El negocio del bosque
La diplomacia climática pierde credibilidad cuando en casa se debilita la institucionalidad ambiental, se tolera la expansión extractiva y se descalifica a quienes defienden los territorios. Bolivia necesita una política ambiental, no solamente una estrategia para captar recursos
Las cumbres climáticas de Naciones Unidas se han convertido en escenarios cada vez más complejos. Allí se negocian compromisos indispensables para enfrentar el calentamiento global, pero también se despliega un enorme mercado de intereses empresariales y financieros. Fondos de inversión, intermediarios de bonos de carbono, consultoras, fabricantes de tecnologías y vendedores de patentes de las llamadas energías limpias compiten por posicionarse en una economía que mueve miles de millones. La protección del planeta convive así con una nueva oportunidad de negocio.
No hay que estar entre quienes niegan el cambio climático ni compartir las posiciones de Donald Trump o Javier Milei, que han cuestionado las políticas ambientales y los compromisos multilaterales, para descreer de la deriva tomada en este tipo de eventos. La crisis climática existe, sus consecuencias son cada vez más visibles y Bolivia, por su vulnerabilidad ecológica, tiene mucho que perder. Pero reconocer esa realidad no obliga a aceptar sin discusión cualquier mecanismo que se presente bajo la etiqueta de financiación verde.
La participación de Rodrigo Paz en la COP31 de Antalya fue orientada, como siempre, a captar recursos y posicionar a Bolivia como emisora de bonos de carbono. El propio mandatario ha hablado de convertir la conservación de los bosques en un negocio capaz de generar ingresos para el país. Buscar cooperación internacional es legítimo y necesario. Lo que debe discutirse es qué compromisos se adquieren, quién administra esos recursos, quién se beneficia y qué garantías existen para las comunidades y los territorios que supuestamente se busca proteger.
No todas las Cumbres son escenarios para mendigar apoyo y en la del Clima, precisamente, se trata de exigir con dignidad y soberanía reglas claras y responsabilidades a quienes hicieron del planeta un lodazal
Los bonos verdes y los mercados de carbono - especialidades empresariales por cierto del ministro de Medio Ambiente, Óscar Mario Jusiniano - no son una solución automática. Pueden financiar acciones de conservación, pero también crear dependencias, intermediaciones y derechos de explotación sobre activos naturales que pertenecen a un país y sostienen la vida de sus comunidades. Si la conservación termina reducida a una mercancía cuyo valor depende de compradores externos, Bolivia corre el riesgo de perpetuar su papel de proveedor de materias primas, ahora también de activos ambientales. No se trata de rechazar toda financiación, sino de evitar que el país venda su patrimonio natural sin construir capacidades propias, tecnología, conocimiento y una economía que genere valor agregado.
La contradicción más evidente, sin embargo, está dentro de nuestras fronteras. Mientras el Presidente habla en Turquía de proteger bosques y recibir recursos por conservarlos, su Gobierno mantiene una relación permisiva con sectores extractivos que reclaman cada vez más espacio. La minería, incluida la actividad ilegal, continúa planteando graves desafíos ambientales y de control estatal. En Tariquía, el propio Paz ha llamado «loquitos» a quienes cuestionan los proyectos hidrocarburíferos en la reserva. Y la reorganización del Ejecutivo terminó integrando las competencias ambientales en el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, subordinando su conducción política a una cartera cuya lógica central también es productiva.
No es una cuestión de nombres ni de organigramas. El desarrollo productivo y la protección ambiental pueden y deben complementarse, pero no tienen siempre los mismos intereses ni las mismas prioridades. Precisamente por eso se necesita una autoridad ambiental con jerarquía, autonomía técnica y capacidad efectiva para fiscalizar incluso las decisiones del propio Gobierno. Si quien debe poner límites a una actividad productiva depende de la misma estructura política encargada de promoverla, el conflicto de intereses resulta evidente.
Bolivia no puede acudir a las cumbres a ofrecer sus bosques mientras en casa relativiza la protección de sus reservas, ni buscar dinero por conservar ecosistemas mientras permite que la minería y otras actividades comprometan ríos, suelos y biodiversidad. Tampoco puede convertir a los defensores ambientales en obstáculos para el desarrollo. La conservación no es una extravagancia ni una concesión a organizaciones extranjeras: es una responsabilidad pública y una condición para cualquier futuro económico sostenible.
No todas las Cumbres son escenarios para mendigar apoyo y en la del Clima, precisamente, se trata de exigir con dignidad y soberanía reglas claras y responsabilidades a quienes hicieron del planeta un lodazal.
La transición ecológica no consiste en cambiar un negocio por otro ni en encontrar una nueva manera de vender nuestros recursos. Consiste en transformar la relación entre economía y naturaleza. Si Bolivia no hace ese trabajo dentro de sus fronteras, los bonos verdes serán apenas otra forma de financiar nuestra dependencia.
