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Crónica política de la semana

Tariquía, Aisem, Magisterio y otras formas gubernamentales de dividir entre “buenos y malos”

En cada conflicto el gobierno busca la forma de generar animadversión frente a sus críticos mientras protege a sus aliados. Cerimedo se acerca a su salida y el TSE vuelve a ponerse en el foco

Nacional
  • Miguel V. de Torres
  • 22/11/2026 00:00
Tariquía, Aisem, Magisterio y otras formas gubernamentales de dividir entre “buenos y malos”
José Luis Gálvez, vocero del gobierno

Semana reveladora. Y van tropecientas. Tres conflictos de diversa naturaleza han vuelto a dejar al descubierto la entraña del gobierno de Rodrigo Paz Pereira: Tariquía, Aisem y la revitalización del pulso con el Magisterio, tres temas que se enfocan con estrategias distintas pero que revelan una máxima: el interés del gobierno por encima de todas las cosas.

El martes salió la sentencia del Tribunal Agroambiental, que para sorpresa de nadie levantó todas las medidas cautelares y autorizó el ingreso al pozo Domo Osso X3, que como todos sabíamos, está fuera de la Reserva, pero que es básicamente la puerta de entrada para el desarrollo completo del campo, que contempla al menos 9 más, y que sí estarán adentro.

Por alguna extraña razón, el gobierno y sus (interesados) simpatizantes, incluso algunos detractores, se aferran a la ubicación del X3 olvidando que nadie “recupera las reservas” con un solo pozo. No funciona así. Alimentar la ignorancia es redituable.

La Gobernadora de Tarija, María René Soruco, se plantó de frente y pidió dos cosas: que garantice que no habrá daño, porque no es el mismo prevenir que curar; y que no instalaran el argumento de que los tarijeños son unos insolidarios porque no dejan explorar la Reserva de Tariquía, que es el “único camino para el desarrollo”. “Sería injusto para esta tierra que cumple 200 años de adhesión y ha dado tanto” dijo Soruco.

Al otro día salió el vocero José Luis Gálvez, cuyo trabajo consiste justamente en instalar narrativas para que sus medios amigos la repliquen y dijo textualmente que: explorar la Reserva de Tariquía es el “único camino para el desarrollo” y “sortear la crisis energética” y “recuperar las reservas de gas”.

Un pozo no va a hacer eso, pero igual, solo era una solicitud.

Las pegas de la AISEM

En paralelo había estallado el enésimo expediente de corrupción, esta vez asociado a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, que es básicamente la gran central de compras y licitaciones del sector salud con un presupuesto de 350 millones de bolivianos para este 2026, la mayoría a crédito del BID y la CAF.

Los audios vinculaban a un par de diputados con el tráfico de “pegas” en la institución. Alejandro Medinaceli y Claudia Bilbao, los operadores de Paz Pereira en la Asamblea, aparecían exigiéndole a la directora Quiroga una serie de colocaciones. La última discusión, al parecer, acabó con su retiro mientras que los dos observados ingresaban directamente a la institución a dirigir las licitaciones en marcha.

El asunto es meridianamente claro, pero la sorpresa han sido las reacciones: los diputados siguen en su cargo y guardan silencio en nombre de “la vieja confiable”: Es IA manipulada; el vocero dice que se investigue pero que no hay “condenas previas”, que todos sabemos lo que significa, y algunos viceministros llegaron a señalar que el delito posible sería si es que no cumplen los requisitos para el cargo. Bilbao y Medinaceli parecen ser cuadros apreciados por el Gobierno. Veremos más licitaciones.

El Magisterio cuestionado

Hacia el final de la semana se volvió a reactivar la protesta del Magisterio ante la amenaza de la “descentralización”. Los maestros dicen que empezar por los Institutos fue un experimento destinado a traspasar todo el servicio con el riesgo evidente de la sub-financiación, con la posibilidad de que la educación acabe descuartizada y sin orden como la Salud, donde ni siquiera el Sedes tiene claro cuantos médicos están trabajando en Tarija.

Muy en su línea, el gobierno ha optado por criminalizar la protesta. Hace unas semanas intentaron vincularla al “narcoterrorismo” de Evo y salió mal. Desde el jueves el ministro Sanjines y el gabinete hablan de los malos resultados en el ERCE de la Unesco de 2023, que al parecer viene a ser un argumento válido para la descentralización.

El sello Cerimedo

Confrontar a unos con otros, buenos versus malos, entendiendo que “buenos” son el gobierno y “malos” todos aquellos que lo critican o le dificultan es básicamente la lección número 1 del “manual Cerimedo” y su academia Numen. Quién sabe cómo harán para llevar al bando de los buenos a Medinaceli y Bilbao, pero con seguridad tiene más opciones de acabar en Chonchocoro Quiroga que cualquier otro.

Ya sin Nadia Beller en el escenario, el otrora “asesor principal” del presidente, acusado de intento de feminicidio y enriquecimiento ilícito, acelera para buscar la cesación de la detención preventiva. De momento le está yendo mal. El Gobierno quizá esté más cómodo así. Quién sabe si por eso ha llamado como testigos en su causa a dos pesos pesados con la soga al cuello y despachados sin pena ni gloria de sus funciones: Soto de la Vía, expresidente de Aduanas, y Yusseff Akly, ex YPFB. Los dos saben demasiado y sobre los dos planea la sombra de la sospecha (Soto de la Vía apareció entre los desvisados.

El escándalo hace semanas que cambió de color.

El rol del TSE sigue en debate

Como los temas que no gustan se pasan, el Gobierno no se detuvo en la acusación sobre el TSE y los juegos raros que llevaron al pariente de Romer Saucedo por pedido expreso a la alcaldía de San Ignacio de Velasco. En esas elecciones, como en las presidenciales, hubo descalificaciones e inhabilitaciones incoherentes entre sí. Y por si faltaba algo, hoy se denuncia que una candidata que no fue nunca habilitada en reemplazo de otra, acabó siendo acreditada como asambleísta.

Todo esto sin que se haya aclarado la legitimidad de Gustavo Ávila, presidente del TSE, elegido por Luis Arce para completar el mandato de seis años de Salvador Romero electo en diciembre de 2019 que luego se encomendó a Dina Chuquimia cuando renunció. El periodo hubiera acabado en diciembre 2025, pero Paz lo “ratificó” en febrero, una competencia, ratificar, que tampoco estaba incluida.

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