Recuperar el gas sin atajos
La caída de las reservas probadas obliga a tomar decisiones. YPFB debe liderar la exploración y el Estado dejar de buscar excusas normativas para no hacer lo que todavía puede hacer
La certificación de reservas al cierre de 2025 debería terminar con cualquier discusión sobre la gravedad de la situación hidrocarburífera boliviana. Los 2,30 trillones de pies cúbicos de gas probados no son una cifra para celebrar ni un argumento para ganar tiempo. Son la confirmación de que el país ha consumido buena parte de su principal patrimonio energético sin reponerlo y que el modelo que debía garantizar nuevos descubrimientos ha fracasado.
Ahora aparecen los recursos contingentes, los prospectos exploratorios y los volúmenes potenciales. Son oportunidades que merecen atención, pero no deben confundirse con reservas disponibles. Un recurso que necesita perforaciones, inversiones, infraestructura y condiciones comerciales para convertirse en producción no puede presentarse como si ya estuviera en los tanques. La diferencia entre lo que existe con certeza y lo que podría existir es demasiado importante como para trampearla.
Bolivia necesita recuperar reservas. Y la primera responsabilidad debe asumirla YPFB. No puede limitarse a administrar contratos, presentar portafolios de prospectos o esperar que las empresas privadas resuelvan el problema. La estatal debe liderar la búsqueda de nuevos yacimientos, recuperar capacidad técnica, priorizar la exploración y establecer un programa sostenido de inversiones. Debe hacerlo directamente cuando tenga capacidad y asociada cuando necesite capital o tecnología. Pero debe conducir, no contemplar.
La exploración es una actividad de riesgo y de largo plazo. No todos los pozos tendrán éxito y no todos los descubrimientos serán comercialmente viables. Precisamente por eso se necesita planificación, continuidad y una empresa estatal capaz de asumir decisiones estratégicas. Esperar a que aparezca un inversor dispuesto a correr todos los riesgos mientras el Estado conserva todas las restricciones es otra forma de no hacer nada.
La inversión privada puede y debe tener un lugar en la recuperación del sector. Pero el Gobierno debe aclarar qué está dispuesto a cambiar para hacerla posible. La nueva Ley de Hidrocarburos anunciada puede actualizar contratos, incentivos y condiciones económicas. Sin embargo, no conviene venderla como una solución mágica. Si los principales obstáculos están en la Constitución Política del Estado, corresponde decirlo con claridad y asumir el debate político que eso implica.
Lo que no resulta aceptable es mantener al país en una espera indefinida. Si el Gobierno considera imprescindible modificar la CPE para construir un nuevo modelo energético, debe plantearlo de frente, con argumentos y transparencia. Si no tiene la voluntad política de abrir esa discusión, entonces debe dejar de utilizarla como explicación permanente y trabajar con las reglas que existen. Hay margen (poco) para ordenar la gestión, priorizar proyectos, fortalecer YPFB y ejecutar una política exploratoria dentro del marco vigente.
Intentar trampear el problema con cifras de recursos potenciales, anuncios de inversiones futuras o reformas legales que no resuelven los obstáculos de fondo es una salida suicida. El tiempo juega en contra: los campos maduros declinan, los mercados regionales cambian y los antiguos compradores buscan proveedores alternativos. Cada año sin exploración efectiva reduce las posibilidades de recuperar producción, ingresos fiscales y presencia energética.
Bolivia no necesita otra presentación de portafolios ni una nueva promesa de que el gas está bajo tierra. Necesita perforaciones, descubrimientos y reservas certificadas. YPFB debe ponerse al frente de esa tarea. El Gobierno, por su parte, tiene que decidir si va a cambiar las reglas de fondo o si finalmente va a utilizar las que tiene. Lo que ya no puede permitirse es seguir perdiendo tiempo.
