Municipios cierran filas por el 12% del IDH, mientras el Gobierno inicia la Agenda 50/50

La Asociación de Municipios de Tarija cierra filas para exigir la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenido durante la última década para el Fondo de Promoción a la Exploración Hidrocarburífera. Sin embargo, el Gobierno nacional ha optado por abrir el debate de largo plazo con el inicio de la construcción de la denominada Agenda 50/50.

Aunque ambas iniciativas buscan aliviar el desequilibrio financiero entre el nivel central y las autonomías, las autoridades municipales advierten que sus urgencias son inmediatas y que muchas alcaldías podrían llegar al último trimestre del año sin recursos suficientes para garantizar servicios básicos ni el pago de obligaciones.

Una reunión cercana

La presión de los municipios se concentra ahora en la reunión prevista para el martes de la siguiente semana entre representantes de los once gobiernos municipales de Tarija y autoridades del Gobierno nacional, donde el principal punto de la agenda será precisamente la devolución del 12% del IDH.

El alcalde de Tarija y presidente de la AMT, Johnny Torres, explicó que el encuentro también abordará otros temas económicos, aunque remarcó que la restitución de estos recursos constituye la prioridad.

Según la autoridad, tras la devolución parcial realizada durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez aún quedan pendientes varios años de descuentos efectuados por el Gobierno nacional para financiar la exploración hidrocarburífera, recursos que —afirma— nunca retornaron a las regiones mediante nuevas inversiones.

Torres recordó que esos descuentos comenzaron con el compromiso de impulsar nuevos descubrimientos de gas y petróleo que posteriormente generarían mayores ingresos para las regiones, situación que, sostiene, nunca se concretó.

"La exploración prometida nunca dio resultados y, mientras tanto, los municipios siguieron perdiendo recursos año tras año", cuestionó.

En el caso específico del municipio de Tarija, estimó que la devolución podría representar alrededor de 6 millones de bolivianos por gestión, mientras que el acumulado superaría ampliamente los 50 millones.

Un salvataje financiero

El presidente del Concejo Municipal de Tarija, Marcelo Zenteno, considera que la devolución del 12% constituye la salida más rápida para enfrentar la crisis financiera que golpea a las alcaldías.

Explicó que la caída de ingresos coincidió con el incremento de gastos obligatorios derivados del aumento del salario mínimo nacional y del retiro gradual de la subvención a los combustibles, medidas que encarecieron significativamente la prestación de servicios municipales.

"Muchos municipios no van a llegar a fin de año si no reciben un apoyo extraordinario", advirtió.

Según Zenteno, los presupuestos municipales prácticamente ya no tienen margen de ajuste, debido a que la mayor parte de los recursos está comprometida en salarios, funcionamiento y servicios esenciales.

La única variable que ha podido reducirse es la inversión pública, situación que ha provocado la paralización o postergación de numerosos proyectos de infraestructura.

Por ello, considera que la restitución del 12% del IDH permitiría garantizar la continuidad de los servicios municipales y, en algunos casos, recuperar parte de la capacidad de inversión.

El debate del 50/50

Sin embargo, la discusión no se limita únicamente al IDH. Los municipios también han vuelto a insistir en la necesidad de avanzar hacia el denominado modelo 50/50, una propuesta que busca redistribuir de manera equitativa los recursos fiscales entre el Gobierno central y las entidades territoriales autónomas.

Para Johnny Torres, el problema de fondo radica en el excesivo centralismo fiscal.

El alcalde sostiene que actualmente el Gobierno nacional administra alrededor del 91% de los recursos públicos, mientras que el restante 9% debe repartirse entre los 335 municipios, las nueve gobernaciones y las universidades públicas del país.

A su juicio, este esquema limita la capacidad de respuesta de las regiones frente a las crecientes demandas ciudadanas y obliga permanentemente a las autoridades locales a depender de decisiones adoptadas desde La Paz.

"Las autonomías no estamos pidiendo algo que no nos corresponda; estamos reclamando una distribución más justa de los recursos", afirmó.

El 50/50 se vuelve “Agenda 50/50”

Paradójicamente, mientras los municipios presionan por medidas inmediatas, el Gobierno nacional comenzó a dar los primeros pasos para construir precisamente una propuesta relacionada con el 50/50, bajo el nombre de Agenda 50/50.

El director ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Alfonso Lema, informó que este jueves ya se iniciaron reuniones técnicas con gobernaciones, alcaldías y universidades para elaborar la Agenda 50/50. El primer encuentro se realizó en Beni junto al Gobernador, el alcalde de Trinidad y el Rector universitario.

Según Lema, el objetivo no consiste únicamente en redistribuir recursos, sino en equilibrar competencias, responsabilidades y capacidades institucionales entre los distintos niveles del Estado.

La autoridad aclaró que este proceso no responde a un cronograma político inmediato, sino a una construcción gradual sustentada en estudios técnicos, jurídicos y fiscales.

"Más que hablar de fechas, debemos hablar de fases", explicó.

El Gobierno plantea que cada departamento construya diagnósticos propios que posteriormente permitan consolidar una propuesta nacional capaz de fortalecer las autonomías sin afectar la sostenibilidad financiera del Estado.

Con anterioridad, desde Tarija cuestionaron que el proceso del 50/50 avanza demasiado lento frente a la gravedad de la crisis económica.

El senador César Mentasti señaló que varias regiones esperan conocer cuanto antes una propuesta concreta sobre el 50/50.

"Tengo entendido que el Gobierno está trabajando una propuesta seria a través del PNUD. Ojalá pueda presentarla cuanto antes porque departamentos como Tarija y Santa Cruz ya están levantando la voz", manifestó.

Para el legislador, el 50/50 representa mucho más que una redistribución presupuestaria. Considera que puede convertirse en el punto de partida para consolidar un modelo de mayor autonomía regional, donde los departamentos asuman nuevas competencias administrativas, legislativas e incluso tributarias.

Entre las posibilidades mencionó la creación de impuestos departamentales propios, mayores atribuciones normativas e incluso mecanismos institucionales para enfrentar problemas específicos como los bloqueos de caminos.