El 50-50 no puede seguir en promesas
La descentralización necesita recursos, reglas claras y resultados. Mientras la agenda 50-50 no resuelve los asuntos pendientes, abrir nuevas discusiones sobre competencias posterga la respuesta que esperan gobernaciones y alcaldías.
Bolivia lleva demasiado tiempo hablando de descentralización sin resolver cómo financiarla. La agenda del 50-50 abrió una oportunidad para distribuir mejor los recursos públicos y fortalecer a los gobiernos subnacionales, pero los asuntos pendientes se acumulan mientras aparecen nuevas propuestas de transferencia de competencias. El debate se amplía, pero los resultados siguen sin concretarse.
Las gobernaciones y alcaldías necesitan mejores condiciones para cumplir sus responsabilidades. Las limitaciones presupuestarias comprometen inversiones y servicios, mientras las obligaciones crecen. No se trata de pedir dinero sin condiciones: la descentralización es ficticia si las competencias no vienen acompañadas de financiación estable y proporcional a sus costos.
Por eso preocupa que, en vez de cerrar los asuntos centrales de la agenda 50-50, se abran discusiones sobre el traspaso de responsabilidades educativas u otras funciones. Cada competencia exige calcular costos, definir quién administra y garantizar que el servicio no se deteriore. Si esos requisitos no están resueltos, transferir atribuciones puede convertirse en una forma de trasladar la escasez de una institución a otra, sin mejorar la atención a la ciudadanía.
La autonomía no consiste en descentralizar problemas ni multiplicar oficinas. Consiste en acercar decisiones a la población y dar capacidad real a las autoridades territoriales. Para eso hacen falta recursos previsibles, responsabilidades claras y controles transparentes. Sin ese equilibrio, la autonomía se convierte en una disputa sobre quién debe pagar y responder.
El Gobierno nacional también tiene una responsabilidad ineludible. En un escenario de estrechez fiscal, no basta con afirmar que no hay recursos para distribuir. Debe revisar sus propios gastos, eliminar duplicidades, priorizar inversiones y reducir estructuras o programas que no producen resultados suficientes. La eficiencia no puede consistir únicamente en pedir sacrificios a las regiones y a la ciudadanía mientras el gasto nacional queda fuera de una revisión rigurosa.
Una distribución eficiente exige mirar las finanzas públicas en conjunto: qué recauda cada nivel, qué funciones cumple, cuánto cuestan y qué resultados obtiene. También debe compensar las diferencias entre territorios, que no tienen la misma capacidad económica ni las mismas necesidades. La fórmula no debe premiar la ineficiencia, pero tampoco condenar a los departamentos y municipios con menos ingresos a prestar servicios de peor calidad.
La agenda 50-50 debe ordenar esa discusión y convertirla en acuerdos verificables. El país necesita saber qué compromisos siguen pendientes, qué recursos hay y cuáles son los plazos. Las autoridades territoriales deben presentar propuestas responsables; el nivel central, negociar con datos y no administrar expectativas.
No es sensato abrir nuevos frentes de descentralización mientras los problemas financieros de los gobiernos subnacionales siguen sin respuesta. Primero hay que cerrar los temas abiertos, definir una distribución sostenible de recursos y garantizar que las competencias actuales puedan cumplirse. Después, con evaluaciones y financiación asegurada, podrá debatirse qué otras funciones conviene transferir.
Bolivia no necesita más anuncios que compitan entre sí, sino un Estado que haga mejor uso de cada boliviano recaudado. Fortalecer a gobernaciones y municipios no significa debilitar al Gobierno central: significa distribuir mejor el trabajo, acercar las decisiones y mejorar los servicios. El 50-50 será una reforma real cuando deje de ser una consigna y se traduzca en recursos, responsabilidades claras y resultados medibles para la gente.
