Ueno: Una advertencia que Bolivia no debe ignorar

La crisis del banco paraguayo muestra cómo una gestión privada cuestionada puede terminar comprometiendo recursos públicos y ahorros previsionales

Dejando de lado el agravante de que el presidente del Paraguay Santiago Peña, electo en 2023, hubiera sido accionista y promotor hasta 2025, la crisis de Ueno Bank en Paraguay no es solamente la historia de una entidad financiera que perdió solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a su dinero. Es una lección sobre los límites del mercado, la responsabilidad del Estado y el peligro de convertir los ahorros de los trabajadores en instrumentos al servicio de decisiones políticas.

Durante años, los defensores más entusiastas del libertarismo han presentado al Estado como el problema y al mercado como una solución casi automática. Pero cuando una entidad privada crece de manera desordenada, concentra riesgos, concede créditos a empresas vinculadas y termina comprometida, las consecuencias no quedan encerradas en sus accionistas. En Paraguay, la crisis de Ueno ha puesto en riesgo depósitos de clientes y recursos públicos, incluidos fondos de cajas previsionales. El costo de una gestión privada cuestionada amenaza así con trasladarse a toda la sociedad.

Ese es el primer aprendizaje. La libertad económica no significa ausencia de reglas ni impunidad para quienes administran dinero ajeno. La empresa privada tiene derecho a emprender y obtener beneficios, pero también debe responder por sus decisiones. El Estado debe supervisar, prevenir abusos y proteger a los depositantes, no terminar asumiendo las consecuencias de riesgos que debió controlar. El mercado necesita regulación independiente, transparencia y responsabilidades claras. Sin ellas, el discurso de la eficiencia privada se convierte en una coartada.

El segundo aprendizaje es especialmente importante para Bolivia. Los fondos de pensiones no son dinero del Gobierno de turno: son ahorro de los trabajadores, acumulado durante décadas para financiar su jubilación. Cuando la administración de esos recursos queda concentrada en una entidad estatal y las decisiones de inversión carecen de suficiente control externo, se abre la posibilidad de que los intereses políticos se impongan sobre los criterios técnicos y la seguridad de los aportantes.

Lo que ha ocurrido en Paraguay demuestra que los riesgos de una administración discrecional de recursos previsionales no son una hipótesis abstracta. Pueden materializarse cuando no existen controles efectivos, límites claros y transparencia sobre las decisiones de inversión.

En Bolivia, la Gestora Pública administra los ahorros de los trabajadores y concentra decisiones que deben estar sometidas a una fiscalización mucho más exigente. ¿Quién decide dónde se invierte? ¿Con qué criterios? ¿Qué límites existen para la exposición a determinadas entidades o sectores? ¿Qué información reciben los aportantes y qué capacidad tienen los organismos de control para revisar esas operaciones? Son preguntas fundamentales que venimos planteando desde El País y que no pueden quedar reducidas a explicaciones técnicas reservadas a unos pocos funcionarios.

Los fondos necesitan rentabilidad para sostener las jubilaciones, pero esa rentabilidad debe buscarse con diversificación, evaluación rigurosa del riesgo, límites a las operaciones con partes vinculadas, transparencia y supervisión independiente. Ningún Gobierno debería tener capacidad discrecional para orientar esos recursos hacia bancos, empresas o proyectos por conveniencia política. La decisión debe responder al interés de los aportantes, no al del poder, pero la Gestora sigue sin conformar siquiera su propio Consejo.

La lección de Ueno no es que toda empresa privada sea sospechosa ni que el Estado deba intervenir en cualquier negocio. Es que ni el mercado puede funcionar sin reglas ni el Estado puede administrar recursos ajenos sin controles. Cuando falla la gestión privada, la sociedad puede terminar pagando; cuando falla la supervisión pública, también. Y cuando se combinan ambas cosas, el daño puede ser enorme.

Bolivia todavía tiene la oportunidad de aprender de una experiencia ajena sin tener que sufrir sus consecuencias. La Gestora debe transparentar sus inversiones, someterse a controles efectivos y demostrar que los ahorros previsionales están protegidos de cualquier interés político o empresarial. Los fondos son de los trabajadores. Su destino no puede depender de la discrecionalidad de ningún Gobierno.


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