El escudo de Rodrigo Paz y la mañana después de la guerra

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira aplastó al Ministerio Público capitaneado por Roger Mariaca y construido a su imagen y semejanza. Fue una operación fríamente calculada, seguramente en Washington DC la semana pasada con el secretario de Estado y promotor principal del Escudo de las Américas, Marco Rubio. Lo que no fue es muy limpia: el gobierno ha asumido un rol agresivo y polarizante – “o con el bien, que somos nosotros, o con el narcoterrorismo”, repitieron más o menos textualmente en varias ocasiones los principales voceros del gobierno de forma planificada, es decir, no espontánea. Desde ese planteamiento se patean todas las dudas procedimentales, pues cualquier observación pasa a ser una “narcobservación”.

La secuencia arrancó con la embajada de Estados Unidos publicando una lista de 14 altos cargos del sistema judicial y algunas exautoridades del gobierno de Rodrigo Paz, como Soto de la Vía, presidente interino de la Aduana, o Frans Cabrera, exinspector de la Policía nombrado hace mes y medio y cesado en plena gira del presidente por Estados Unidos. El nombre a seguir, en cualquier caso, era el de Mariaca.

La operación se desencadenó el miércoles en la noche en Santa Cruz, cuando el Fiscal General y el Fiscal Departamental, Alberto Zeballos, desembarcaban de un vuelo que partió de Sucre y llegó a Viru Viru justo mientras el Gobierno lanzaba la licitación del muy mentado HUB internacional junto a toda la institucionalidad cruceña, que hasta ese momento habían mantenido una posición equidistante en la encarnizada batalla librada entre el gobierno de Paz y el Ministerio Público. Quien sabe si alguien armó una escena tipo House of Cards para comunicarlo a la cara de sus críticos más poderosos.

El pulso no era nuevo. Mariaca fue elegido en 2024 jugando muchas cartas en una Asamblea muy dividida en la que recibió apoyo de todos los frentes. Al final del arcismo intervino YPFB y acorraló a los hijos de Luis Arce. En los primeros meses Gobierno y Ministerio Público se tomaron medidas. Fernando Cerimedo empezó a descollar como el articulador. La relación se enfrió una vez que Sebastián Marset fue aprehendido en un operativo policial en el que no participó la Fiscalía. Vinieron los bloqueos, las maletas, el caso oro, los narcovuelos, las narcomaderas y, finalmente, el caso Fernando Cerimedo con su tentativa de feminicidio y su enriquecimiento ilícito.

Un fin de semana una comisión de fiscales debatió si abrir causa contra María Elena Urquidi, esposa del presidente y confidente de Cerimedo. La dejaron fuera y la cabeza de Mirko Sokol, comandante incómodo de la Policía, rodó por las escaleras. Mariaca se sintió ganador.

La instrucción

La mano del Escudo de las Américas y el Estado de Excepción recientemente ampliado fueron la base de una operación que no pasa el filtro procedimental, pero que a nadie le importa a estas alturas en las que el Latinobarómetro dice que en Bolivia apenas el 45% de los nacionales cree que lo mejor es vivir en democracia. La policía operó sin asistencia fiscal y en pocas horas había 14 personas aprehendidas y se había mostrado el dinero – esto es clave para la condena popular – rebosando una ambulancia que supuestamente gestionaba el propio Mariaca. Muchas preguntas. ¿Dónde está Eduardo del Castillo?

Una vez aprehendido había que despojar a Mariaca de su poder de forma inmediata y la Asamblea era clave. La Constitución le reserva un juicio de responsabilidades y su cargo está institucionalizado por Ley, pero en una tarde se cambió la Ley 260 para incluir un párrafo en el que se autoriza a la Asamblea a cesar al Fiscal General a simple imputación de otro fiscal – ni siquiera acusación -, algo que el TCP en 2012 ya consideró irregular para los gobernadores. La idea de esas garantías es precisamente que se puede ejercer el cargo sin presiones justamente del gobierno, pero ya fue. Entre amenazas del ejecutivo y subordinación del legislativo, a las 00.01 del sábado Mariaca dejaba de ser Fiscal General.

La elección del sucesor merecerá otra crónica aparte, y no solo porque las postulaciones de los aspirantes fueran ciertamente misteriosas, sino porque después de seis rondas de votación se acabó eligiendo a un José Armando Urioste Viera con carrera judicial y poco más. En Libre se adjudican la intermediación por su nombre. Ojalá no haya dejado muchas cuentas por pagar…

El escenario

La evaluación de la semana del gobierno es como siempre complaciente. En su criterio han demostrado fuerza y contundencia para enfrentar uno de los grandes problemas del país, que es la Justicia, aunque lo cierto es que la Fiscalía es solo una parte del problema y todo haya acabado con una elección un tanto rara. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, exultante, se atrevió incluso a asegurar que había mucha “información falsa” en la parada de Boca Ratón, Florida – que el presidente ha reconocido – y que todo el mundo se merece una vacación y que todos los jefes de Estado lo hacen, porque “lo importante son los logros obtenidos”.

La idea de que hacer gestiones para adquirir deuda por 10.000 millones de dólares merecen un fin de semana de lujo en Florida no acaba de caer bien entre los ciudadanos, especialmente entre los que están pasando el fin de semana en las colas del surtidor esperando gasolina y los que han empezado octubre renegociando alquileres, precios de servicios y acomodando presupuestos.

El FMI ha confirmado su arribo con 1.900 millones de dólares, aunque el primer desembolso será de algo más de 200 millones de dólares, un monto muy ligero si se compara con las deudas que siguen floreciendo en diferentes rubros y lo que se espera para fin de año con una cosecha ligera, un precio del crudo alto y unos precios de los minerales que ya han frenado su crecimiento.

Es octubre y, con el amparo del gobierno de Estados Unidos, ha demostrado fuerza en un asunto puntual. Ahora le toca mantenerse convincente.