La cultura no puede quedar en el aire

El Gobierno de Rodrigo Paz ha planteado una reorganización del Estado que, en principio, responde a una lógica difícil de discutir: un país con recursos escasos no puede sostener estructuras burocráticas ineficientes. Menos ministerios, menos gasto improductivo y una administración más ágil pueden ser objetivos razonables. El propio Presidente lo resumió al posesionar nuevos miembros en su gabinete: no se trata de tener un Estado más grande ni uno ausente, sino “más inteligente, más eficiente, más transparente y más cercano a la gente”.

El problema aparece cuando la reducción administrativa se queda en el anuncio y no viene acompañada de respuestas.

El 3 de agosto se anunció la desaparición del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía y su sustitución por una agencia nacional, pero los días pasan y nada se concreta, generando incertidumbre en un sector aparentemente clave como el del turismo y la cultura, con sus responsabilidades establecidas por Ley.

La discusión, por tanto, no debería ser si Bolivia necesita un Ministerio de Culturas con determinado nombre, ni siquiera si la cultura debe compartir espacio administrativo con el turismo. La pregunta verdaderamente importante es qué política cultural quiere desarrollar el Estado y quién será responsable de ejecutarla.

Porque detrás de un organigrama hay patrimonio, archivos, museos, artistas, festivales, comunidades, patrimonio inmaterial, registros y obligaciones legales. Las leyes 500 y 530, por ejemplo, asignan responsabilidades concretas al Ministerio de Culturas. Si la cartera desaparece, alguien tendrá que asumirlas. Y ese alguien debe estar identificado antes de que la puerta del ministerio se cierre.

Hay además una lección que conviene no perder de vista. La institucionalidad cultural boliviana lleva décadas cambiando de forma: instituto, secretaría, viceministerio, ministerio, ministerio fusionado y ahora, nuevamente, agencia. Casi siempre mediante decisiones del Ejecutivo, lo que significa que la cultura permanece excesivamente expuesta a los cambios de gobierno y de gabinete. Y esa fragilidad no se resuelve simplemente cambiando un ministerio por una agencia.

La cultura no necesita necesariamente un ministerio grande. Necesita un Estado que sepa qué quiere hacer con ella

Tampoco sería serio sostener que el ministerio funcionaba perfectamente y que su presupuesto era suficiente. Los propios datos de ejecución muestran otra realidad. El gasto cultural llegó a 137,2 millones de bolivianos en 2018 y fue de 56,7 millones en 2025. Pero hay un dato todavía más revelador: antes de 2020, entre 26% y 39% del gasto ejecutado se destinaba a activos reales, mientras que después de ese año ese componente cayó hasta situarse entre 0% y 13%. Al mismo tiempo, los salarios llegaron a representar hasta 74% del gasto.

Es decir, también hay razones para revisar profundamente el modelo.

Pero revisar no significa borrar. Y reducir burocracia no significa necesariamente reducir Estado.

El Gobierno tiene una oportunidad para demostrar que su propuesta es realmente una reforma y no simplemente un ajuste de organigrama. Si la nueva agencia será más eficiente, debe explicar cuánto costará, qué funciones tendrá, qué presupuesto administrará, qué funcionarios permanecerán, qué programas continuarán y quién responderá por el patrimonio cultural del país.

Hay una segunda cuestión que tampoco debería perderse en esta discusión. El Gobierno ha colocado al turismo entre los motores de la nueva economía boliviana. Es una apuesta razonable y necesaria para un país que necesita diversificar sus ingresos. Pero también aquí conviene mirar los datos antes que los discursos. En Tarija, por ejemplo, el número de visitantes alojados cayó de 87.364 en 2024 a 64.443 en 2025, un descenso de 26,2%. La apuesta turística necesita políticas concretas, no solamente anuncios.

La cultura, además, no es simplemente un complemento decorativo del turismo. Puede generar empleo, actividad económica, identidad y cohesión social. Los datos disponibles muestran que el empleo en actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas ha crecido en los últimos años, aunque el país todavía ni siquiera cuenta con estadísticas oficiales suficientemente precisas para medir el verdadero tamaño de ese sector.

Ahí está, quizá, una de las tareas pendientes más importantes: conocer para poder decidir.

No necesitamos defender instituciones por costumbre ni mantener ministerios por nostalgia. Pero tampoco podemos aceptar que la modernización del Estado consista en hacer desaparecer estructuras sin explicar qué ocurrirá al día siguiente.

El Gobierno de Paz tiene derecho a reorganizar el Estado. Tiene incluso la obligación de hacerlo si considera que las estructuras actuales ya no responden a las necesidades del país.

Pero precisamente porque está proponiendo un cambio de fondo, debe hacerlo bien. Menos burocracia, sí. Más eficiencia, también. Pero sobre todo, más claridad, más transparencia y más responsabilidad pública.

La cultura no necesita necesariamente un ministerio grande. Necesita un Estado que sepa qué quiere hacer con ella y que sea capaz de responder por sus decisiones.