contemplados en la legislación penal de Alemania y si justificarían por ello que, de haber ocurrido los hechos en ese país, se impulsara una investigación penal semejante a la abierta en España.
Además de retirar la euroorden contra Puigdemont, Llarena dejó sin efecto también las cursadas contra otros cinco políticos separatistas, imputados por su papel en el referendo del 1 de octubre de 2017 y la ulterior declaración unilateral de independencia de Cataluña.
La acusación de rebelión contra Puigdemont y otros 14 dirigentes catalanes, delito penado con hasta 30 años de cárcel y que se define como un intento de cambiar el orden constitucional con medios violentos, es el núcleo de la respuesta judicial que dio el Supremo al proceso secesionista en la región nororiental.
También es su aspecto más polémico, ya que numerosos expertos cuestionaron desde un principio que este último requisito se diera en el caso del plan de ruptura concebido por las autoridades de la próspera comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes.
Puigdemont fue destituido por el otrora gobierno central de Mariano Rajoy tras impulsar la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña.