El Audi y la cuestión de confianza
Las explicaciones del ministro de Economía no despejan las dudas sobre su patrimonio y su reacción frente al periodista que reveló el caso agrava un problema que ya no es solamente administrativo: es de idoneidad ética para ejercer un cargo público
Hay asuntos que pueden explicarse con un documento y otros que, por su naturaleza, exigen algo más: confianza. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, enfrenta ahora un problema de esa segunda categoría justo en un momento de extrema gravedad en la crisis del país.
La controversia por la compra de una vagoneta Audi Q4 e-tron contiene demasiadas preguntas todavía sin respuesta. Existe un documento público que consigna un precio de Bs 50.000, mientras el propio ministro asegura que pagó Bs 350.000 y atribuye la diferencia a un error de la tramitadora. A ello se suma que en su declaración jurada de noviembre de 2025 no aparece la vagoneta que, según su explicación, habría vendido para financiar la compra del nuevo vehículo, y tampoco en la actualizada posteriormente.
Nada de esto permite, por sí solo, establecer una conducta delictiva. Pero sí exige una explicación completa, documentada y verificable.
¿Cuándo compró la anterior vagoneta? ¿Cuánto pagó? ¿Cuándo la vendió y por cuánto? ¿Cómo se realizó el pago del Audi? ¿Sobre qué monto se calculó el impuesto de transferencia? ¿Por qué una escritura pública registra Bs 50.000 si el precio real, según el propio comprador, fue de Bs 350.000? ¿Cualquier ciudadano puede escudarse en errores de su tramitadora y que no pase nada?
Son preguntas bastante elementales para cualquier ciudadano. Mucho más para quien ocupa el Ministerio encargado precisamente de administrar las cuentas de todos los ciudadanos.
El problema, por tanto, no puede despacharse con la palabra “error”. Si hubo un error documental, debe corregirse. Si hubo una diferencia tributaria, debe establecerse y regularizarse. Si hubo una omisión en una declaración patrimonial, debe explicarse. Y si no hubo ninguna irregularidad, corresponde demostrarlo con la misma claridad con la que se ha formulado la denuncia.
Pero existe una segunda cuestión todavía más preocupante.
Ante la denuncia del periodista Junior Arias, de DTV, el ministro respondió anunciando una posible auditoría al medio y haciendo referencia a una deuda del Estado con ese canal que rondaría los Bs 3 millones.
Puede haber auditorías. Por supuesto. Puede haber obligaciones pendientes del Estado. También. Pero ambas cosas no pueden aparecer como respuesta política a una investigación periodística sin que se genere, como mínimo, una apariencia gravísima de presión.
El Estado no puede deber dinero a un medio de comunicación y, al mismo tiempo, sugerir una auditoría justo cuando ese medio publica una investigación incómoda sobre un alto funcionario. Aunque ambas circunstancias fueran completamente independientes, corresponde al Gobierno entender que las formas también importan.
La libertad de prensa no consiste en que los periodistas puedan publicar únicamente aquello que gusta al poder. Consiste precisamente en que puedan investigar aquello que el poder preferiría que no se investigara.
Y un Gobierno que ha llegado prometiendo transparencia, lucha contra la corrupción y ruptura con viejas prácticas tiene una obligación todavía mayor: no reproducir los mismos reflejos que criticó durante años.
Por eso consideramos que el ministro Espinoza debería dar un paso al costado.
No porque una denuncia periodística equivalga a una sentencia. No porque una inconsistencia documental demuestre por sí misma un delito. Y tampoco porque un funcionario deba ser condenado públicamente sin investigación.
Cuando las explicaciones no despejan las dudas y la respuesta a una investigación periodística parece una amenaza, lo responsable es apartarse y aclararlo todo.
Debe hacerlo porque el Ministerio de Economía necesita una autoridad cuya credibilidad no esté permanentemente sometida a interrogantes patrimoniales y cuya relación con la prensa no esté marcada por amenazas, reales o percibidas, de utilización del aparato estatal.
En una coyuntura económica tan delicada como la actual, el Gobierno necesita autoridad moral además de autoridad técnica. Está tomando decisiones que afectan el tipo de cambio, los salarios, los impuestos, el gasto público, la inversión, las pensiones y la vida cotidiana de millones de personas. No puede hacerlo mientras su principal responsable económico dedica parte de su energía a explicar una situación patrimonial que debería ser cristalina.
La salida del ministro no tendría que interpretarse como una condena anticipada. Al contrario: sería una forma de preservar la institución, facilitar cualquier investigación que corresponda y demostrar que para este Gobierno la confianza pública está por encima de cualquier persona.
Porque las cuentas públicas pueden auditarse, los documentos pueden corregirse, los impuestos pueden regularizarse, pero la confianza, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar, y Bolivia ya ha tenido demasiados gobiernos que olvidaron esa sencilla verdad.
