Autonomía educativa, pero con garantías
Las suspicacias del Magisterio no pueden despacharse como una maniobra política, pero tampoco deben impedir el debate sobre una descentralización bien financiada. Si el Estado vuelve a equivocarse en la distribución de responsabilidades, el mayor perjudicado será el estudiante
La movilización del Magisterio Urbano contra una posible transferencia de competencias educativas a las gobernaciones vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Bolivia no puede eludir: cómo descentralizar el Estado sin debilitar los servicios públicos. La autonomía es necesaria, pero no consiste en trasladar obligaciones de una administración a otra y esperar que los problemas se resuelvan por proximidad geográfica. Para que funcione, debe venir acompañada de recursos suficientes, reglas claras y garantías de continuidad.
Es comprensible que los maestros desconfíen. No existe todavía un documento oficial que permita conocer con precisión el alcance de la propuesta, sus mecanismos administrativos o sus consecuencias sobre el escalafón, la estabilidad laboral y el pago de salarios. En esas condiciones, pedir confianza sin explicar primero qué se pretende transferir y cómo se financiará resulta poco razonable. Las declaraciones del Ministerio de Educación, que reduce el alcance de la iniciativa a los institutos técnicos superiores, tampoco despejan todas las dudas mientras no exista una propuesta concreta que pueda ser examinada.
El Gobierno debe entender que la desconfianza no aparece de la nada. Las relaciones con el Magisterio arrastran conflictos salariales y compromisos que no han satisfecho las expectativas del sector. A ello se suma el temor a que las restricciones fiscales y las recetas de ajuste terminen convirtiendo la descentralización en una forma de reducir el gasto nacional a costa de administraciones territoriales con menos capacidad financiera. No es inevitable que eso ocurra, pero tampoco basta con asegurar que las transferencias irán acompañadas de recursos: hay que demostrarlo.
Las gobernaciones, por su parte, tienen motivos para la cautela. Sus presupuestos están tensionados y muchas apenas consiguen sostener las competencias que ya administran. Añadir nuevas responsabilidades sin una estimación realista de sus costos puede comprometer servicios existentes y generar una disputa permanente entre niveles de gobierno. La autonomía no puede ser una transferencia de problemas ni una manera de descargar obligaciones nacionales sobre instituciones que no cuentan con ingresos suficientes para asumirlas.
La experiencia de los Servicios Departamentales de Salud ofrece una advertencia. El Sedes funciona como una estructura de articulación entre el Gobierno nacional y las gobernaciones, pero la distribución de responsabilidades, la contratación de personal y la asignación de ítems muestran las dificultades de un sistema en el que las decisiones y el financiamiento no siempre están alineados. La creación de puestos con recursos departamentales permitió cubrir necesidades, pero también dejó interrogantes sobre su sostenibilidad. Y cuando el Ministerio contrata directamente al margen de la estructura departamental, la coordinación se debilita todavía más.
No sería razonable reproducir esas ambigüedades en la educación. Si los institutos técnicos superiores o las escuelas de música pasan a depender de las gobernaciones, debe establecerse quién paga, quién contrata, quién administra, quién supervisa y quién responde cuando algo falla. También debe garantizarse que los salarios se paguen puntualmente, que se respete el escalafón y que las decisiones administrativas no se conviertan en instrumentos de presión política. Antes de transferir competencias, corresponde aclarar además su compatibilidad con la Constitución y la legislación educativa vigente.
Sin embargo, la discusión no debería quedar atrapada entre la resistencia sindical y la urgencia fiscal del Gobierno. Una descentralización bien diseñada puede acercar las decisiones a las necesidades de cada departamento, mejorar la planificación y permitir respuestas más adecuadas a las realidades locales. Eso exige diálogo, información pública, evaluación de costos y mecanismos de coordinación que eviten duplicidades. La autonomía no debe descartarse por los errores de otras experiencias, pero tampoco puede venderse como solución automática.
En medio de este pulso hay una realidad que no debería perderse de vista: cada jornada sin clases afecta a niñas, niños y jóvenes, especialmente a quienes tienen menos alternativas para recuperar el aprendizaje perdido. El derecho a la protesta debe respetarse, pero también debe reconocerse que el conflicto entre adultos, por legítimas que sean sus preocupaciones, termina trasladando una parte importante de su costo a los estudiantes.
Por eso, el Gobierno debe presentar la propuesta por escrito y abrir una negociación transparente con el Magisterio y las gobernaciones. No se trata de imponer una transferencia ni de cerrar la puerta a cualquier cambio, sino de demostrar que el nuevo modelo mejorará la educación y no trasladará sus precariedades. Bolivia necesita autonomía, sí, pero con financiamiento sostenible, responsabilidades definidas y garantías verificables. Si no puede ofrecerlas, la descentralización será apenas otro nombre para el abandono. Y, una vez más, quienes pagarán la factura serán los estudiantes.
