La forma del Gobierno
Reducir burocracia puede ser necesario, pero cambiar ministerios y competencias a pocos meses de asumir el poder transmite improvisación cuando Bolivia necesita dirección, estabilidad y certezas.
Bolivia tiene problemas demasiado grandes como para que el Gobierno se permita el lujo de no tener claro cómo quiere enfrentarlos. El Decreto Supremo 5675, aprobado el 13 de agosto, vuelve a reorganizar el Órgano Ejecutivo, reduce a 12 el número de ministerios y elimina el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.
Sobre el papel, la explicación parece razonable: reducir burocracia, eliminar duplicidades, racionalizar el gasto y mejorar la coordinación institucional. Nadie debería defender un Estado sobredimensionado y costoso, mucho menos en un país con déficit fiscal, inflación, escasez de divisas y reservas internacionales en niveles críticos.
El problema no es necesariamente reducir ministerios. El problema es la señal política que transmite hacerlo tan rápidamente y después de haber creado algunas de esas estructuras hace apenas unos meses.
El caso del Turismo resulta particularmente llamativo. El Gobierno creó hace aproximadamente nueve meses un ministerio específico para una actividad que consideraba estratégica y ahora decide extinguirlo para trasladar sus competencias a la Cancillería. ¿Qué cambió en nueve meses? ¿Cambió la importancia del turismo para Bolivia? ¿Cambió el diagnóstico? ¿O fue equivocada la decisión original?
Las preguntas son legítimas porque gobernar también significa explicar.
La reorganización tampoco parece responder a una arquitectura particularmente sencilla. El antiguo Ministerio de Planificación del Desarrollo, que ya había asumido Medio Ambiente, desaparece, pero sus competencias terminan repartidas entre cuatro carteras: Presidencia, Economía, Educación y Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.
La planificación estratégica irá a Presidencia; la inversión pública y el financiamiento externo, a Economía; Ciencia y Tecnología pasa a Educación; y Medio Ambiente termina dentro del nuevo Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, es decir, definitivamente se subordina el medioambiente al desarrollo productivo.
La pregunta inevitable es: ¿quién planifica Bolivia?
La desaparición del Ministerio de Planificación no debería significar la desaparición de la planificación como función del Estado. Al contrario. En una crisis como la actual, el país necesita más que nunca saber hacia dónde quiere ir.
Bolivia necesita decidir qué hará con el gas que se agota, cómo recuperará la producción de hidrocarburos, qué papel tendrá el sector privado, cómo atraerá inversiones, qué hará con el litio, cómo garantizará energía y agua, cómo reconstruirá sus reservas internacionales, cómo reducirá el déficit y cómo diversificará una economía que durante demasiado tiempo dependió de los hidrocarburos y de los precios internacionales de las materias primas.
El país atraviesa una crisis que exige decisiones difíciles, pero también consistentes. El ciudadano necesita saber qué Gobierno tiene delante
Todo eso requiere planificación. No necesariamente un Ministerio de Planificación, pero sí una política de Estado de planificación que sobreviva a los cambios de gabinete.
También resulta preocupante que Cultura quede incorporada a la Cancillería junto con Turismo. La cultura no es únicamente una herramienta de diplomacia pública. Es patrimonio, identidad, industrias culturales, conservación, educación, investigación y creación.
Algo similar ocurre con Medio Ambiente. Integrar las políticas ambientales con las productivas puede tener sentido si se busca superar la falsa contradicción entre producción y conservación. Pero existe el riesgo de que la protección ambiental termine subordinada a las urgencias productivas de corto plazo.
Por eso, más que discutir organigramas, el Gobierno debería explicar qué modelo de Estado está construyendo.
La racionalización administrativa es necesaria. También reducir gasto improductivo. Pero una reforma del Estado no puede limitarse a mover viceministerios, cambiar denominaciones y redistribuir funcionarios.
Debe responder preguntas concretas: ¿qué funciones desaparecen?, ¿cuáles se mantienen?, ¿cuánto dinero se ahorrará realmente?, ¿quién será responsable de cada política?, ¿cómo se medirán sus resultados? y, sobre todo, ¿quién responderá cuando una competencia quede en tierra de nadie?
El Gobierno argumenta que reorganiza el Ejecutivo para enfrentar una situación económica extraordinariamente delicada. Precisamente por eso, cada modificación institucional debería estar acompañada de una hoja de ruta clara.
No hay margen para experimentar indefinidamente.
El país atraviesa una crisis que exige decisiones difíciles, pero también consistentes. El ciudadano necesita saber qué Gobierno tiene delante: uno que ejecuta un programa cuidadosamente diseñado o uno que todavía está probando fórmulas para encontrar su propia estructura.
Si reducir ministerios es parte de una reforma seria del Estado, bienvenida sea. Si eliminar estructuras duplicadas permite ahorrar recursos, mejor todavía. Pero el Ejecutivo tiene la obligación de explicar qué hay detrás de cada decisión.
Bolivia puede cambiar sus ministerios. Lo que no debería cambiar cada pocos meses es el rumbo del país.
