Empresas sociales seguirán bajo “status quo” estructural

El contenido “social” de la Ley 1055 de constitución de Empresas Sociales solo es de nombre, ya que deja “intactas las relaciones sociales de producción capitalistas”, afirma la socióloga, economista e investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) – Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Tania Ayllón.

El Artículo 2 de la propia ley define a la empresa social como “aquella constituida por las trabajadoras y los trabajadores activos de una empresa privada que se encuentre en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada, cuya finalidad es reactivar y reorganizar la empresa, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social”.

Sin embargo, esta descripción no muestra el contenido concreto de la denominada empresa social. Según el análisis de Ayllón, en realidad “se trata de la constitución de una sociedad comercial (regida por el código de comercio), formada por los acreedores ordinarios del patrón, que por el monto que éste les adeuda, decide formar parte de la denominada empresa social; para este fin, ellos deben presentar su acreencia convirtiéndola en su cuota parte de capital o constituir inversiones con destino a acrecentar el capital social (tercera disposición adicional)”.

En este sentido, la experta considera que se trata simplemente de una sociedad privada, constituida por acciones, “donde lo social debe asimilarse a la formación de una sociedad de negocios, industrial, comercial o financiera, como persona colectiva; una suerte de socialización de la categoría de capitalista en el marco de la sociedad capitalista, lo que nos remite a precisar que las llamadas ‘empresas sociales’, no se diferencian en nada, de cualquier otro emprendimiento privado por acciones”.

Por tanto, esta ley solo brinda un marco para cambiar de un dueño privado a otro, sin solucionar –ni específica ni estructuralmente- los problemas que llevaron a la empresa a quebrar en primer lugar. Si los dueños previos quebraron, ¿qué exactamente evitará que los nuevos dueños de la empresa corran la misma suerte?

Inversión, tecnología y productividad ausentes
El conocido economista y cientista político argentino, Aldo Ferrer, afirmaba que la ciencia, la tecnología y la innovación son los impulsores de la productividad, la transformación y el crecimiento.

Pero en Bolivia, la productividad padece “un rezago marcado”, según explicó hace meses la investigadora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), Beatriz Muriel, quien usando datos de los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial, estimó que para el año 2012, la productividad laboral en Bolivia representaba apenas el 37,5% de la del resto del mundo, y el 47,3% de la productividad laboral de las economías de América Latina y el Caribe.

Esto quiere decir que, “en promedio, un trabajador en Bolivia -en un periodo dado- produce cerca de una tercera parte de (lo que produce) la población ocupada mundial y cerca de la mitad de aquella (producida por la población ocupada) de América Latina y el Caribe”.

Ayllón tiene una lectura similar: “En Bolivia, en la industria, esta capacidad productiva no se asentó, ni en el pasado ni en el presente, en la innovación tecnológica, tampoco en una política racional de desarrollo de mercados; sino más bien, en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, por lo que la sobrevivencia de estas empresas sociales dependerá de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo propia”.

Por su parte, el economista boliviano y especialista en desarrollo, Iván Finot, advierte que las diferencias de ingresos entre países (incluido Bolivia) se deben “entre un 10 y un 30% a los recursos humanos -el aporte es mayor cuanto más calificados sean-, un 20% al capital físico y entre un 50 y un 70% a tecnología. La clave es la innovación pero en esto estamos en último lugar en América Latina”.

En efecto, el índice de Competitividad Global (ICG) elaborado por el Foro Económico Mundial -y que incluye aspectos como la capacidad de innovar, la calidad de las instituciones de investigación científica, el gasto de las empresas en Investigación y Desarrollo, entre otros-, sitúa a Bolivia en el puesto 121 entre 138 países.
Mientras el Ranking Mundial de Innovación 2017 -elaborado por la Universidad de Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)- sitúa a Bolivia apenas en el puesto 106 de 127.

El investigador del INESAD, Carlos Machicado, mirando más de cerca los indicadores del IGC resalta que “en el gasto de las empresas en investigación y desarrollo ocupa el puesto 134 y en colaboración en I&D entre universidades e industrias ocupa el puesto 136”.

Los sectores empresariales y distintos expertos advierten que la caída de las inversiones privadas en estos temas en los últimos años se debe a políticas como el doble aguinaldo, extorsiones tributarias y otras, que han obligado a que las empresas utilicen sus ahorros para esos fines, en vez de usarlos en este tipo de inversiones productivas, impidiendo su desarrollo y crecimiento, debilitándolas frente a las empresas extranjeras.

Por tanto, la solución no pasa por crear leyes de empresas sociales que transfieran empresas quebradas a los trabajadores, sino desarrollar políticas que impidan el quiebre de empresas, que las fortalezcan en términos de inversión, innovación y productividad. Recién entonces tendrá sentido castigar a empresarios “irresponsables”, o premiar a los trabajadores por su productividad.