La administración de las visas y la soberanía

La segunda lista de bolivianos a quienes Estados Unidos restringe la visa provocó menos sorpresa que la primera, pero no menos preguntas ni esa sensación de “chantaje” al percibir que quedan nombres por hacerse públicos y que, por lo que sea, la embajada los sincroniza a quién sabe qué intereses.

Se habló de 40, la primera tuvo 13, esta vez son quince nombres: dos diputados, el exfiscal general Juan Lanchipa, fiscales, jueces, policías y otros funcionarios. La primera provocó la salida de Roger Mariaca como Fiscal General tras un cambio normativo fulminante. Ahora se pide apartar al diputado Rafael López, fiscales señalados son suspendidos y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, renuncia a sus cargos.

Cada caso debe examinarse con seriedad, pero hay una distinción elemental: que Washington restrinja una visa no equivale a una sentencia penal ni demuestra por sí solo la culpabilidad de nadie. Estados Unidos puede decidir quién ingresa a su territorio y reservarse la información que sustenta una decisión migratoria. Son decisiones políticas. Bolivia, en cambio, tiene la obligación de investigar con sus instituciones, reunir pruebas, respetar el debido proceso y establecer responsabilidades conforme a su ley. Ni la lista reemplaza a la Fiscalía ni el rechazo a la injerencia extranjera puede ser excusa para no investigar.

El problema más revelador está en otra parte. ¿Cómo puede el sistema político y judicial trabajar codo a codo con determinadas autoridades, invitarlas a actos, reconocerlas públicamente y confiarles responsabilidades, para que de pronto parezcan sospechosas apenas sus nombres aparecen en una comunicación estadounidense? Si había indicios, ¿por qué no se investigaron antes? Si no los había, ¿por qué una decisión política extranjera basta para precipitar renuncias, suspensiones y exigencias de destitución? Queda expuesta una falla grave: o no se quiso ver lo que había que investigar, o se reacciona sin distinguir una sanción migratoria de una prueba judicial.

La exigencia de Jorge Tuto Quiroga y del gobernador cruceño Juan Pablo Velasco de apartar a Rafael López de Diputados ilustra esa tensión. López es jefe de bancada y sobrevivió incluso al bochorno de dar una entrevista en estado de ebriedad. La representación pública exige estándares éticos rigurosos y explicaciones claras; ningún cargo debe ser refugio frente a sospechas fundadas, pero tampoco corresponde convertir una lista extranjera en veredicto automático. Hay que activar los mecanismos legales y verificar antecedentes, garantizando el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

La obsecuencia aparece cuando se trata la palabra de una potencia como una orden; la hipocresía, cuando quienes ayer no veían motivos para actuar descubren de pronto una urgencia moral. La falta de soberanía se manifiesta cuando el Estado parece incapaz de identificar y corregir sus problemas hasta que otro país publica nombres. Ser soberano no significa defender a cualquier funcionario señalado ni descalificar toda información externa. Significa tener instituciones capaces de actuar por cuenta propia, con independencia y transparencia.

El Gobierno y los órganos de justicia deben explicar qué investigaciones se abrieron, qué evidencias existen y qué procedimientos se aplicarán. Las suspensiones y renuncias no pueden reemplazar la investigación ni permitir que el escándalo se agote cuando cambie el ciclo informativo.

Bolivia necesita limpiar sus instituciones, especialmente las encargadas de investigar el narcotráfico y administrar justicia, pero esa tarea no puede quedar tercerizada en Washington y mucho menos condicionada: la lista es política y la administración de su publicación todavía más. El Gobierno debería explicar cómo y cuánto participa de esa decisión, cuál es su criterio unívoco e incluso anticiparse a la publicación de una tercera lista, pues según datos de la Embajada, quedan al menos siete nombres. La mera sospecha de que esos nombres se utilizan como mecanismo de extorsión deja mal parado a todo el gobierno, cuya reacción ha sido distinta en cada uno de los casos.

Que una lista extranjera encienda las alarmas debería avergonzarnos menos por la nacionalidad de quien la publica que por la incapacidad propia que revela. El verdadero examen de soberanía empieza ahora: investigar sin selectividad, probar antes de condenar y demostrar que la ley boliviana puede actuar sin esperar la señal de ningún gobierno extranjero.