Bolivia no puede vivir bajo excepción permanente
El Gobierno necesita recuperar la normalidad institucional y buscar en las urnas la legitimidad necesaria para afrontar decisiones que cambiarán la vida de los bolivianos
La Asamblea Legislativa aprobó finalmente la ampliación por otros 90 días del Estado de Excepción que rige en Bolivia desde junio. La decisión ya está tomada y corresponde respetarla dentro del marco constitucional, pero precisamente porque el país acaba de prolongar una medida extraordinaria, corresponde advertir sobre el riesgo de convertir la excepcionalidad en una forma permanente de administrar la crisis, pues Bolivia no puede acostumbrarse a vivir bajo Estado de Excepción.
La pregunta que queda después de los primeros meses y que en la noche del miércoles los parlamentarios repitieron sin respuesta, sigue siendo incómoda: ¿qué problemas consiguió resolver la primera declaratoria que justifiquen ahora otros 90 días?
Los problemas del combustible no desaparecieron. La crisis fiscal tampoco. El ajuste económico apenas comienza y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional plantea decisiones difíciles que tendrán consecuencias sobre los hogares, las empresas y el empleo. A más, incrementaron los sicariatos y el dólar se disparó. La excepción, por sí sola, no ha resuelto ninguna de esas cuestiones. Y probablemente tampoco pueda hacerlo a partir de ahora.
La raíz de la crisis boliviana no es solamente el bloqueo de una carretera o una protesta en una plaza. Es económica, institucional y también política. Y ninguna de esas dimensiones puede resolverse mediante un decreto de excepcionalidad.
El Estado tiene la obligación de garantizar el orden y proteger los derechos de quienes quieren trabajar, circular y vivir en paz. Pero también tiene la obligación de escuchar el descontento y procesarlo políticamente. La protesta social no desaparece porque se declare un Estado de Excepción.
Más aún: una democracia no puede tomar decisiones estructurales importantes permanentemente bajo la sombra de medidas extraordinarias.
Bolivia está entrando en una etapa de transformaciones profundas. Se discuten los precios de los combustibles, la subvención, el gasto público, los salarios, la inversión, la política energética y la relación con los organismos internacionales. También se plantea una eventual reforma constitucional.
Todas esas decisiones necesitan algo que ningún decreto puede proporcionar: debate y legitimidad, y aquí aparece el problema político de fondo.
El Gobierno puede tener razones económicas para tomar decisiones difíciles. Puede incluso tener razón en la necesidad de corregir distorsiones que durante años fueron acumulándose, pero tener argumentos técnicos no equivale a tener suficiente respaldo político para transformar la estructura del país.
La legitimidad no se decreta, se construye y por eso el Gobierno debería utilizar estos 90 días no para atrincherarse, sino para preparar una salida democrática que lo legitime, o lo libere.
El país necesita recuperar la normalidad institucional y permitir que los ciudadanos vuelvan a pronunciarse sobre el rumbo que debe tomar Bolivia. Si hay reformas constitucionales que consideran necesarias, deben tramitarse por los mecanismos establecidos y llegar, cuando corresponda, a las urnas. Si existe una crisis de representación que requiere otra solución electoral, deberá discutirse dentro del marco democrático.
Lo importante es que la respuesta a una crisis de legitimidad no sea prolongar indefinidamente la excepción, sino devolver la palabra a los ciudadanos.
El Gobierno tiene derecho a defender su programa. Tiene también la obligación de explicar sus costos. Si considera inevitable eliminar la subvención, debe explicar cómo protegerá a quienes no pueden absorber el impacto. Si pretende atraer inversión, debe garantizar transparencia y reglas claras. Si quiere reformar la Constitución, debe convencer a la sociedad.
Y si esas decisiones van a cambiar profundamente la vida de los bolivianos, lo razonable es que tengan detrás un respaldo democrático suficiente. Las urnas no solucionan por sí mismas una crisis económica. Pero sí pueden proporcionar algo indispensable para afrontarla: legitimidad. Por eso no deberíamos discutir solamente cuánto durará este Estado de Excepción. Deberíamos discutir cómo salir de él.
Bolivia no puede convertirse en un país donde cada dificultad se enfrenta prolongando una medida excepcional. Ahora que la prórroga está aprobada, corresponde al Gobierno demostrar que tiene un plan para que sea la última. Y ese plan debe tener una estación inevitable: las ánforas, pues para profundizar cambios que afectarán a todos, el Gobierno no necesita solamente tiempo. Necesita legitimidad. Y la legitimidad, en democracia, la otorgan los ciudadanos
