Pensiones: Ahorrar para otros

Bolivia tiene uno de los fondos previsionales más grandes en relación con el tamaño de su economía. Casi 30.000 millones de dólares acumulados durante décadas por cientos de miles de trabajadores que, mes a mes, descuentan parte de su salario con una expectativa sencilla y legítima: garantizar cierta tranquilidad cuando llegue el momento de retirarse. Esa es, en teoría, la promesa del sistema. La realidad parece ser otra. En elpais.bo hemos publicado una serie de reportajes que profundiza en esto y que puedes consultar aquí: Trabajar a ciegas: La informalidad que vacía las pensiones bolivianas. 

Esta investigación vuelve a poner el foco sobre un asunto demasiado importante como para seguir tratándolo con opacidad: el destino real del ahorro previsional de los bolivianos. Los datos revelan un panorama inquietante. Más del 90% del fondo está concentrado entre deuda estatal y sistema bancario. Apenas una fracción marginal llega a empresas productivas capaces de generar desarrollo, empleo o valor agregado. Dicho de otro modo: el ahorro de los trabajadores no está financiando el futuro del país, sino sosteniendo las urgencias del presente.

Cuando un país utiliza el dinero destinado a garantizar jubilaciones dignas para financiar su propia crisis, deja de construir futuro y empieza a hipotecarlo

Que el Estado recurra a los fondos de pensiones para financiarse no constituye necesariamente una irregularidad. Que los bancos utilicen esos recursos dentro de un esquema regulado tampoco. El problema surge cuando esa concentración deja de responder al interés del ahorrista y pasa a obedecer a necesidades políticas, fiscales o corporativas ajenas a quien realmente es dueño del dinero: el trabajador.

Porque conviene recordar algo elemental. Ese dinero no pertenece al gobierno de turno, no pertenece a la Gestora, no pertenece a los bancos y mucho menos a grupos empresariales que terminan transfiriendo dividendos fuera del país. Ese dinero pertenece a personas concretas que durante décadas renuncian a parte de su ingreso presente bajo la promesa de seguridad futura.

Sin embargo, hoy el sistema ofrece señales alarmantes. Mientras la inflación superó el 20% en 2025, la rentabilidad nominal del fondo apenas alcanzó el 4,5%. En términos reales, eso significa que quienes aportaron durante todo el año perdieron poder adquisitivo. Ahorraron más, pero tienen menos. Difícil encontrar una contradicción más brutal.

La situación resulta todavía más delicada cuando se confirma que parte de esos recursos han servido como colateral para operaciones estatales de liquidez externa, o que bancos financiados con ahorro previsional distribuyen utilidades millonarias hacia matrices ubicadas en jurisdicciones de baja tributación. Legal, quizá, pero profundamente cuestionable desde una perspectiva ética y estratégica.

El problema de fondo vuelve a ser el mismo que atraviesa buena parte de la economía boliviana: seguimos utilizando recursos nacionales para administrar crisis inmediatas en lugar de construir capacidades de largo plazo. Se consume capital, pero no se genera riqueza nueva.

Durante años Bolivia discutió cómo atraer inversión extranjera, cómo diversificar la economía o cómo generar empleo de calidad. Paradójicamente, el país ya tiene una enorme masa de capital disponible dentro de sus propias fronteras: el ahorro previsional de sus trabajadores. La pregunta incómoda es por qué ese dinero no está siendo utilizado para impulsar sectores estratégicos, infraestructura productiva o proyectos capaces de multiplicar riqueza interna bajo reglas claras y transparentes.

La jubilación no debería ser una apuesta financiera donde el ciudadano asume todos los riesgos mientras otros capturan los beneficios. Ahorrar para el futuro no puede convertirse en financiar la supervivencia del Estado o los balances de terceros.

Porque cuando un país termina utilizando el ahorro de sus trabajadores para sostener un modelo agotado, deja de construir futuro y empieza, simplemente, a hipotecarlo.