Invertir en Bolivia, apostar por Bolivia
La futura Ley de Inversiones debe abrir puertas al capital, pero nunca renunciar al interés nacional. El desarrollo no llegará desde fuera por generosidad, sino desde la capacidad de los bolivianos para construir un país confiable y competitivo
El anuncio de que el Gobierno remitirá la próxima semana al Parlamento una nueva Ley de Inversiones coloca sobre la mesa uno de los debates más importantes para el futuro inmediato de Bolivia. Después de años de caída de la inversión, de agotamiento del modelo hidrocarburífero y de una economía que busca desesperadamente nuevas fuentes de crecimiento, resulta evidente que el país necesita atraer capital. La verdadera discusión nunca ha sido esa.
La pregunta relevante es otra: ¿bajo qué condiciones?
Bolivia no puede volver a caer en la falsa dicotomía entre cerrar completamente la economía o abrirla sin reservas. Ambas posiciones han demostrado sus limitaciones. Tan perjudicial es levantar muros por razones ideológicas como entregar ventajas indiscriminadas creyendo que cualquier inversión, por el solo hecho de ser extranjera, resolverá nuestros problemas estructurales.
No lo hará.
Las inversiones no llegan por solidaridad ni por afinidad política ni de unos ni de los otros. Llegan cuando existen oportunidades de negocio, reglas estables, seguridad jurídica, instituciones confiables y perspectivas razonables de rentabilidad. Pensar que bastará una ley para provocar una lluvia de capitales sería repetir errores que Bolivia ya ha cometido demasiadas veces.
Precisamente por ello, la futura norma deberá construirse sobre algunos principios irrenunciables.
El primero es la transparencia. Una ley de esta magnitud no puede negociarse entre despachos ni presentarse como un hecho consumado. Debe ser ampliamente debatida, conocida por la ciudadanía y sometida al escrutinio de los sectores productivos, las regiones y la academia. Cuanto mayor sea la claridad de sus reglas, mayor será también su credibilidad. Se intentó con el Fast Track del DS 5503 y el gobierno todavía no se recupera de aquello.
La inversión extranjera puede acelerar el desarrollo, pero nunca sustituirá la responsabilidad de los bolivianos de construir un país confiable, productivo y capaz de generar su propia prosperidad
El segundo es la diversificación. Bolivia necesita inversión proveniente de múltiples países, múltiples sectores y múltiples actores. Atarse económica o estratégicamente a un solo socio nunca ha dado buenos resultados. La política exterior debe abrir oportunidades, no generar nuevas dependencias.
El tercero es el interés nacional. Durante demasiado tiempo los bolivianos hemos discutido la llegada de capital extranjero sin preguntarnos cómo movilizar con mayor inteligencia nuestros propios recursos. El Fondo de Pensiones constituye uno de los mayores activos financieros del país. Ese ahorro pertenece a los trabajadores bolivianos y debe administrarse con criterios de seguridad y rentabilidad, pero también con una visión estratégica que permita financiar proyectos productivos capaces de generar riqueza, empleo y crecimiento dentro del territorio nacional. No para cubrir urgencias coyunturales ni para alimentar circuitos financieros que poco aportan al desarrollo.
Naturalmente, ese objetivo exige reglas técnicas rigurosas, independencia en las decisiones de inversión y mecanismos de control que protejan el patrimonio de los aportantes. Pero renunciar siquiera a debatir cómo convertir ese enorme ahorro en un motor del desarrollo sería desperdiciar una de las mayores fortalezas económicas que aún conserva Bolivia.
La inversión extranjera debe complementar ese esfuerzo, nunca sustituirlo, porque ningún país ha construido su prosperidad esperando que otros resuelvan sus problemas. Lo hicieron fortaleciendo sus instituciones, formando capital humano, creando empresas competitivas y aprovechando inteligentemente el capital externo cuando este contribuía a un proyecto nacional previamente definido. Ese sigue siendo el desafío boliviano.
La Ley de Inversiones será una pieza importante, pero solo una pieza. Sin estabilidad institucional, sin reforma del sistema de justicia, sin reglas previsibles, sin autonomía capaz de impulsar el desarrollo regional y sin una estrategia clara para recuperar la producción de hidrocarburos, la minería, la agroindustria, el turismo o la industria, ninguna norma podrá producir por sí sola el cambio que el país necesita.
Bolivia debe recibir con los brazos abiertos a quienes quieran invertir, producir y generar empleo. Pero también debe hacerlo con inteligencia, transparencia y plena conciencia de sus intereses.
Porque el desarrollo nunca será una importación. Será, como siempre ha sido, el resultado del trabajo, la confianza y la capacidad de los propios bolivianos para construir el país que quieren legar a las próximas generaciones.
