El 1 de abril se instalará el juicio del caso Janeth Alegría
El juicio por el presunto feminicidio de la cabo, ascendida a sargento segundo, Janeth Alegría Rojas (27) se instalará el miércoles 1 de abril ante el Tribunal de Sentencia Ordinario de Villa Montes. En este proceso se investiga como principal autor al teniente Vladimir Herrera y al cabo...
El juicio por el presunto feminicidio de la cabo, ascendida a sargento segundo, Janeth Alegría Rojas (27) se instalará el miércoles 1 de abril ante el Tribunal de Sentencia Ordinario de Villa Montes. En este proceso se investiga como principal autor al teniente Vladimir Herrera y al cabo Roberto Quispe, como presunto cómplice del hecho.
Para el juicio, el juez que preside dicho tribunal, Adhemar Alcoba, ya emitió el mandamiento de comparendo para que se presenten los testigos presentados por la parte acusatoria.
Antecedentes
El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2018, cuando la cabo Alegría participaba de un operativo antinarcóticos de la UMOPAR en la zona de El Palmar, a 38 kilómetros de la ciudad de Villa Montes, en la ruta hacia la frontera con Paraguay.
La joven perdió la vida a causa de un disparo certero en la cabeza. Según la primera versión oficial, el balazo se lo habría propinado uno de los pasajeros de una vagoneta cuando los efectivos la detuvieron.
Posteriormente esta versión fue desmentida a raíz de varias contradicciones entre la declaración del resto de sus compañeros, entre los que se encontraba Herrera, quien fue el primer imputado.
Posteriormente, en junio del 2019 se determinó la ampliación de la imputación al cabo Quispe, por haber actuado en complicidad con Herrera, quien al momento permanece detenido preventivamente en Morros Blancos, mientras que su compañero ahora se encuentra recluido en la carceleta de El Palmar, también preventivamente.
Proceso legal
Los abogados de la familia de la víctima y los fiscales a cargo de la causa, durante la etapa preparatoria, señalaron haber recolectado suficiente evidencia para demostrar la culpabilidad del ex oficial, por lo que solicitarán en el juicio la pena máxima para el delito de feminicidio de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto.
Como parte de los elementos probatorios existe el extracto de las llamadas telefónicas y las contradicciones en los informes sobre los resultados de este operativo, que en realidad no figura en los registros oficiales de la institución.
De manera paralela a los diferentes actos investigativos, el hermano de la cabo denunció públicamente haber sido víctima de intimidación por parte de más de diez sujetos no identificados, quienes se habrían acercado para amenazarlo diciendo que no le conviene “seguir molestando con la investigación”, porque caso contrario “él y su familia van a sufrir las consecuencias”. Sin embargo, los familiares aseguran que buscarán justicia.
Para el juicio, el juez que preside dicho tribunal, Adhemar Alcoba, ya emitió el mandamiento de comparendo para que se presenten los testigos presentados por la parte acusatoria.
Antecedentes
El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2018, cuando la cabo Alegría participaba de un operativo antinarcóticos de la UMOPAR en la zona de El Palmar, a 38 kilómetros de la ciudad de Villa Montes, en la ruta hacia la frontera con Paraguay.
La joven perdió la vida a causa de un disparo certero en la cabeza. Según la primera versión oficial, el balazo se lo habría propinado uno de los pasajeros de una vagoneta cuando los efectivos la detuvieron.
Posteriormente esta versión fue desmentida a raíz de varias contradicciones entre la declaración del resto de sus compañeros, entre los que se encontraba Herrera, quien fue el primer imputado.
Posteriormente, en junio del 2019 se determinó la ampliación de la imputación al cabo Quispe, por haber actuado en complicidad con Herrera, quien al momento permanece detenido preventivamente en Morros Blancos, mientras que su compañero ahora se encuentra recluido en la carceleta de El Palmar, también preventivamente.
Proceso legal
Los abogados de la familia de la víctima y los fiscales a cargo de la causa, durante la etapa preparatoria, señalaron haber recolectado suficiente evidencia para demostrar la culpabilidad del ex oficial, por lo que solicitarán en el juicio la pena máxima para el delito de feminicidio de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto.
Como parte de los elementos probatorios existe el extracto de las llamadas telefónicas y las contradicciones en los informes sobre los resultados de este operativo, que en realidad no figura en los registros oficiales de la institución.
De manera paralela a los diferentes actos investigativos, el hermano de la cabo denunció públicamente haber sido víctima de intimidación por parte de más de diez sujetos no identificados, quienes se habrían acercado para amenazarlo diciendo que no le conviene “seguir molestando con la investigación”, porque caso contrario “él y su familia van a sufrir las consecuencias”. Sin embargo, los familiares aseguran que buscarán justicia.