La Cainco reactiva la Ley de Inversiones: límite en la CPE

La Ley de Inversiones vuelve a la agenda legislativa, esta vez impulsada por el empresariado cruceño con una propuesta más breve y liberal que la presentada por el Gobierno, que pretendía cierto equilibrio entre el control estatal y la iniciativa privada. La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) busca que la Asamblea apruebe su proyecto hasta diciembre, pero la iniciativa tropieza con los mismos límites que ya habían frenado el debate: varios de los principales obstáculos para atraer capitales están inscritos en la Constitución Política del Estado (CPE).

El presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, se reunió ayer con los titulares de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, para socializar la propuesta. La entidad plantea una ley precisa, de 30 artículos, que establezca reglas claras y facilite la llegada de inversiones nacionales y extranjeras. Antelo también anunció reuniones con el Ministerio de Economía y pidió acelerar el tratamiento para que la norma sea aprobada antes de fin de año.

El calendario no es casual. Cainco quiere que la ley acompañe la estabilización económica y esté aprobada cuando Bolivia deba afrontar la evaluación para un segundo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), previsto para finales de año. Para Antelo, el financiamiento externo compra tiempo, pero no sustituye las reformas necesarias para generar confianza, elevar la productividad y crear empleo.

Una propuesta más liberal

El proyecto empresarial contempla un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), beneficios tributarios, flexibilización de las condiciones laborales, garantías para los inversionistas, mecanismos de arbitraje para controversias comerciales y el restablecimiento de zonas francas industriales. Cainco sostiene que una norma concisa puede funcionar como paraguas para futuras reformas en hidrocarburos, minería y energía.

La iniciativa difiere del proyecto gubernamental de 103 artículos, presentado en agosto por el entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. Aquella propuesta buscaba ordenar la normativa, crear un Sistema Nacional de Inversiones y ofrecer previsibilidad para atraer capitales, sin alterar la titularidad estatal de los recursos naturales ni las reservas constitucionales.

La Asamblea devolvió inicialmente el proyecto oficial por una cuestión formal, pero el debate no avanzó al ritmo previsto. Después, la discusión sobre la reforma parcial de la Constitución ganó espacio y desplazó la urgencia de una ley que, por sí sola, no puede modificar disposiciones de rango constitucional.

Los candados siguen ahí

El diputado Carlos Alarcón ya advirtió en agosto que varias garantías reclamadas por los inversores requieren modificar la CPE. Su propuesta de reforma parcial busca retirar o cambiar disposiciones que considera restricciones al capital privado, tanto en el modelo económico como en el sistema judicial. El planteamiento incluye cambios a artículos vinculados con la inversión extranjera, los recursos estratégicos y las controversias entre el Estado y las empresas.

Entre los puntos más sensibles están los artículos 320 y 366. El primero establece que la inversión extranjera está sometida a la jurisdicción, las leyes y las autoridades bolivianas, y restringe que empresas extranjeras invoquen situaciones de excepción o recurran a reclamaciones diplomáticas. El segundo dispone que las empresas extranjeras que desarrollen actividades en la cadena de hidrocarburos no pueden invocar situaciones de excepción ni recurrir a tribunales o instancias arbitrales extranjeras.

Una ley ordinaria puede establecer incentivos, simplificar trámites y ordenar procedimientos, pero no puede dejar sin efecto esas disposiciones. Por eso, el arbitraje internacional y ciertas garantías frente a decisiones estatales no dependen solo de la voluntad del Legislativo: requieren resolver primero —o en paralelo— el debate constitucional.

La reforma que compite con la ley

El pulso político se concentra ahora en cómo y cuándo cambiar la Constitución. Alarcón propuso tramitar en paralelo la reforma parcial y las leyes estructurales, mientras otros planteamientos apuntan a modificar un número más amplio de artículos. El procedimiento exige mayorías calificadas y un referendo, por lo que no ofrece una solución inmediata.

En cualquier caso, la Constitución prohíbe iniciar la discusión de una reforma constitucional en periodo de Estado de Excepción, como el que actualmente rige en Bolivia luego de que se extendiera en septiembre sin que hubiera amenazas públicas. En ese sentido, la discusión recién empezaría en el primer semestre de 2027, aunque al cambiar de año también se puede volver a dictar un nuevo Estado de Excepción.

Cainco, por su parte, insiste en que Bolivia no puede postergar las reformas hasta el próximo año. La entidad considera que la ley debe ser el primer paso para recuperar la confianza, atraer capitales y generar actividad económica. Pero el apuro empresarial no elimina la dificultad jurídica ni garantiza que los legisladores logren un consenso sobre los cambios de fondo.

La discusión también plantea una cuestión institucional: aprobar una ley rápida no equivale necesariamente a ofrecer seguridad jurídica. Si las garantías centrales chocan con la Constitución o quedan expuestas a impugnaciones, el marco normativo puede terminar bloqueado en los tribunales o sometido a nuevas modificaciones.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en elegir entre el proyecto del Gobierno y el de Cainco. La Asamblea deberá determinar qué medidas pueden aprobarse mediante una ley ordinaria, cuáles requieren cambios constitucionales y cómo evitar que los incentivos se conviertan en privilegios sin controles ni resultados verificables.

La Ley de Inversiones vuelve a moverse, pero el obstáculo central permanece: sin resolver los límites constitucionales, una norma más liberal puede ofrecer señales a los inversores, aunque no necesariamente las garantías estructurales que buscan