Cuando la ética queda en entredicho
La admisión de una denuncia penal contra el ministro de Economía por presuntas irregularidades en la compra de una vagoneta eleva el nivel de exigencia para el Gobierno
El caso de la vagoneta del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ya no puede despacharse como un asunto privado ni como un simple error administrativo de una tramitadora.
La Fiscalía Departamental de La Paz ha admitido la denuncia presentada por el vicepresidente Edmand Lara y ha abierto una investigación por presunta falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y falsedad en la declaración de bienes y rentas. Esto no significa, naturalmente, que el ministro sea culpable. Significa que existen elementos suficientes para que el Ministerio Público investigue unos hechos que presentan inconsistencias que el propio Espinoza ha reconocido parcialmente. Y ahí está precisamente el meollo de la cuestión.
Una escritura pública registra una operación por Bs 50.000, mientras el ministro sostiene que pagó Bs 350.000. Además, existen dudas sobre la declaración patrimonial y sobre la procedencia y utilización de los recursos con los que se realizó la operación.
Puede haber una explicación perfectamente documentada para cada una de estas cuestiones. Pero si existe, corresponde mostrarla. Toda.
No alcanza con atribuir la diferencia a un error de una tramitadora. Tampoco alcanza con decir que se corregirá el documento. Lo que corresponde es explicar cuándo se adquirió el vehículo anterior, cuánto se pagó por él, cuándo y por cuánto se vendió, cómo se pagó el nuevo automóvil y qué monto fue declarado para efectos tributarios y patrimoniales.
La transparencia, en este caso, no debería ser una obligación impuesta por la oposición o por los periodistas. Debería ser una decisión del propio ministro.
Más aún porque Espinoza ocupa una de las carteras más importantes del Gobierno. Quien administra la política económica del Estado, negocia con organismos internacionales, define políticas fiscales y pretende recuperar la confianza de los inversores debe estar sometido a un estándar ético particularmente alto.
La confianza pública no funciona con presunción de inocencia solamente. La presunción de inocencia es una garantía jurídica fundamental y debe respetarse. Pero la confianza política es otra cosa: se construye con ejemplaridad, coherencia y transparencia. Por eso creemos que el ministro debería considerar seriamente dar un paso al costado mientras se esclarece el caso. No como una admisión de culpabilidad. No como una condena anticipada, sino precisamente para proteger la investigación, preservar la credibilidad del Ministerio de Economía y evitar que una investigación sobre el patrimonio de un alto funcionario termine contaminada por la disputa política.
También corresponde pedirle al Gobierno que no convierta este asunto en una batalla contra quienes lo investigan o lo informan.
La prensa tiene el derecho y el deber de preguntar. Y los funcionarios públicos tienen la obligación de responder. Una democracia sana no puede considerar una investigación periodística sobre el patrimonio de un ministro como una agresión política.
La investigación no implica culpabilidad, pero sí obliga a extremar la transparencia. Cuando la idoneidad ética de un alto funcionario queda razonablemente comprometida, apartarse puede ser la mejor manera de proteger a las instituciones y al propio Gobierno.
El Gobierno llegó al poder prometiendo recuperar la institucionalidad y combatir las prácticas que habían deteriorado la confianza en el Estado. Ese compromiso se mide precisamente en situaciones como esta.
No basta con exigir transparencia a los gobiernos anteriores. Hay que practicarla cuando las preguntas incómodas alcanzan a los propios.
La investigación debe avanzar con absoluta independencia. La Contraloría, el Ministerio Público, las autoridades tributarias y las demás instituciones que correspondan deben revisar la documentación y establecer qué ocurrió. Y el Gobierno debe facilitar ese trabajo, no obstaculizarlo.
Pero hay además una consideración política que no debería perderse de vista. Bolivia atraviesa una crisis de confianza particularmente delicada. Se está pidiendo a los ciudadanos sacrificios, se están negociando créditos, se anuncian reformas, se reclama inversión y se pretende reconstruir la economía después de años de deterioro institucional.
En ese contexto, un ministro de Economía bajo una investigación de estas características no puede limitarse a decir que todo se trata de un error. Debe demostrarlo. Y si no puede hacerlo de manera inmediata, transparente y convincente, lo más responsable sería apartarse.
Porque la lucha contra la corrupción y la recuperación de la confianza no empiezan cuando un juez dicta una sentencia. Empiezan mucho antes: cuando un funcionario entiende que el ejercicio del poder exige una conducta incluso más rigurosa que la que se exige a cualquier ciudadano.
