Gobernar también en la tormenta

Bolivia dejó atrás una de esas semanas en las que parece que todo ocurre al mismo tiempo. Las dificultades con los combustibles, la crisis política, la salida o cuestionamiento de funcionarios y asesores, las disputas internas y los escándalos que se acumulan han terminado por ocupar casi por completo la agenda pública.

Pero precisamente en estos momentos es cuando más falta hace recordar una obviedad: el país tiene un Gobierno para gobernar.

Las crisis no pueden convertirse en una explicación permanente para la inacción. Mucho menos pueden hacer que el Ejecutivo pierda de vista aquellos asuntos que determinarán si Bolivia consigue salir de la situación económica en la que se encuentra o simplemente consigue administrar la decadencia durante unos meses más.

El problema de los combustibles, por supuesto, es urgente. Resolver el abastecimiento de gasolina y diésel debe ser una prioridad inmediata porque afecta al transporte, la producción, los precios, el campo y, en definitiva, a la vida cotidiana de millones de bolivianos. Pero incluso esa emergencia necesita algo más que anuncios y operativos coyunturales: requiere una política energética coherente, decisiones sobre YPFB, importaciones, producción nacional y una estrategia para recuperar la seguridad energética.

Y mientras se atiende esa emergencia, el resto del Estado no puede quedarse en pausa.

La Ley de Inversiones sigue siendo fundamental. Bolivia necesita saber bajo qué reglas pretende atraer capital, qué garantías ofrecerá, qué sectores considera estratégicos, cómo protegerá el interés nacional y de qué manera evitará que la urgencia por conseguir recursos termine convirtiéndose en una nueva forma de dependencia.

Lo mismo ocurre con el Presupuesto General del Estado. No podemos acostumbrarnos a discutir las cuentas públicas únicamente cuando llega la hora de pagar las facturas. El país necesita saber cuánto puede gastar, dónde debe recortar, qué inversiones son prioritarias y cómo se distribuirán los recursos entre el Gobierno central, gobernaciones y municipios. El acuerdo autonómico alcanzado hace pocos días tampoco puede convertirse en una fotografía protocolaria: necesita traducirse en decisiones presupuestarias y legislativas.

Y está, además, el asunto del financiamiento externo y la eventual relación con el Fondo Monetario Internacional. Se puede estar a favor o en contra de acudir al FMI. Con seguridad va a doler. Lo que no parece razonable es convertir el tema en un tabú o en una consigna política. Si el Gobierno considera que necesita recurrir a ese organismo, debe explicar para qué, cuánto, bajo qué condiciones y con qué programa económico. Quien considere que existen alternativas mejores, debe mostrarlas.

La discusión económica no puede desaparecer porque la política esté convulsionada.

Gobernar significa precisamente ordenar prioridades cuando las circunstancias son adversas. Significa apagar incendios sin abandonar la construcción de la casa. Significa comprender que una crisis política puede durar semanas, mientras que las decisiones económicas equivocadas pueden comprometer una generación.

El presidente Rodrigo Paz tiene todavía la posibilidad de recuperar el rumbo. Para hacerlo necesita algo más que recomponer su entorno político. Necesita recuperar la capacidad de decisión del Gobierno, ordenar a sus equipos, establecer prioridades claras y devolverle a la administración pública una agenda verificable.

También necesita comprender que los ciudadanos no eligieron un Gobierno para asistir diariamente a sus problemas internos. Lo eligieron para que resuelva los problemas del país.

Los asesores pasan. Los ministros pasan. Las crisis políticas también pasan. Bolivia queda.

Y Bolivia no puede permitirse que su Gobierno permanezca detenido mientras discute quién tuvo la culpa de la última crisis.

Hay que resolver los combustibles. Hay que discutir y aprobar las leyes pendientes. Hay que ordenar las cuentas públicas. Hay que abordar el financiamiento externo. Hay que avanzar en la reforma energética, en la inversión, en la autonomía y en todas aquellas transformaciones que el propio Gobierno prometió.

No se trata de fingir que nada ocurre. Se trata justamente de lo contrario: entender la gravedad del momento y gobernar a la altura de ella.

El país no necesita un Gobierno perfecto. Necesita un Gobierno presente, responsable y capaz de tomar decisiones. Porque incluso en medio de la tormenta, alguien tiene que llevar el timón.