Raúl Velázquez: Bolivia olvidó que el gas es un recurso finito

Bolivia enfrenta una paradoja energética: todavía tiene hidrocarburos y necesita seguir utilizándolos durante varios años, pero al mismo tiempo el modelo que permitió convertir al gas en el principal sostén económico del país está agotado.

Raúl Velázquez, experto en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, plantea que el problema no se reduce a encontrar nuevos pozos. Bolivia necesita cambiar la forma en que entiende la energía, reformar sus instituciones, modificar las condiciones para atraer inversión y asumir que la transición hacia otra matriz energética será larga.

“En Bolivia hemos confundido en estos 25 años la política energética con la política de hidrocarburos”, sostiene. A su juicio, el país concentró su estrategia en el gas mientras descuidaba la electricidad y terminó construyendo una dependencia doble: energética y fiscal.

La dependencia energética es evidente porque alrededor del 80% del consumo energético boliviano todavía depende de los hidrocarburos, mientras que la dependencia fiscal está relacionada con las regalías y el IDH. Por eso, afirma, la transición no puede hacerse de la noche a la mañana y podría tomar entre 30 y 40 años.

El problema es que Bolivia tampoco tiene una hoja de ruta para ese proceso. Velázquez cuestiona que la discusión legislativa actual se esté concentrando en una nueva Ley de Hidrocarburos y otra de Electricidad sin una verdadera Ley de Energía que establezca una visión integral para ambos sectores.

La factura de la nacionalización

Velázquez también cuestiona la forma en que se ha contado la historia de la llamada nacionalización de los hidrocarburos.

En su lectura, el proceso iniciado en 2006 debe entenderse como parte de una corriente política que comenzó con la Guerra del Gas de 2003 y el referéndum de 2004. La demanda social, recuerda, era obtener una mayor participación del Estado en la renta y recuperar el control sobre los hidrocarburos.

El problema, según su interpretación, fue que esa política terminó privilegiando la renta inmediata sobre la reposición de reservas y la construcción de una estrategia de largo plazo.

Bolivia creyó que tenía tanto gas que podía utilizarlo prácticamente para todo: industria, vehículos, electricidad y exportaciones. Mientras tanto, se olvidó de que el gas es un recurso finito y que el país no controla los precios internacionales del petróleo que terminan influyendo en el precio de sus exportaciones.

Los resultados, sostiene Velázquez, son los que deben marcar la discusión actual: las reservas de gas cayeron 53%, las de líquidos 60%, la producción de gas disminuyó 57% en diez años y la de líquidos 64%. Bolivia dejó de ser exportador y se convirtió en importador neto de hidrocarburos. Además, perdió el mercado argentino, redujo sus exportaciones a Brasil y la renta petrolera cayó de manera significativa.

Para Velázquez, estos datos permiten discutir el resultado de la política sin necesidad de entrar primero en una disputa ideológica.

YPFB: de la intervención a la reforma

El experto considera insuficiente limitarse a intervenir YPFB. La empresa necesita, en su criterio, una reforma institucional profunda.

Uno de los datos que utiliza para explicar la fragilidad de la compañía es la sucesión de autoridades: 17 presidentes ejecutivos en 20 años, todos interinos, algunos con gestiones de apenas unos meses. En esas condiciones, sostiene, resulta difícil construir una política empresarial de largo plazo.

Su propuesta pasa por modificar el mecanismo de designación de la máxima autoridad, establecer perfiles profesionales, convocatorias públicas y evaluaciones para los cargos y avanzar hacia un servicio civil de carrera.

Pero también plantea reducir el tamaño de YPFB y devolverle un objetivo más concreto: explorar y explotar hidrocarburos, competir con empresas privadas y demostrar primero que puede funcionar eficientemente como empresa petrolera.

Velázquez rechaza la idea de que el problema sea simplemente que YPFB sea estatal. Cita como ejemplos a empresas estatales de otros países que operan bajo criterios empresariales. El problema, en su lectura, es cómo se administra una empresa pública.

“Hoy en día es una fábrica de empleo más que de gas natural”, afirma, atribuyendo el problema a criterios partidarios y no técnicos.

El problema de los inversionistas

Aquí aparece uno de los argumentos centrales de la entrevista. Velázquez sostiene que Bolivia no puede exigir a las empresas privadas que inviertan en exploración si la ecuación económica no resulta atractiva. Según su explicación, en 2023 el Estado capturaba alrededor del 93% de la renta petrolera, dejando aproximadamente un 7% para el sector empresarial.

Su frase resume el argumento: “El 93% de cero es cero”.

El problema, explica, no es solamente cuánto recibe el Estado de cada barril producido, sino cuánto incentivo existe para producir nuevos barriles. Si la carga fiscal es demasiado alta y existen mercados más atractivos en la región, el capital buscará otros destinos.

Menciona Vaca Muerta en Argentina, además de Colombia, Guyana y otros productores regionales, como parte de un nuevo escenario competitivo. Bolivia ya no ocupa una posición excepcional en el mapa energético sudamericano.

Su propuesta es revisar el IDH, la participación de YPFB y el régimen fiscal para buscar un equilibrio entre Estado y empresas privadas.

Subsidios: el ajuste que nadie quiere

La discusión inevitablemente desemboca en los precios de los combustibles. Velázquez sostiene que Bolivia no puede mantener indefinidamente subsidios mientras se ha convertido en un país importador. Su argumento es sencillo: si el país compra diésel en el exterior a un determinado precio, no puede venderlo internamente de manera permanente por debajo de ese costo sin generar un agujero fiscal, pero el experto introduce una segunda condición: el ajuste tampoco puede recaer exclusivamente sobre la población.

