La nueva directiva hereda una ALDT sin informes ni estados financieros

A pocos días de haberse renovado la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y con una nueva correlación política marcada por tensiones entre oficialismo y oposición, los actuales legisladores reconocen que todavía desconocen con exactitud cuánto del presupuesto 2026 ya fue ejecutado, cuánto queda disponible y cuál es la verdadera magnitud de las obligaciones heredadas.

La incertidumbre económica se ha convertido en el primer gran desafío de la nueva gestión legislativa. La falta de información, la ausencia de una rendición formal de cuentas y las denuncias sobre deudas acumuladas han encendido las alarmas en un órgano legislativo que ya operaba con un presupuesto reducido.

Institución con problemas financieros

Las advertencias sobre la crisis económica de la ALDT no son nuevas. Durante los últimos meses de la pasada gestión, legisladores y funcionarios salientes ya habían alertado sobre dificultades para sostener el funcionamiento institucional debido a la caída de ingresos departamentales y la reducción progresiva de recursos provenientes de hidrocarburos.

Sin embargo, el escenario parece más complejo de lo previsto.

La nueva directiva encontró una Asamblea en donde reina la incertidumbre administrativa y financiera, donde incluso aspectos básicos de funcionamiento se habrían visto afectados por la falta de liquidez.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la administración encabezada por el ahora exasambleísta Damián Castillo, a quien sectores de la nueva mayoría legislativa observan por no haber dejado un informe detallado de gestión al momento de concluir su mandato.

Aunque el exgobernador Oscar Montes, en su informe final de gestión, enfatizó que durante su administración se priorizó el pago de deudas institucionales del departamento, no se hace referencia específica a obligaciones pendientes con la Asamblea Legislativa, dejando entrever que no existe compromisos con esa entidad.

Una estructura que no se reduce

Para la gestión 2026, la ALDT cuenta con un presupuesto de 14,7 millones de bolivianos, cifra que representa una disminución aproximada del 15% respecto a anteriores gestiones, cuando el legislativo manejaba alrededor de 17,5 millones.

La reducción presupuestaria llega en un momento especialmente sensible, considerando que la estructura institucional prácticamente no se ha modificado y que continúan vigentes los gastos asociados a salarios, funcionamiento administrativo, personal técnico y servicios generales.

Entre marzo y abril de este año, varios legisladores ya advertían que la Asamblea acumulaba obligaciones pendientes que oscilaban entre 600 mil y 650 mil bolivianos, principalmente por pagos devengados, servicios y compromisos administrativos.

No obstante, algunas proyecciones internas incluso alertaban que la nueva legislatura podría heredar pasivos cercanos a 1,5 millones de bolivianos si no se aplicaban ajustes inmediatos.

Salarios atrasados y proveedores impagos

La crisis financiera también golpeó directamente al funcionamiento cotidiano de la institución.

Reportes internos señalaban retrasos de hasta cinco meses en el pago de salarios, además de deudas con proveedores de bienes y servicios, incluyendo medios de comunicación y empresas contratistas.

Aunque la directiva saliente admitió dificultades de liquidez, sostuvo que durante los últimos meses se priorizaron los gastos operativos esenciales y el pago parcial de haberes.

El propio Damián Castillo había manifestado públicamente que se realizaron esfuerzos para evitar dejar una situación de déficit mayor al momento del cambio de mando.

Sin embargo, las nuevas autoridades sostienen que todavía no existe claridad sobre la ejecución real del presupuesto 2026.

No se conoce el estado financiero

El vicepresidente de la ALDT, Andrés Segundo, reconoció que hasta ahora no se cuenta con un reporte sobre el estado económico de la institución.

Según explicó, la nueva administración todavía no logró consolidar equipos técnicos ni asesores que permitan realizar una evaluación detallada de la situación financiera, administrativa y presupuestaria.

Segundo señaló que esperan contar con un informe preliminar hasta la próxima semana, aunque dejó abierta la posibilidad de impulsar una auditoría administrativa y financiera para determinar responsabilidades y conocer con precisión el manejo realizado durante la pasada gestión.

Resistencia de funcionarios salientes

Desde la bancada de Patria también surgieron críticas hacia la transición administrativa.

El jefe de bancada, Rodrigo Delgado, afirmó que la nueva directiva encontró resistencia y una actitud parcializada de parte de algunos funcionarios vinculados políticamente a Camino Democrático al Cambio (CDC).

Según Delgado, esto habría dificultado el acceso a información sobre recursos económicos, personal y estado administrativo de la institución.

El legislador describió un escenario de precariedad operativa dentro de la Asamblea. “No hay ni siquiera hojas”, cuestionó, al señalar además que existen vehículos institucionales paralizados por falta de combustible y mantenimiento.

Incluso aseguró que algunos legisladores deben cubrir gastos de funcionamiento con recursos propios ante la inexistencia de fondos disponibles para operaciones básicas.

El debate por reducir gastos

La delicada situación económica volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de reformar la estructura de la ALDT, que actualmente está integrada por 30 asambleístas titulares y 30 suplentes, sin contar asesores, personal administrativo y técnico.

Delgado sostuvo que será necesario analizar un reajuste presupuestario inmediato que permita reducir gastos y garantizar sostenibilidad hasta fin de año.

Deja abierta la posibilidad de una eventual reformulación presupuestaria para evitar que la institución quede sin recursos antes de concluir la gestión.

Paralelamente, continúa pendiente el tratamiento del proyecto de ley orientados a disminuir el número de asambleístas y modificar la escala salarial. Aunque Delgado aclaró que cualquier reforma deberá respetar la representación y las conquistas políticas de los pueblos indígenas.

Sobre este tema, El País intentó contactar al presidente de la ALDT, Albaro Ojeda, sin obtener ninguna respuesta, lo propio sucedió con el exasambleísta Damián Castillo.