El DS 5676, la canasta y las manos privadas

El Gobierno tiene razones para revisar el sistema de combustibles. La subvención se ha convertido en una carga difícil de sostener para una economía que ya enfrenta escasez de dólares, caída de ingresos y enormes dificultades fiscales. Mantener indefinidamente un esquema que consume recursos que el Estado ya no tiene tampoco parece una opción responsable.

Pero reconocer el problema no significa que cualquier solución sea buena.

El Decreto Supremo 5676, que establece un precio de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores, merece una revisión seria precisamente por los efectos que puede producir sobre la economía real. No se trata solamente de cuánto pagará una minera, una agroindustria o una empresa de transporte. Se trata de cuánto terminará pagando el ciudadano cuando ese mayor costo se incorpore al precio del transporte, de los alimentos y de prácticamente todos los bienes que necesitan movilización.

Corregir la subvención es necesario; trasladar sin cálculo sus costos a la canasta familiar sería simplemente cambiar de lugar el problema.

La cadena es conocida: el combustible encarece el transporte; el transporte encarece los insumos; los insumos encarecen la producción; y finalmente ese costo llega al consumidor.

En una economía con salarios que no han aumentado al mismo ritmo que los precios y con familias que ya han reducido su capacidad de compra, no parece prudente añadir otro factor de presión sobre la canasta básica sin haber calculado con precisión sus consecuencias.

Hay además una cuestión que el Gobierno debe explicar mejor: ¿por qué mantener dos precios para un mismo combustible? La segmentación puede tener una justificación técnica, pero debe demostrar que sirve para combatir el contrabando y reducir el déficit, y no simplemente para trasladar el costo a quienes utilizan grandes volúmenes de diésel.

Si el objetivo es eliminar distorsiones, hay que atacar las distorsiones de raíz.

También conviene mirar con mucha cautela las propuestas de entregar la importación y comercialización de combustibles al sector privado. La participación privada puede ser parte de la solución, pero no constituye una fórmula mágica. Importar combustible requiere dólares, y esos dólares no aparecen porque cambiemos de manos la operación.

Si el país necesita cientos de millones de dólares mensuales para abastecer su mercado, alguien tendrá que conseguirlos. Y si los privados deben salir a buscarlos en un mercado cambiario tensionado, el costo puede terminar trasladándose nuevamente al precio del combustible y, por la misma cadena, al resto de la economía.

Tampoco puede suponerse que el mercado garantizará automáticamente el abastecimiento en todos los rincones del país. Una estación de servicio en Santa Cruz o La Paz no enfrenta las mismas condiciones que una comunidad rural alejada de las rutas principales. La liberalización debe considerar esa realidad y establecer mecanismos que impidan que determinadas regiones queden desabastecidas o sometidas a precios prohibitivos.

Bolivia necesita una política energética sostenible, no simplemente una política para dejar de subvencionar.

Eso significa discutir simultáneamente producción nacional, importación, almacenamiento, transporte, distribución, contrabando, precios, disponibilidad de divisas y eficiencia de YPFB. Significa también recuperar la capacidad de producir hidrocarburos y dejar de administrar indefinidamente la escasez.

Pero mientras esas reformas estructurales llegan, el Gobierno debe evitar decisiones que puedan provocar un nuevo salto inflacionario.

La estabilidad económica no consiste solamente en equilibrar las cuentas del Estado. También consiste en proteger la capacidad de las familias para vivir y de las empresas para producir.

Por eso corresponde escuchar a los productores, transportistas, comerciantes y consumidores antes de seguir avanzando. Y corresponde hacer públicas las simulaciones que permitan conocer cuánto podría subir el transporte, cuánto podrían aumentar los alimentos y qué mecanismos se utilizarían para evitarlo.

La crisis obliga a tomar decisiones. Pero precisamente porque obliga a tomarlas, hay que tomarlas bien.

El Gobierno no puede resolver el agujero de los combustibles abriendo otro agujero en el bolsillo de los bolivianos.

La salida debe ser gradual, explicada y técnicamente sustentada. Y, sobre todo, debe tener como objetivo que Bolivia vuelva a producir y generar los dólares que necesita, en lugar de limitarse a decidir quién pagará la factura de la escasez.