La justicia, la política y la visa de Cerimedo

Estados Unidos decidió restringir el ingreso de 13 ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otras autoridades y exautoridades vinculadas al sistema judicial, policial y aduanero. En el caso de Mariaca, el Departamento de Estado afirma que abusó de su cargo al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia.

Son acusaciones de una gravedad extraordinaria, y precisamente por eso sorprende la ligereza con la que se presentan.

Estados Unidos no está obligado a entregar a Bolivia sus fuentes de inteligencia ni los elementos que sustentan sus decisiones migratorias. Es una potestad soberana de ese país. Puede negar una visa a quien considere conveniente y no tiene que pedir permiso a Bolivia para hacerlo ni dar ninguna explicación.

Pero una cosa es negar una visa y otra muy distinta es declarar públicamente corrupto y vinculado al narcotráfico a un funcionario de otro Estado, siendo además uno de los pocos que cuenta con la legitimidad institucional para actuar con independencia del Gobierno u otros poderes.

Eso requiere, al menos para el debate público, algo más que un comunicado de un gobierno como el estadounidense que hace apenas una semana felicitaba al gobierno boliviano como parte del Escudo de las Américas por ser sus amigos y hacer las cosas que le interesaban.

No se trata de defender a Roger Mariaca. No tenemos razones para poner la mano en el fuego por él ni por ningún funcionario público. La justicia boliviana tiene demasiadas sombras acumuladas como para exigir a la sociedad que crea ciegamente en la inocencia de sus autoridades, pero precisamente por eso tampoco podemos pedirle que crea ciegamente en la palabra de Washington.

La justicia boliviana tiene demasiadas sombras acumuladas como para exigir a la sociedad que crea ciegamente en la inocencia de sus autoridades, pero precisamente por eso tampoco podemos pedirle que crea ciegamente en la palabra de Washington

La soberanía no consiste en proteger a los funcionarios cuestionados. Consiste en exigir que las acusaciones contra ellos puedan ser mínimamente demostradas antes de salir en tropel a arrodillarse ante la voluntad de un gobierno, el norteamericano, que ha demostrado tener muy pocos escrúpulos para hacer lo que le conviene en cualquier parte del globo, pisoteando los mínimos consensos democráticos y de derechos humanos.

Mariaca fue elegido por la Asamblea Legislativa en 2024 para un mandato de seis años. Su salida del cargo no puede producirse porque un gobierno extranjero absolutamente ideologizado y que se jacta de acomodar la legislación internacional a sus deseos lo señale públicamente.

Y es que la decisión estadounidense llega cuando el Ministerio Público mantiene investigaciones especialmente sensibles, entre ellas la que involucra al consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido preventivamente por la investigación de una tentativa de feminicidio contra Nadia Beller y sometido además a otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Existe asimismo otra investigación sobre una posible vinculación con un caso de tráfico de sustancias, todavía en fase investigativa. Cerimedo mantiene su visa.

Eso tampoco convierte a Cerimedo en culpable. La detención preventiva tampoco equivale a una condena. Y conviene repetirlo porque el debido proceso debe servir para todos, también para quienes tienen poder.

El Departamento de Estado ha dejado claro que estas restricciones forman parte de una política contra funcionarios extranjeros a los que Estados Unidos acusa de corrupción o narcotráfico y que la administración Trump las vincula con sus compromisos dentro del denominado Escudo de las Américas, justo la alianza militar a la que Paz ingresó sin consultar con nadie y para lo que Cerimedo hizo de celestino.

La justicia no puede funcionar según quién acusa, cuánto poder tiene quien acusa o qué bandera ondea detrás del acusado, porque hoy es Mariaca y mañana puede ser cualquier otro funcionario, incluido el propio Paz pereira si alguien arriba decide que no coopera lo suficiente, como le pasó a su propio padre Jaime Paz durante su presidencia.

Si aceptamos que una potencia extranjera puede señalar a un boliviano y convertir esa acusación en verdad sin investigación ni debido proceso, habremos cedido algo mucho más importante que una visa.