Critica que se pida a los ciudadanos pagar combustibles más caros mientras el Estado mantiene empresas deficitarias o gastos públicos ineficientes. Utiliza el ejemplo de una familia a la que se le pide ajustar sus gastos mientras quien administra el presupuesto continúa gastando como antes.

Su diagnóstico es que Bolivia debió realizar ajustes graduales durante la bonanza de 2012 a 2015, cuando existían mejores condiciones para absorberlos. Al no hacerlo, el país llegó a una situación en la que el ajuste debe ser mucho más brusco.

Mayaya y la tentación del “nuevo gas”

La entrevista también pone bajo la lupa los nuevos anuncios hidrocarburíferos.

Sobre Mayaya, Velázquez adopta una posición cautelosa. Considera que existe potencial, pero cuestiona que pueda presentarse como una solución inmediata. Según su relato, el pozo anunciado en 2024 no terminó siendo productor y fue sellado, mientras que desarrollar el área requeriría infraestructura adicional.

Su conclusión es que Mayaya puede ser una apuesta de largo plazo, pero dependerá de la nueva Ley de Hidrocarburos, de la capacidad para atraer inversión y de la apertura de nuevos mercados.

Algo similar ocurre con Montecristo y otros descubrimientos anunciados recientemente. Velázquez considera que pueden aportar, pero advierte sobre la dimensión de las cifras: según sus datos, Montecristo representaría menos del 1% de la producción nacional de gas.

“No soluciona, ayuda”, resume.

Fracking: ni demonizarlo ni convertirlo en solución mágica

La discusión sobre la fractura hidráulica aparece en un momento particularmente relevante para Tarija y Bolivia.

Velázquez sostiene que el fracking es una técnica y que, por sí sola, no garantiza el éxito de un proyecto. Para que un desarrollo de hidrocarburos funcione se necesitan mercados, precios, condiciones fiscales e inversión.

Al mismo tiempo reconoce que la fractura hidráulica genera impactos socioambientales. La tecnología ha evolucionado y reducido algunos impactos respecto de décadas anteriores, pero no significa que estos hayan desaparecido.

El experto observa además un vacío normativo: la legislación boliviana no prohíbe ni promueve expresamente el fracking. Por eso plantea que la nueva legislación debe establecer dónde puede utilizarse, bajo qué condiciones y con qué salvaguardas ambientales.

En particular, considera que una eventual explotación de hidrocarburos no convencionales podría analizarse bajo condiciones socioambientales estrictas, pero no dentro de áreas naturales protegidas.

Tariquía: fuera de la reserva

En el caso de Tariquía, Velázquez establece una posición concreta: no considera adecuado perforar dentro de una reserva natural.

Sin embargo, plantea una distinción entre área, campo y pozo. Si un área petrolera se encuentra parcialmente sobrepuesta a una reserva, propone modificar sus coordenadas para excluir la zona protegida y permitir eventualmente la exploración fuera de ella.

En el caso de San Telmo – donde se ubica el campo Domo Osso que se sobrepone con la Reserva -, señala que si existe una sobreposición con la reserva, debería ajustarse el área petrolera para evitar que la actividad se realice dentro del parque.

Una nueva Ley de Hidrocarburos

Para Jubileo, la nueva norma debería construirse alrededor de seis grandes cuestiones.

La primera es la institucionalidad, definiendo con claridad las funciones del Ministerio de Hidrocarburos, YPFB, la ANH y las demás entidades.

La segunda son las condiciones previas, especialmente la consulta previa a comunidades.

La tercera corresponde al contenido de los contratos, incluyendo seguridad jurídica y obligaciones de reposición de reservas.

La cuarta es el sistema de precios. Velázquez plantea que las subvenciones deben tener claramente definido a quién benefician, durante cuánto tiempo y con qué recursos se financian.

La quinta es el régimen fiscal, que considera el corazón del problema porque, según su lectura, la combinación de regalías, IDH e impuestos ha terminado asfixiando la actividad hidrocarburífera.

Y la sexta es el uso de la renta petrolera. Su propuesta es abandonar la utilización de esos recursos únicamente para financiar gasto corriente y pensar en fondos de diversificación económica, ahorro y transición energética.

Tarija y el fin de la era de la regalía

Es probablemente la parte más importante de la entrevista para el debate regional.

Velázquez reconoce que Tarija aportó una enorme cantidad de gas al país y a los mercados de Brasil y Argentina. Pero sostiene que el departamento tampoco logró transformar suficientemente esa renta en una estructura económica capaz de sobrevivir al agotamiento del ciclo gasífero.

La conclusión es incómoda: incluso si Bolivia logra reactivar la exploración y recuperar producción, Tarija no puede asumir que volverá a recibir las regalías de los años dorados.

El mapa energético regional cambió. Argentina tiene Vaca Muerta, Brasil mantiene una fuerte expansión petrolera y otros países de la región están incorporándose al mercado energético. Tarija tendrá que competir dentro de ese nuevo escenario.

Por eso plantea que proyectos de transición energética como Carrizal y La Ventolera deben avanzar y que el departamento necesita reducir su dependencia fiscal de las regalías y el IDH.

La discusión, afirma, debería superar el tradicional debate de “cuánto me toca” para pasar a una pregunta más compleja: cómo desarrollar el potencial económico propio de Tarija para generar recursos que después puedan ser distribuidos.

El desafío, en definitiva, ya no consiste solamente en decidir cómo repartir la renta del gas que queda. Consiste en decidir qué hará Bolivia cuando el gas deje de ser capaz de financiar al Estado como lo hizo durante la bonanza.

Y para Tarija la pregunta es todavía más directa: qué economía quiere construir cuando las regalías dejen de ser suficientes para sostener el departamento.