Prevenir el fuego antes de que sea tarde
La Estrategia de Gestión Integral del Fuego para el Valle Central plantea un cambio necesario: pasar de la improvisación anual a una política sostenida de prevención, coordinación y recuperación. Ahora corresponde convertirla en compromisos, presupuesto y acciones verificables.
Tarija conoce demasiado bien el costo de los incendios forestales. Cada temporada seca pone en riesgo bosques, comunidades, cultivos y, sobre todo, las fuentes de agua del Valle Central. Después llegan las hectáreas quemadas, las brigadas agotadas y los pedidos urgentes de combustible y equipos. Pero la siguiente temporada suele encontrarnos otra vez reaccionando tarde.
Por eso merece respaldo la iniciativa impulsada por PROMETA y la Federación de Empresarios Privados de Tarija para construir una Estrategia de Gestión Integral del Fuego con horizonte hasta 2035. Su principal aporte es cambiar el enfoque: dejar de tratar cada incendio como un episodio aislado y reconocer un problema estructural que exige prevención, coordinación y recuperación de los ecosistemas.
Los datos del estudio muestran la dimensión del desafío. Entre 2001 y agosto de 2026, la cuenca del Guadalquivir acumuló más de 42.200 hectáreas quemadas. La Reserva Biológica Cordillera de Sama aparece como uno de los espacios más castigados: concentró más del 80% de la superficie afectada en los grandes incendios de 2002 y 2017. Además, se identificaron 194 puntos críticos de recurrencia, de los cuales el 79% está dentro de la reserva. No hablamos únicamente de árboles y paisaje. En Sama están cabeceras de cuenca esenciales para el abastecimiento de agua potable y el riego del Valle Central.
La propuesta acierta al plantear una gobernanza que no se active cuando el fuego ya está avanzando. Cercado, San Lorenzo, Uriondo y Padcaya, junto con la Gobernación, deben coordinarse antes de la temporada crítica, con responsabilidades definidas. Los incendios no respetan límites administrativos; la respuesta tampoco puede depender de la voluntad ocasional de una autoridad.
También es importante incorporar tecnología y conocimiento local. La vigilancia satelital y los protocolos de verificación comunitaria pueden reducir los tiempos de reacción, siempre que existan equipos, comunicaciones y recursos para intervenir. Una alerta que nadie puede atender no es prevención. Del mismo modo, ordenar el manejo de residuos agrícolas, limitar intervenciones que aceleran la erosión y promover cortafuegos adecuados puede evitar que actividades habituales terminen convertidas en focos de desastre.
La estrategia incluye una dimensión relegada: qué hacer después del incendio. Las lluvias pueden arrastrar cenizas y sedimentos hacia quebradas, embalses y tomas de agua. La recuperación de suelos y la protección hídrica deben comenzar de inmediato. Proteger Sama significa proteger el agua que llega a hogares y unidades productivas.
Sin embargo, el valor del documento no estará en su presentación ni en la cantidad de instituciones que aparezcan en una fotografía. Su prueba será traducirse en un plan operativo hasta mayo de 2027, con presupuesto, cronograma, responsables, equipamiento y mecanismos públicos de seguimiento. La Gobernación y los municipios deben asumir compromisos medibles. Otros actores pueden aportar conocimiento y vigilancia, pero la responsabilidad pública no puede diluirse.
Tarija no puede seguir empezando de cero cada junio ni esperar a que las llamas alcancen la reserva para descubrir que faltan cisternas, combustible, herramientas o coordinación. La prevención cuesta, pero la emergencia mucho más: en salud, producción, biodiversidad y agua.
La Estrategia de Gestión Integral del Fuego ofrece una oportunidad para romper ese ciclo. Respaldarla significa exigir que se convierta en política pública, con continuidad institucional. El fuego no espera a que las instituciones se pongan de acuerdo. Tarija tampoco puede permitirse seguir llegando tarde.
