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Se retrasa el plan de Tarija para conciliar cuentas

Bloqueos frenan el debate del 50/50 y postergan el auxilio financiero

La conflictividad social en el país impide el viaje de las autoridades y deja en suspenso la reestructuración presupuestaria de los gobiernos municipales y departamentales

Ecos de Tarija
  • Redacción Central / El País
  • 03/06/2026 00:00
Bloqueos frenan el debate del 50/50  y postergan el auxilio financiero
La reunión entre el Gobierno y autoridades subnacionales está postergada

Mientras Bolivia cumple más de un mes de conflictos sociales y bloqueos de carreteras, la agenda para la supervivencia financiera de gobernaciones y municipios permanece congelada. Las mesas técnicas que debían instalarse entre el Gobierno nacional y los niveles subnacionales para debatir temas como la redistribución de recursos bajo la propuesta del 50/50, la reprogramación y condonación de deudas, la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la transferencia de competencias, han quedado postergadas por la conflictividad que atraviesa el país.

Los gobiernos departamentales y municipales coinciden en que la crisis económica que enfrentan requiere soluciones a corto plazo para evitar entrar en quiebra. Sin embargo, los más de 90 puntos de bloqueo registrados en distintas regiones han dificultado la movilidad de autoridades y equipos técnicos, retrasando una discusión que venía gestándose desde hace varios meses.

Una agenda en pausa

La escalada de las movilizaciones obligó al Gobierno nacional a concentrar sus esfuerzos en contener los conflictos sociales y buscar acuerdos sectoriales para evitar una mayor paralización del país. En ese escenario, los debates vinculados a las autonomías y al pacto fiscal quedaron relegados.

La situación afecta particularmente a gobernaciones y municipios que esperaban instalar mesas técnicas para discutir mecanismos que permitan aliviar la delicada situación financiera que atraviesan.

En el caso de Tarija, el secretario de Economía de la Gobernación, Fernando Romero, había anunciado que la pasada semana debía trasladarse a La Paz para sostener reuniones con autoridades del Ministerio de Economía. La agenda contemplaba plantear un pacto fiscal interno, mecanismos de reprogramación de deuda, cooperación financiera y la devolución de competencias que actualmente son financiadas por las regiones pese a corresponder al nivel central del Estado.

Sin embargo, la imposibilidad de trasladarse –y las nuevas prioridades del Gobierno por los conflictos-, obligó a suspender esos encuentros.

El debate pendiente del 50/50

Entre los temas más importantes que permanecen pendientes figura la propuesta del denominado 50/50, que ha sido planteada como promesa electoral del presidente Rodrigo Paz, pero que ahora alcaldes y gobernaciones demandan su cumplimiento.

La iniciativa plantea una redistribución de los recursos públicos para que el 50% permanezca en el nivel central y el otro 50% sea destinado a gobiernos departamentales y municipales.

Los niveles subnacionales argumentan que la actual estructura de distribución de recursos resulta insuficiente para atender las crecientes responsabilidades que han asumido los durante los últimos años.

La caída de ingresos por regalías hidrocarburíferas, la reducción de transferencias y el incremento de competencias han generado un escenario en el que tanto la Gobernación de Tarija, como la Alcaldía califican como “insostenible”.

Sin embargo, el debate formal sobre esta propuesta aún no ha comenzado y depende de la instalación de las mesas técnicas que hoy se encuentran paralizadas.

Deudas, competencias y el 12% del IDH

Otro de los temas que preocupa a municipios y gobernaciones es la situación de las deudas contraídas con entidades como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Las autoridades regionales buscan mecanismos de reprogramación e incluso condonación parcial de algunas obligaciones financieras, argumentando que los actuales ingresos no permiten cumplir con las cuotas sin afectar la prestación de servicios básicos.

A ello se suma la demanda de revisar la transferencia de competencias desde el nivel central. Los gobiernos subnacionales cuestionan que durante años hayan asumido responsabilidades en áreas como salud, educación e infraestructura sin recibir los recursos suficientes para financiarlas.

Paralelamente, ha sido el mismo alcalde de Tarija, Johnny Torres, quien insiste en la necesidad de restituir el 12% del IDH que fue retenido en años anteriores, para la exploración hidrocarburífera, pero que no ha tenido resultados positivos, por lo que ahora se niega a seguir aportando.

Presión
Municipios y gobernaciones presionan por una redistribución equitativa de los recursos públicos para garantizar su funcionamiento operativo.

Torres pide retomar el diálogo

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, reconoció que la actual coyuntura ha frenado cualquier posibilidad de avanzar en estas negociaciones.

La autoridad recordó que los municipios continúan financiando obligaciones que corresponden al Gobierno nacional, situación que considera insostenible bajo las condiciones económicas actuales.

“Necesitamos que el Gobierno le ponga dinero a esas competencias. Nosotros seguimos pagando obligaciones nacionales con presupuesto municipal, algo que se aceptó hace muchos años cuando la realidad económica era diferente”, sostuvo.

Torres recordó que durante un encuentro realizado semanas atrás en Cochabamba se plantearon tres alternativas para enfrentar la crisis financiera de los gobiernos subnacionales: implementar la propuesta del 50/50, dejar de asumir obligaciones que corresponden al nivel central y restituir el 12% del IDH.

A su juicio, la medida más inmediata sería precisamente devolver esos recursos a los municipios para garantizar su funcionamiento hasta fin de año, mientras se construyen soluciones estructurales de largo plazo.

Sin embargo, lamentó que el recrudecimiento de los conflictos haya interrumpido las conversaciones.

“Ni bien terminó lo de Cochabamba se vinieron los bloqueos y no hemos podido volver a coordinar”, señaló.

Las autoridades subnacionales consideran que una vez superada la conflictividad social, uno de los principales desafíos será retomar una agenda económica que permita redefinir la relación financiera entre el nivel central y las regiones, más ahora, con la reducción de ingresos y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las autonomías.

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