El FMI y la confianza en este gobierno

Hay una realidad que ya no admite demasiadas discusiones: Bolivia no puede continuar administrando su economía como si los años del gas abundante y los dólares fáciles fueran a regresar por decreto o por repetir la promesa con mucha convicción. El déficit fiscal, la pérdida de reservas, la caída de la producción de hidrocarburos y la escasez y fuga de divisas han terminado por imponer una factura que durante demasiado tiempo se quiso aplazar.

El memorando de políticas económicas suscrito en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parte de ese diagnóstico y propone una transformación de considerable profundidad. No se trata solamente de conseguir financiamiento. Se plantea un ajuste fiscal equivalente a alrededor del 8,5% del PIB hasta 2029, la eliminación progresiva de la subvención a los combustibles, un régimen cambiario flexible, límites estrictos al financiamiento del Estado por parte del Banco Central, reformas tributarias, reestructuración de empresas públicas y una mayor apertura a la inversión privada en hidrocarburos y minería.

No se trata esta vez de ser dogmáticos con el asunto FMI, pero sería aun más irresponsable aceptarlo como si se tratara de una receta infalible, más cuando hay problemas intrínsecos al gobierno que lo hacen aún más complejo.

El primer problema es la confianza.

Este Gobierno no ha demostrado todavía que tenga la capacidad institucional, política y técnica para conducir un proceso de esta magnitud. Un ajuste de estas características exige mucho más que decretos y discursos. Requiere una administración pública competente, información confiable, capacidad de negociación, coordinación entre instituciones y, sobre todo, una estrategia productiva que permita que el sacrificio de hoy se traduzca en crecimiento mañana, porque estabilizar las cuentas en sí mismo no es un proyecto nacional sino apenas la condición para poder construirlo.

Bolivia necesita ordenar sus cuentas, pero también necesita saber para qué quiere volver a tener una economía estable.

Desde una perspectiva nacionalista y realista, Bolivia debe aprovechar esta crisis para recuperar su capacidad productiva, no simplemente para cambiar un modelo estatista agotado por una economía excesivamente dependiente del capital externo. Que se necesite inversión privada, incluso extranjera, es una evidencia. Que esa inversión deba tener reglas claras también. Pero el país debe conservar la capacidad de decidir qué hacer con sus recursos naturales y cuánto de la renta generada permanece en Bolivia.

El propio memorando plantea revisar los marcos regulatorios y tributarios de hidrocarburos y minería para incentivar nuevas exploraciones privadas, garantizando una participación del Estado en las rentas. La pregunta nacional, entonces, no es si debe llegar inversión. La pregunta es en qué condiciones, para producir qué, con qué obligaciones y con cuánto beneficio para los bolivianos.

Lo mismo vale para YPFB y para las demás empresas estatales. Es razonable exigir eficiencia, transparencia y resultados. Es absurdo sostener empresas inviables simplemente por razones ideológicas, pero tampoco sería razonable liquidar capacidades estratégicas del Estado sin una discusión pública sobre sus consecuencias.

Y hay un asunto todavía más delicado: la subvención a los combustibles. El Gobierno sabe que su eliminación tendrá un impacto social importante. El propio documento reconoce los riesgos inflacionarios y sociales derivados del ajuste. Por eso, la protección social no puede ser una nota al pie ni un bono anual de 450 bolivianos con el que sostener un relato que no tiene sustento alguno. Que nadie quede atrás debe ser parte central de la política.

La otra gran obligación – que hasta ahora es un problema - es la transparencia.

El memorando establece revisiones trimestrales, metas fiscales, monetarias y de reservas, además de parámetros estructurales que deberán cumplirse durante los próximos años. Los bolivianos tienen derecho a conocer no solamente si se cumplen esas metas, sino qué medidas concretas se están tomando, cuánto cuestan, quién las ejecuta y quién asume la responsabilidad cuando no funcionan.

Y aquí corresponde una advertencia todavía mayor: El acuerdo con el FMI no puede convertirse en una vía para gobernar por encima de la Constitución. El propio memorando reconoce que las políticas son decisiones soberanas del Gobierno boliviano y que varias de las medidas requieren la intervención de la Asamblea Legislativa. Por eso, ninguna condición financiera, ninguna recomendación técnica ni ninguna urgencia económica puede sustituir los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico boliviano.

La Asamblea debe ejercer sus competencias. Las instituciones deben cumplir las suyas. Los contratos, las reformas legales, la administración de los recursos naturales y cualquier modificación estructural deben tramitarse por los canales correspondientes.

Bolivia necesita realismo. Necesita aceptar que hay decisiones difíciles que ya no pueden seguir postergándose, pero también necesita un horizonte propio. El objetivo no puede ser simplemente reducir el déficit, liberar precios y atraer capital. El objetivo debe ser volver a crecer, generar empleo formal, recuperar reservas, producir energía, industrializar nuestros recursos y diversificar una economía que durante demasiado tiempo vivió de una sola gran fuente de ingresos.

El ajuste puede ser necesario. El sacrificio puede ser inevitable. Lo que no puede ser inevitable es la improvisación y la sensación de que no todos vamos a soportar lo mismo.