Paz, el FMI y la confianza
El presidente asume ya que someterse al FMI es inevitable, pese a los compromisos que supondrá y los riesgos de sostenibilidad que implica
Gobernar obliga, muchas veces, a tomar decisiones distintas de las que se defendieron en campaña. La realidad suele ser más compleja que los discursos electorales y ningún país puede exigir a un presidente que ignore los hechos cuando llega al poder. Pero la “herencia recibida” tampoco puede convertirse en la excusa para todos. Además, una cosa es rectificar y otra muy distinta hacerlo sin explicaciones. En democracia, los cambios de rumbo también deben rendir cuentas.
El inminente acuerdo entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional representa uno de los giros políticos más significativos del actual gobierno. Durante la campaña, el hoy presidente Rodrigo Paz Pereira fue categórico al rechazar cualquier financiamiento del organismo. Su propuesta consistía en reactivar la economía con recursos internos y sostenía que, administrando correctamente el dinero público, no sería necesario acudir al FMI.
Hoy la situación es otra. El Gobierno negocia un programa de financiamiento que podría convertirse en uno de los mayores acuerdos crediticios de las últimas décadas. La “justificación” es conocida: una economía profundamente deteriorada, reservas internacionales insuficientes, dificultades para sostener el abastecimiento de combustibles y una urgente necesidad de estabilizar el mercado cambiario, que sigue escalando.
Rectificar una promesa electoral puede ser necesario. Lo que nunca deja de ser obligatorio es explicar con transparencia por qué se cambió de rumbo y cuáles serán las consecuencias para el país
Es posible que esa decisión sea necesaria. Incluso puede ser la más responsable dadas las circunstancias. Pero precisamente por ello merece una explicación transparente a la ciudadanía.
Los bolivianos no solo tienen derecho a saber cuánto dinero llegará. Tienen derecho a conocer las condiciones del acuerdo, los compromisos que asumirá el Estado, el calendario de reformas y el impacto que esas medidas tendrán sobre las familias, las empresas y los gobiernos subnacionales. Un crédito de esta magnitud no es una decisión administrativa; es una decisión de país.
La experiencia latinoamericana demuestra que el FMI puede no ser, por definición, el enemigo que algunos describen, pero desde luego no es el salvador que otros anuncian. Es una institución financiera que presta recursos bajo determinadas condiciones orientadas a garantizar el equilibrio macroeconómico. Corresponde a cada gobierno negociar esas condiciones defendiendo el interés nacional y procurando que los costos del ajuste no recaigan desproporcionadamente sobre quienes menos tienen.
Ese es el verdadero debate de un mecanismo que implica endeudar al país a largo plazo sin tener claro para qué se utilizará, cómo se devolverá y qué reformas estructurales acompañarán ese financiamiento.
Porque ningún crédito resuelve por sí mismo los problemas de una economía. Puede ofrecer tiempo, liquidez y estabilidad inicial. Pero si no viene acompañado de una recuperación de la producción, de la inversión, de la exploración hidrocarburífera, de una reforma del Estado y de una disciplina fiscal sostenida, el alivio será temporal y la deuda permanecerá.
Al mismo tiempo, el Gobierno debe comprender que la credibilidad es uno de los activos más valiosos de cualquier administración. Cuando las decisiones contradicen promesas centrales de campaña, no basta con invocar la gravedad de la herencia recibida. Esa realidad ya era ampliamente conocida por los ciudadanos cuando acudieron a las urnas. Lo que corresponde ahora es explicar con claridad por qué cambió el diagnóstico, qué alternativas fueron evaluadas y cuáles serán las consecuencias de la nueva estrategia.
La confianza no se construye ocultando información ni presentando como inevitables decisiones que meses atrás se consideraban inaceptables. Se construye hablando con franqueza a la sociedad, compartiendo los costos, los beneficios y los riesgos de cada medida.
Bolivia atraviesa una coyuntura extraordinariamente delicada. Recuperar la estabilidad económica exige decisiones difíciles, algunas de ellas impopulares. Pero cuanto más profundas sean esas decisiones, mayor debe ser el compromiso con la transparencia y la coherencia institucional.
Porque los ciudadanos pueden comprender un cambio de rumbo. Lo que difícilmente aceptan es que se les pida confianza sin ofrecerles explicaciones.
