El ahorro de los bolivianos debe construir Bolivia
Exportar el ahorro de los trabajadores no puede convertirse en la respuesta a la falta de oportunidades de inversión. El desafío es construir una economía capaz de transformar ese capital en desarrollo para Bolivia
El proyecto de reforma de la Ley de Pensiones plantea un cambio de enorme trascendencia: convertir en una obligación que entre el 30% y el 80% del ahorro previsional de los trabajadores bolivianos se invierta en el exterior. No es un ajuste técnico. Es una redefinición del papel que debe cumplir el mayor fondo de capital del país.
La discusión merece mucho más que un cálculo financiero. Obliga a responder una pregunta de fondo: ¿para qué existe el ahorro previsional?
Su finalidad principal es garantizar una jubilación digna y preservar el valor de los aportes. Nadie discute ese objetivo. Pero tampoco puede ignorarse que los fondos de pensiones son, en todas las economías, una formidable herramienta para impulsar el crecimiento, financiar inversiones de largo plazo y fortalecer el aparato productivo. Los países que hoy cuentan con industrias sólidas, infraestructura moderna y mercados de capitales desarrollados no llegaron allí exportando sistemáticamente su ahorro, sino utilizándolo para construir riqueza dentro de sus propias fronteras.
El problema nunca fue que el ahorro previsional se invirtiera en Bolivia; el problema fue utilizarlo para financiar al Estado antes que para impulsar la producción y el empleo
Bolivia necesita precisamente eso.
Necesita carreteras, energía, agroindustria, minería con valor agregado, industria forestal, siderurgia, manufactura, tecnología y empresas capaces de generar empleo formal y divisas. Necesita ampliar su capacidad productiva para dejar de depender de ciclos de materias primas y construir una economía más diversificada. Es difícil sostener ese objetivo mientras se propone que una parte sustancial del ahorro nacional financie proyectos, empresas y mercados de otros países.
Por supuesto que el problema no es invertir en el exterior. Toda cartera responsable debe diversificar riesgos y aprovechar oportunidades internacionales cuando corresponda. Lo preocupante es elevar esa posibilidad a la categoría de mandato legal y hacerlo, además, con porcentajes que podrían convertir al ahorro de los bolivianos en una fuente permanente de financiamiento para economías ajenas mientras la propia enfrenta una evidente escasez de capital de largo plazo.
Más aún cuando el argumento parece partir de una premisa equivocada: que el problema es invertir en Bolivia. No. El problema ha sido invertir mal.
Durante años el fondo previsional fue concentrándose en deuda pública, muchas veces utilizada para cubrir las necesidades financieras del propio Estado antes que para dinamizar la economía productiva. Ese no es un fracaso del ahorro interno; es un fracaso de las políticas de inversión y de la ausencia de alternativas suficientes para canalizar esos recursos hacia el sector productivo.
La respuesta no debería ser sacar el dinero del país, sino crear las condiciones para que pueda invertirse aquí con seguridad, rentabilidad y reglas claras. Bolivia necesita un mercado de valores más profundo, mejores mecanismos de financiamiento empresarial, proyectos productivos estructurados, supervisión técnica independiente y una Gestora con plena institucionalidad. Necesita, en definitiva, transformar el ahorro de los trabajadores en inversión para los trabajadores.
Resulta paradójico que esta reforma se discuta precisamente cuando la Gestora acumula un año sin publicar el detalle de sus inversiones y continúa funcionando sin el Directorio que la propia Ley de Pensiones ordenó conformar hace quince años. Antes de decidir enviar miles de millones de dólares al exterior, el país debería exigir que existan los mecanismos de control y transparencia que garanticen una administración profesional del patrimonio previsional.
Porque el verdadero debate no es geográfico. Es estratégico.
Cada boliviano que aporta a su jubilación está haciendo un acto de confianza. Confía en que su dinero será administrado con prudencia y que, mientras espera su retiro, contribuirá también a construir un país con más oportunidades para sus hijos y nietos. Esa doble misión —proteger el ahorro y fortalecer el desarrollo nacional— no es incompatible; por el contrario, debería ser el principio rector de cualquier política previsional.
Bolivia atraviesa uno de los momentos económicos más complejos de las últimas décadas. Carece de divisas, necesita reactivar la inversión y busca desesperadamente motores de crecimiento. En ese contexto, convertir el ahorro interno en un flujo permanente de capital hacia el exterior parece responder más a la falta de confianza en nuestra propia economía que a una estrategia para fortalecerla.
El desafío no consiste en encontrar mejores lugares donde invertir el dinero de los bolivianos fuera del país. Consiste en hacer de Bolivia un mejor lugar para invertir el dinero de los bolivianos. Ese debería ser el verdadero objetivo de una reforma previsional que aspire a mirar el futuro.


