Contar bien para decidir mejor
Después de trece años, Bolivia vuelve a mirar de cerca su realidad agropecuaria. El éxito del censo no dependerá solo de llegar a cada comunidad, sino de que los productores confíen, respondan con veracidad y reciban, a cambio, políticas públicas construidas sobre información útil
Un país que no conoce con suficiente precisión lo que produce difícilmente puede planificar lo que necesita. Puede anunciar programas de apoyo, distribuir recursos, prometer soberanía alimentaria o diseñar estrategias de exportación, pero sin información actualizada corre el riesgo de tomar decisiones a ciegas. Por eso, la realización de un nuevo Censo Agropecuario, trece años después del anterior, es una oportunidad que Bolivia no debería desaprovechar.
El sector agropecuario ha cambiado durante este tiempo. Se han transformado los mercados, los costos de producción, las tecnologías, las condiciones climáticas y las relaciones entre las distintas regiones productivas. También han cambiado las necesidades de los agricultores, los ganaderos y las comunidades campesinas e indígenas. Saber cuánto se produce, dónde, en qué condiciones y con qué limitaciones es indispensable para que las políticas públicas respondan a la realidad y no a una fotografía antigua del país.
Sin embargo, levantar información no equivale automáticamente a conocer mejor. Un censo puede movilizar equipos, recorrer miles de kilómetros y llenar formularios sin conseguir su propósito si los datos que recoge son incompletos, imprecisos o deliberadamente distorsionados. La calidad de sus resultados depende tanto de la capacidad técnica del Instituto Nacional de Estadística como de la colaboración de quienes abren sus propiedades y comparten información sobre sus actividades.
En ese punto, la confianza es decisiva. El INE ha explicado que el operativo tendrá empadronadores de los propios municipios y comunidades, una estructura de supervisión y formularios digitales destinados a reducir errores. Son medidas razonables, pero deben acompañarse de una comunicación clara y de garantías verificables sobre el uso de la información. Los productores necesitan saber qué se les pregunta, para qué se utilizarán sus respuestas, quién podrá acceder a ellas y qué protección tendrán sus datos.
La advertencia es especialmente importante en un país donde la relación entre el Estado y el productor no siempre ha estado marcada por la certidumbre. El temor a que la información termine utilizándose para fines tributarios, disputas sobre la propiedad o nuevas obligaciones puede inducir a ocultar datos o a declarar menos de lo que realmente se produce. Esa conducta perjudica al propio productor, pero también al conjunto de la sociedad. Una estadística construida sobre el recelo puede terminar justificando políticas equivocadas, distribuyendo mal los recursos o dejando fuera de los programas a quienes más los necesitan.
Por eso, el compromiso institucional debe ser inequívoco: los datos recogidos para fines estadísticos deben protegerse y utilizarse conforme a la ley y a los objetivos declarados del censo. La confidencialidad no puede descansar únicamente en la palabra de un funcionario. Debe estar respaldada por procedimientos, controles y una explicación transparente de las garantías que protegen a cada participante. La confianza se pide, pero también se merece.
El desafío tiene una dimensión particularmente relevante para Tarija. El censo de 2013 registró 41.539 unidades de producción agropecuaria en el departamento y mostró una fuerte concentración de la superficie censada en la provincia Gran Chaco. Aquella información permitió establecer una referencia, pero ya no basta para comprender la estructura productiva actual ni para evaluar con rigor los resultados de los programas de apoyo al campo. La nueva medición puede ayudar a determinar qué ha cambiado, qué actividades han ganado o perdido peso y dónde persisten las mayores limitaciones.
También puede contribuir a responder preguntas que no deberían resolverse mediante impresiones o discursos: qué impacto han tenido iniciativas como el Prosol y el Fondo Rotatorio, qué necesidades de infraestructura y asistencia técnica existen, dónde se requiere mejorar el acceso al agua y qué oportunidades tienen los pequeños productores para integrarse a mercados más rentables. Para ello, el censo debe ofrecer información desagregada, comparable y accesible, sin confundir la publicación de grandes volúmenes de cifras con su verdadera utilidad.
La responsabilidad es compartida. El INE debe garantizar rigor metodológico, cobertura, supervisión y resultados oportunos. Las gobernaciones, los municipios, las universidades y las organizaciones productivas pueden ayudar a explicar el operativo y acercarlo a las comunidades. Y los productores deben comprender que responder con honestidad no significa entregar una ventaja al Estado, sino contribuir a construir una base de conocimiento que también les pertenece como ciudadanos.
Después de trece años, Bolivia no necesita simplemente contar sus unidades agropecuarias. Necesita saber cómo está produciendo, qué obstáculos enfrenta y hacia dónde puede avanzar. Si el censo se hace bien, sus datos pueden orientar inversiones, mejorar la distribución de los recursos y fortalecer la seguridad alimentaria. Si se hace mal, el país tendrá que seguir decidiendo con información incompleta. Confiar y responder con veracidad es el primer paso; demostrar que esos datos sirven para mejorar la vida y la producción será la prueba definitiva de que el esfuerzo valió la pena.
