Cautela por los “tapados” de la lista de vetados por EEUU

La comunicación de la Embajada de Estados Unidos no se puede considerar precisamente “precisa”. Desde su cuenta oficial ha lanzado diferentes cifras sobre los “vetados” por Estados Unidos desde que en septiembre publicara los primeros 15 nombres y desatara una de las peores crisis de estabilidad y soberanía nacional en el país, que se llevó por delante al entonces Fiscal General del Estado Roger Mariaca y propiciara un cambio de norma para nombrar a un interino, Armando Urioste. Lo propio ha hecho el subsecretario de Estado Cristopher Landau, que además ayudó a matizar que hay gente a la que se le quita la visa y gente a la que se le prohíbe la entrada, porque no tiene visa.

En ambas listas hay de los dos tipos, por lo que el criterio para dar a conocer unos nombres y otros no es incierto. El vicepresidente Edmand Lara señaló que en septiembre al menos quedaron en el tintero siete nombres de siete autoridades. Lo cierto es que en aquel comunicado Marco Rubio – el secretario de Estado de Estados Unidos - habló de 40, y con los 13 de ayer se alcanzarían 28; pero en otro momento se señaló que había nueve vetados de ingreso cuyo nombre no se ha hecho público, con lo que seguirían faltando tres, aunque en otro momento se hizo referencia a veinte más… El vicepresidente Edmand Lara dijo ayer que elevaría las consultas y pediría los expedientes de todos los vetados para poder obrar en consecuencia.

Cabe recordar en este punto que la retirada de visa o el veto de entrada es una decisión política y no necesariamente una consecuencia resultante de una investigación o proceso judicial. La publicación o no de los nombres depende del criterio de oportunidad política, y de ahí el hecho de que se disparen rumores y señalamientos.

El gobierno de Paz

Uno de los asuntos más observados ayer fue precisamente el cambio de tono con la segunda lista respecto a la primera. Aunque no se operó la detención de Mariaca y el resto de fiscales el mismo día, el tono fue de reproche. Ayer el propio presidente “trivializó” el tema que hace unas semanas fue trascendental: “Hoy día ha salido una famosa lista, salen listas, salen una serie de anuncios. Y la política centraliza una serie de atenciones en la vida de los bolivianos”. Después compareció el vocero José Luis Gálvez para asegurar que “No habrá blindaje para nadie, el cargo no protege, la influencia no protege y el uniforme no protege. Este Gobierno no encubre, no protege y no negocia impunidad” mientras que el ministro Marco Antonio Oviedo – que Lara puso en la diana al asegurar que no tiene entrada en EEUU – y la Fiscalía hablaron esta vez de “investigar”, eso sí, mientras se instaba a la renuncia tanto en el Ministerio Público como en los Tribunales.

Nombres y grupos

Entre la primera y la segunda lista se identifican tres grandes grupos de “desvisados”: los jueces y fiscales; los policías y personal específicamente vinculada con la lucha contra el narcotráfico y otros funcionarios vinculados a Migración, Identificaciones o Aduanas ubicados en puestos clave. En estos grupos cabe hacer referencia al momento de la posesión: en el caso de jueces y fiscales la mayor parte ya ocupaba sus cargos cuando el nuevo gobierno fue posesionado; en el caso de la Policía fueron removidos y en algunos casos, ascendidos, mientras que en el caso de los funcionarios fueron, en su mayoría, posesionados por el nuevo gobierno.

Jueces y magistrados: Israel Campero, magistrado constitucional de alcance nacional; Iván Ramiro Campero, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Albania Caballero Saavedra, jueza anticorrupción; Rosario Flores Paniagua, jueza de instrucción penal; Rodrigo Vedia Espinoza, juez público mixto; Aldo Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; José Ayaviri Siles, exjuez de un tribunal penal; y Julio Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. La mayor parte ejerce en el departamento de Santa Cruz.

Fiscales: Roger Mariaca, exfiscal general del Estado; Martín Daniel Irusta, fiscal superior; Alberto Zeballos Flores, exfiscal departamental de Santa Cruz; Álvaro Nava Morales, fiscal superior; Juan Lanchipa Ponce, exfiscal general del Estado; Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni; Julio César Porras Velarde, fiscal de sustancias controladas de Santa Cruz; y Armando Rojas Toledo, exfiscal coordinador de La Paz.

Policías: Frans Cabrera, coronel de la primera lista, aparece junto a Fernando Velasco y Freddy Pereira en la segunda. Los dos últimos están vinculados con la seguridad aeroportuaria de Viru Viru y la dirección de la FELCN, respectivamente.

Funcionarios: Alberto Soto de la Vía, expresidente de la Aduana nombrado por Paz, figura en la primera lista; Katherine Calderón, exdirectora de Migración, y Óscar Ortiz, responsable departamental del Segip en Santa Cruz, aparecen en la segunda. Diego Barboza, exdirector de la UIF, nombrado en enero de 2026 y ex abogado del ministro Óscar Mario Justiniano, completa la lista.

Además, hay tres políticos: el exministro de Justicia Iván Lima de la primera lista; el diputado de Libre Rafael López Mercado y el de Alianza Popular Rolando Pacheco Chávez. También un empresario privado: José Luis Iriarte Cussi y un “ciudadano particular” Rony Suárez Milliet.

El hilo

De momento reina la cautela y apenas Lara ha tirado algunos nombres al frente: se refirió al mayor Fernando Ronald Velasco Solís que según su información formaría parte de los “Golden Boys” que conspiraron contra el excomandante de la Policía Mirko Sokol según denunció unas semanas antes de ser relevado; además deslizó que el ministro de Gobierno no tiene autorizada la entrada a Estados Unidos; no entró a las preguntas de los periodistas sobre el papel de Óscar Mario Justiniano y sobre los vínculos del exfiscal general Juan Lanchipa con Gerardo Balderas “Yo había denunciado también la corrupción de Gerardo Balderas, ¿no? Que por cierto es familiar del exfiscal general, porque da la casualidad que la esposa de Balderas viene a ser la sobrina del exfiscal general, que es hija de un excomandante departamental de la Policía, el coronel Lanchipa, que era que en ese entonces, cuando yo todavía era miembro de la Policía Boliviana, él fungía como comandante departamental de Santa Cruz. Entonces, han tenido cuestionamientos estos la familia Lanchipa, de esa manera se beneficia Gerardo Balderas”.