Mariaca, Bolivia y los procedimientos

Nadie debería pedirle a Bolivia que mire hacia otro lado cuando existen acusaciones como las que pesan sobre Roger Mariaca. Si el Gobierno tiene pruebas de que el Fiscal General del Estado protegió a organizaciones dedicadas al narcotráfico, recibió dinero, facilitó operaciones criminales o utilizó su cargo para favorecer a delincuentes, esas pruebas deben ser presentadas ante un juez. Si se comprueban los delitos, corresponde la sanción más severa que establezca la ley. Precisamente por eso no debería haber sido necesario tomar atajos.

Lo ocurrido esta semana deja demasiadas preguntas sobre el procedimiento. La Fiscalía presentó una imputación formal contra Mariaca por tráfico de sustancias controladas y organización criminal y solicitó su detención preventiva. Al mismo tiempo, la Asamblea modificó la Ley del Ministerio Público para habilitar la suspensión definitiva del Fiscal General ante una imputación formal por determinados delitos y luego procedió a apartarlo del cargo.

El problema no es que Mariaca deje de ser Fiscal General si existen razones legales para ello. El problema es que el país termine aceptando como normal que una imputación, antes incluso de que un juez determine medidas cautelares y mucho antes de una sentencia, pueda convertirse en la vía para terminar el mandato de una autoridad elegida por la propia Asamblea. No es una cuestión menor.

El Tribunal Constitucional ya estableció en 2012, al analizar una situación distinta pero jurídicamente relacionada, que suspender a una autoridad como consecuencia de una acusación formal podía convertirse en una sanción anticipada fundada en una presunción de culpabilidad, incompatible con la presunción de inocencia y el debido proceso. La imputación es incluso una figura anterior. Mariaca pierde el cargo sin haberse sentado siquiera ante un juez. La jurisprudencia puede y debe discutirse a la luz de las nuevas circunstancias y de la nueva norma. Pero no puede simplemente ignorarse.

En este contexto, cabe analizar el rol jugado por Estados Unidos. Washington tiene todo el derecho de negar visas, imponer sanciones y decidir con quién coopera. También tiene derecho a compartir información de inteligencia con Bolivia. La cooperación internacional contra el narcotráfico es necesaria y puede ser muy útil. Pero una cosa es cooperación y otra muy distinta es supervisión.

En estos días, Estados Unidos no solamente revocó visas a funcionarios bolivianos sino que ejerció una suerte de tutelaje que, en el mediano plazo, le pasará factura al gobierno.

Bolivia tiene que ser capaz de investigar a sus propios funcionarios, perseguir a sus propios narcotraficantes y llevar sus propios procesos judiciales sin necesitar que Washington señale primero a los sospechosos para que el aparato estatal se ponga en movimiento. La justicia boliviana no puede convertirse en una extensión de ninguna agencia extranjera.

Tampoco puede convertirse en una herramienta del Gobierno de turno. El país necesita saber qué ocurrió realmente con Mariaca. Necesita saber qué relación tuvo con Marset, qué decisiones tomó cuando era fiscal departamental, qué dinero pudo haber recibido, quiénes participaron y qué responsabilidades existen. Todo eso debe investigarse hasta el final, pero precisamente porque las acusaciones son graves, necesitamos un proceso igualmente sólido.

Una democracia no demuestra su fortaleza cuando consigue encarcelar rápidamente a alguien señalado. La demuestra cuando es capaz de investigar a alguien poderoso, presentar pruebas, garantizar su defensa, escuchar a un juez y llegar a una conclusión que pueda sostenerse jurídicamente.

No defendemos a Mariaca. Defendemos la necesidad de que, cuando mañana otro fiscal, otro ministro, otro gobernador, otro senador o incluso un presidente sea acusado, el procedimiento sea exactamente el mismo.

Y es que, la lucha contra el narcotráfico no necesita menos Estado de derecho. Necesita más