Tarija y el crimen organizado
El segundo asesinato con características de sicariato registrado este año en la capital y la sucesión de hechos violentos en Yacuiba y Bermejo exigen que la seguridad deje de ser un asunto reactivo y pase a ocupar un lugar prioritario en la agenda departamental
Tarija ha construido durante años una imagen de ciudad tranquila. No necesariamente porque aquí no ocurrieran delitos, sino porque la violencia extrema parecía formar parte de otros mapas, de otras fronteras y de otras realidades. Esa percepción está empezando a cambiar y sería irresponsable ignorarlo.
El asesinato de Nicolás Alejandro Antezana Guzmán, ocurrido en plena ciudad de Tarija, debe encender una alarma. La Policía investiga varias hipótesis y todavía no puede confirmar que se trate de un sicariato, aunque lo parezca. Corresponde, por supuesto, esperar los resultados de la investigación antes de sacar conclusiones.
Pero hay un dato que no podemos minimizar: es el segundo hecho con características de sicariato que se registra este año en la capital tarijeña, y además, Yacuiba y Bermejo acumulan desde hace tiempo episodios de violencia asociados, en distintos casos, al crimen organizado, al narcotráfico y a las dinámicas propias de una región fronteriza. Tarija no es una isla ni un departamento aislado o subdesarrollado al margen de los problemas del desarrollo que se registran en todo el mundo.
Nuestra posición geográfica importa. Somos frontera, corredor de tránsito y un departamento conectado con Argentina y Paraguay. Además, también somos sede de instituciones, actividad económica y autoridades políticas con decisión que tienen alcance nacional. Esa combinación convierte al departamento en un territorio especialmente sensible para determinadas actividades ilícitas.
El sicariato no debe convertirse en parte del paisaje tarijeño. La mejor respuesta es investigar ahora, reforzar la prevención y cortar las redes criminales antes de que echen raíces
Por eso no deberíamos esperar a que los asesinatos se conviertan en una estadística habitual para reaccionar. Hay que exigir resultados a la Policía, pero también una estrategia.
La investigación del crimen de Las Panosas debe llegar hasta el autor material, pero también hasta quien pueda haber ordenado el crimen si efectivamente se confirma la hipótesis del sicariato. La experiencia demuestra que detener al ejecutor no necesariamente significa desarticular una estructura criminal. La seguridad exige investigar las redes, el dinero y las conexiones.
También corresponde revisar nuestra capacidad de prevención. Tres cámaras de seguridad fueron identificadas en el lugar del crimen, pero las condiciones de iluminación dificultan obtener imágenes útiles. Ese detalle aparentemente menor dice mucho sobre cómo estamos protegiendo nuestras calles. Una ciudad que pretende crecer, atraer turismo, desarrollar comercio y convertirse en un centro de servicios no puede tener zonas oscuras donde una cámara resulta prácticamente inútil.
Hace falta mejorar la iluminación, ampliar y modernizar la videovigilancia, coordinar a la Policía con los municipios y fortalecer los controles en terminales y rutas de salida. Pero también hace falta inteligencia policial especializada para detectar movimientos vinculados al crimen organizado antes de que terminen convertidos en violencia.
Y aquí aparece una responsabilidad particular para las autoridades departamentales y municipales. No basta con desplegar el Plan Z después de un asesinato. No basta con aumentar controles durante algunos días. La seguridad debe tener planificación, presupuesto, indicadores y evaluación permanente. Gobernación, municipios, Policía, Fiscalía y autoridades nacionales necesitan sentarse a trabajar con información compartida y objetivos concretos. Tarija debe asumir que su condición fronteriza también tiene costos.
No podemos beneficiarnos de nuestra ubicación para el comercio, el turismo y la integración y, al mismo tiempo, olvidar que las mismas rutas pueden ser utilizadas por organizaciones criminales. La frontera debe ser una oportunidad, pero también un espacio de vigilancia estratégica.
El caso de Nicolás Antezana merece justicia. Su familia merece respuestas y la sociedad merece saber qué ocurrió. Pero sería un error que todo terminara con la identificación de un responsable.
Este asesinato debe servir para hacer una pregunta mucho más incómoda: ¿estamos preparados para enfrentar el crimen organizado antes de que consiga instalarse en Tarija?
